Derechos de las mujeres

En todo el mundo las mujeres sufren discriminación y violencia. En muchos países, tanto el derecho penal como el derecho civil se hacen eco de la discriminación hacia las mujeres en las leyes relativas al matrimonio, a la herencia e incluso a la propiedad. Pero incluso en los países en los que las mujeres han conseguido la igualdad de derechos, a menudo en la práctica esta igualdad sigue siendo ilusoria. En el seno de las instituciones públicas con poder de decisión, las mujeres siguen estando ampliamente infrarrepresentadas. La violencia contra las mujeres suele prosperar debido a la inexistencia de leyes adecuadas, a la dificultad de las víctimas para acceder a la justicia o a la falta de acción por parte de los poderes públicos, que toleran la banalización de la violencia. Además, la falta de castigo de los autores de la violencia fomenta la creación de una "cultura de impunidad", que favorece la repetición de estos delitos. Sin embargo, las mujeres no son únicamente víctimas, sino que son también las principales artífices de su propia emancipación.
Ante esta realidad, la FIDH ha decidido hacer de la defensa de los derechos de las mujeres una de sus prioridades. La FIDH, alertada por las organizaciones miembros y colaboradoras, lleva a cabo las siguientes acciones:
• Documenta las violaciones de los derechos de las mujeres;
• Aboga por la abolición de las leyes discriminatorias y por la adopción de textos protectores;
• Presenta las violaciones de los derechos de las mujeres que documenta a los organismos regionales e internacionales encargados de su promoción para que actúen;
• Representa a las víctimas de violencias sexuales ante la justicia.

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  • Derechos sexuales y reproductivos

    En todos los continentes persisten leyes represivas que criminalizan el recurso al aborto, lo que supone una grave violación de los derechos de las mujeres. Muchas las leyes prohíben la interrupción voluntaria del embarazo sin excepción alguna. Otras leyes prevén que el aborto pueda realizarse cuando la vida o la salud de las mujeres está en peligro o en caso de violación, incesto o malformación del feto. Además, estas legislaciones suponen, por lo general, una serie de limitaciones de procedimiento (como la necesidad de obtener uno o varios certificados médicos o una decisión judicial), lo que impide en términos prácticos que las mujeres recurran al aborto, incluso en aquellos casos previstos por la ley. Se trata de leyes violentas y, a veces, incluso mortales.

    Además de decidir sobre el cuerpo de las mujeres, estas leyes las obligan a las mujeres a abortar clandestinamente, con los riesgos para la salud que ello conlleva y poniendo en peligro sus vidas. Para las chicas jóvenes, interrumpir su embarazo provoca desastres tanto físicos como en cuanto a su futuro. Además, la mayor parte de los países que niegan a las mujeres el derecho a abortar, imponen sanciones penales tanto a quienes que detengan su embarazo de forma clandestina como también al personal médico que realice la intervención.

    La ONU ha pedido en múltiples ocasiones la abolición de estas leyes arcaicas. La FIDH documenta las violaciones del derecho a la vida de las mujeres y las niñas, del derecho a la salud, la educación y la participación en la vida pública, que son consecuencia de la negación del derecho al aborto, y lucha por la aprobación de reformas que respeten los derechos de las mujeres.

  • Leyes y prácticas discriminatorias

    La FIDH, decidida a luchar contra la misoginia y el patriarcado que gangrenan a todas las regiones del mundo, está convencida de que este combate requiere que se alcance la igualdad entre mujeres y hombres, tanto legalmente como en la práctica. En este contexto, la FIDH lucha por la ratificación sin reservas de los instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos de las mujeres (la convención CEDAW y su Protocolo Facultativo, el Protocolo regional africano de Maputo), y por su aplicación efectiva.

    La FIDH, junto con sus organizaciones miembros y colaboradoras, exige a todos los países que reformen sus leyes nacionales en concordancia con estos textos para garantizar así el respeto de los derechos de las mujeres.

    La FIDH ha participado también en el lanzamiento de dos importantes campañas por la lucha contra la discriminación: En los países árabes, la campaña "Igualdad sin reservas", que reúne desde 2006 a las ONG que defienden los derechos humanos y los derechos de las mujeres con el fin de conseguir que se retiren las reservas a la CEDAW. La campaña ha contribuido a la retirada de reservas por parte de Jordania, Marruecos y Túnez, lo que abre la puerta a la reforma de las leyes internas discriminatorias. En el África subsahariana, la campaña “África por los derechos de las mujeres” reúne desde 2009 a más de un centenar ONG de todo el continente y pide a los países que ratifiquen y respeten los instrumentos internacionales y regionales para la protección de los derechos de las mujeres, legalmente y en la práctica.

  • Violencia contra la mujer

    La violencia contra las mujeres es una lacra mundial. Tanto si son víctimas de violencia doméstica, de violación sexual (especialmente conyugal), de delitos sexuales perpetrados durante conflictos armados o de violencia contra las mujeres que defienden los derechos humanos, la FIDH lucha para promover el acceso de las víctimas a la justicia. En todas partes este acceso es limitado debido a la inexistencia de leyes apropiadas que castiguen la violencia, al silencio de las víctimas por miedo a la estigmatización o a las represalias, a las deficiencias de los sistemas judiciales o al coste de los procesos… Así, la impunidad prevalece.

    La FIDH documenta los obstáculos a la justicia a escala nacional y aboga por que se lleven a cabo reformas jurídicas, institucionales y políticas. En varios casos, la FIDH proporciona asistencia jurídica y representación a víctimas de violencias sexuales ante las jurisdicciones internas. Asimismo, la FIDH realiza labores de incidencia política ante la Corte Penal Internacional para que estos delitos se tengan en cuenta sistemáticamente en las estrategias de persecución de la Fiscalía.

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