En octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos se pronunció a favor del reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. A finales de julio de 2022, le tocó el turno a la Asamblea General de las Naciones Unidas votar la adopción de la resolución para reconocer este derecho.
Con 161 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra, los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU mostraron una fuerte unidad para afrontar la crisis medioambiental y climática. En un momento en que las temperaturas globales están alcanzando máximos históricos, este voto reconoce que todos los habitantes del mundo tienen derecho a vivir en un entorno limpio, saludable y sostenible.
La protección del medio ambiente como derecho humano fundamental
Este voto es la culminación de años de lucha de miles de movimientos, personas afectadas por el cambio climático y organizaciones. Entre ellos, la FIDH y sus miembros, que trabajan a diario y en todo el mundo para defender el planeta. En septiembre de 2021, la FIDH lanzó la campaña #SeeYouInCourt, cuyo objetivo es que se reconozca el derecho a un medio ambiente sano en nombre de las comunidades afectadas por las empresas contaminantes.
Aunque este texto no es jurídicamente vinculante para los Estados miembros, marca la aparición de un nuevo paradigma universal que reconoce la protección del medio ambiente como un derecho humano fundamental. Esta resolución podría animar a los Estados a adoptar nuevas normas constitucionales y legislación medioambiental, por ejemplo para regular y controlar las actividades de las empresas contaminantes. También puede permitir el desarrollo de palancas legales más fuertes para garantizar el acceso a la justicia ambiental de las comunidades afectadas.
Si bien la FIDH se congratula de la adopción de esta nueva resolución, sigue instando a los Estados a movilizarse masivamente para hacer avanzar la legislación hacia una mejor protección del medio ambiente y una mayor responsabilidad de los agentes contaminantes. Por ello, la FIDH pide a la Unión Europea, que actualmente trabaja en un proyecto de directiva sobre debida diligencia, que sea ambiciosa para que las empresas se hagan responsables de los impactos negativos que provocan sobre el medio ambiente y los derechos humanos.