La FIDH publica hoy un briefing llamando a la comunidad internacional a adoptar medidas y establecer un grupo de trabajo intergubernamental abierto con el mandato de explorar las opciones para mejorar los estándares de protección y garantizar mecanismos de reparación efectiva disponibles. El informe se basa en cinco estudios de caso reales en Camboya, Brasil, Libia, la República Democrática del Congo y el Territorio Palestino Ocupado. Su evaluación permite identificar deficiencias en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGPs), las dificultades que surgen en su aplicación y las lagunas de protección que deben ser cerradas.
El acceso a la justicia sigue siendo para las víctimas una ilusión en demasiados casos, y en algunos países se ha dificultado tras recientes reformas o decisiones judiciales. Los titulares de derechos siguen enfrentándose a enormes desafíos y en algunos casos la situación ha empeorado.
"Sólo en 2013, decenas de defensores de los derechos humanos de todos los continentes por la defensa de las comunidades locales y el medio ambiente han puesto en riesgo sus vidas, siendo acosados e incluso asesinados en algunos casos." Debbie Stothard, FIDH Secretario General y Coordinador de Altsean - Birmania.
Estos estudios de casos ilustran que existen límites importantes a los UNGPs, en particular su carácter voluntario y las interpretaciones divergentes de las partes interesadas, la falta de una orientación sólida sobre las medidas legislativas y de políticas que deben adoptar los Estados, y más importante, sobre los obstáculos para acceder a la justicia y la obtención de reparación.
"A los afectados por abusos contra los derechos humanos relacionados con las empresas a menudo se les niega un recurso, a pesar de los esfuerzos a nivel nacional y regional. Para lograr un progreso real y poner fin a estos daños, la FIDH hace un llamamiento a la acción a nivel internacional con el objetivo de aclarar y codificar las obligaciones existentes y garantizar una reparación por los abusos corporativos." Katherine Gallagher, Vicepresidente de la FIDH y abogado principal en el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR).
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Sinopsis de los estudios de caso
En Camboya, mientras que el sector de la confección está sumido en continuas violaciones de derechos humanos y los trabajadores textiles fueron violentamente reprimidos durante las huelgas para exigir un salario digno, las fábricas camboyanas siguen ignorando los derechos de los trabajadores y las marcas globales se benefician de mano de obra barata.
En Brasil, la minera Vale no actúa con la debida diligencia y sigue sin abordar el impacto ambiental y el impacto en la salud causado por sus socios comerciales y sus propias actividades. Las comunidades de California y Piquiá de Baixo todavía están a la espera de recibir una reparación adecuada.
El régimen de Gaddafi en Libia utilizó supuestamente el equipo de vigilancia de comunicaciones suministrado por la empresa francesa Amesys para espiar, y, posteriormente, detener, encarcelar , torturar y a sus oponentes. El caso pone de manifiesto las barreras al acceso a la justicia a raíz de una denuncia penal presentada por la FIDH y la LDH por la presunta complicidad de Amesys en violaciones graves de los derechos humanos.
En la República Democrática del Congo, 500 aldeanos cuyas viviendas fueron destruidas por la empresa minera CMSK siguen esperando recibir una indemnización. Hasta 2012 , Groupe Forrest International, con sede en Bélgica, tuvo participaciones en CMSK través de su filial EGMF. La compañía continúa negando toda responsabilidad en las demoliciones. La mediación intentada por el Punto Nacional de Contacto belga de la OCDE fracasó y los aldeanos no obtuvieron compensación.
Por beneficiase directamente de la apropiación y explotación de tierra palestina y los recursos naturales del Mar Muerto en los Territorios Palestinos Ocupados, la compañía de cosméticos Ahava puede ser considerado autor principal de crimen de guerra de saqueo. Israel ha fracasado en prevenir y perseguir el saqueo, y lo ha facilitado otorgando licencias a Ahava y beneficios financieros a los colonos que son dueños de casi la mitad de las acciones de la compañía.
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Empresas y Derechos Humanos: Reforzar Normas y Garantizar Reparación