El 40° Congreso de la FIDH, reunido en Taipei (Taiwan) del 23 al 25 de octubre de 2019, expresa su solidaridad y su apoyo a las personas defensoras de los derechos humanos que en todo el mundo están sometidas a hostigamiento, ataques, represión y criminalización por su labor de promoción de los derechos humanos1.
Destacando que la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos es especialmente precaria en las situaciones de conflicto, posconflicto y en crisis de seguridad.
Preocupados por el hecho de que el espacio cívico para las personas defensoras de los derechos humanos se ha reducido significativamente a escala mundial y nacional, con la multiplicación de leyes que criminalizan toda forma de protesta pacífica y el abuso de la ley para silenciar a las personas defensoras de los derechos humanos con el pretexto de la seguridad o del desarrollo.
Subrayando que la vulnerabilidad de las personas defensoras con frecuencia se ve agravada por la falta de visibilidad, reconocimiento y entendimiento del papel que desempeña una persona defensora de los derechos humanos, por la impunidad de quienes perpetran estas violaciones, así como por el insuficiente reconocimiento de algunos componentes de los derechos humanos, como los derechos relacionados con la tierra y el medioambiente, los derechos relacionados con la identidad de género y la orientación sexual y por la limitada capacidad de los mecanismos de protección y la connivencia entre agentes estatales y no estatales.
Denunciando las muertes y los asesinatos recientes de personas defensoras de los derechos humanos en varios países, como en Argelia, Brasil, Colombia, Filipinas, Georgia, Guatemala, Honduras, India, México, Birmania/Myanmar, Nicaragua, Omán, Pakistán, la República Democrática del Congo y Ucrania.
Subrayando que muchas personas defensoras de los derechos humanos permanecen detenidas arbitrariamente, con frecuencia en pésimas condiciones, por acusaciones falsas y tras procesos viciados por la vulneración del derecho a un juicio justo, especialmente quienes trabajan en un entorno de regímenes autoritarios o en situaciones de crisis políticas o de movimientos de protesta social, como ocurre, por ejemplo en Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Burundi, Camerún, China, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Mauritania, Marruecos, México, Níger, RDC, Sudán, Tayikistán, Togo, Turquía, Venezuela, y Vietnam.
Agregando que actualmente se hallan en prisión representantes de la FIDH o de sus organizaciones miembros o colaboradoras para silenciarlos o castigarlos por haber defendido los derechos humanos, como ocurre en los países siguientes:
• En Uzbekistán: Yuldosh Rasulov y Zafar Rakhimov, miembros de la delegación regional en Kashkadarya de la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán (HRSU) que se encuentran detenidos de manera arbitraria desde septiembre de 2009 y abril de 2007, respectivamente.
• En Turquía: Özgür Ateş, miembro de la junta directiva de la delegación de Dersim de la IHD, que está detenido arbitrariamente desde noviembre de 2018.
• En Kirguistán: Azimjan Askarov, director de la Organización de Derechos Humanos Vozduh (Aire), en detención arbitraria desde junio de 2010;
• En Irán: La abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh ha sido condenada a un total de 38 años y seis meses de prisión y 148 latigazos por dos casos. Detenida arbitrariamente desde junio de 2018, tendrá que cumplir al menos 17 años de cárcel, tal como exige la ley. Narges Mohammadi, portavoz y vicepresidenta del Centro de Defensa de los Derechos Humanos (DHRC), detenida arbitrariamente desde mayo de 2015, está cumpliendo 16 años de prisión. Al menos otros/as cinco abogados/as de derechos humanos también están encarcelados/as, así como numerosos/as periodistas, sindicalistas y defensores/as de los derechos de las mujeres que se encuentran a la espera de juicio o cumpliendo penas de cárcel.
• En Bahréin: Abdulhadi Al-Khawaja, expresidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin (BCHR) y Nabeel Rajab, presidente del BCHR y secretario general adjunto de la FIDH, ambos detenidos arbitrariamente desde abril de 2011 y junio de 2016, respectivamente; Naji Fateel está detenido arbitrariamente desde mayo de 2013.
• En Siria: Razan Zaitouneh, abogada de Derechos Humanos, que dirigió el Centro de Documentación de Violaciones de Derechos Humanos (VDC) en Duma, junto con su marido Wael Hamada, y sus compañeros defensores de los derechos humanos Samira Khalil y Nazem Hamadi, secuestrados desde diciembre de 2013.
• En México: El miembro de la Unión Cívica y Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (UCIDEBACC) en Pinotepa Nacional, Teófilo García López, detenido arbitrariamente desde agosto de 2013, y Pablo López Alavez, defensor de los derechos relacionados con la tierra, desde agosto de 2010.
• En Egipto: El líder juvenil Shadi al-Ghazali está detenido arbitrariamente desde mayo de 2018; Haytham Mohamadein, de la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades (ECRF) y del Centro El-Nadim para la Rehabilitación de las Víctimas de la Violencia y la Tortura, fue arrestado de nuevo en mayo de 2019; y Mohamed Ramadan, abogado, está detenido arbitrariamente desde diciembre de 2010.
• En Arabia Saudita: Una docena de mujeres defensoras de los derechos humanos fueron detenidas en mayo de 2018, algunas de ellas, como Loujain al-Hathloul, Samar Badawi y Nassima al-Saddah, siguen detenidas arbitrariamente; muchos defensores de los derechos de las mujeres también están encarcelados, así como Israa al-Ghomgham que permanece detenida arbitrariamente desde diciembre de 2015.
• En los Emiratos Árabes Unidos: El miembro de la junta directiva del Gulf Centre for Human Rights (GCHR) Ahmed Mansoor está detenido arbitrariamente desde marzo de 2017.
• En Burundi: Germain Rukuki de ACAT-Burundi y Nestor Nibitanga de APRODH están detenidos arbitrariamente desde julio y noviembre de 2017, respectivamente.
• En Filipinas: La senadora Leila de Lima permanece detenida arbitrariamente desde febrero de 2017.
• En Marruecos: Los periodistas Rabie Al Ablak y Hamid El Mahdaoui están detenidos arbitrariamente desde mayo y julio de 2017, respectivamente.
• En Tayikistán: Se ha juzgado penalmente a periodistas y abogados/as por defender a las víctimas, incluida la condena de 28 años de cárcel impuesta al destacado abogado de derechos humanos Buzurgmehr Yorov.
Por consiguiente, el 40° Congreso de la FIDH insta a las autoridades competentes a:
• Garantizar la protección, la integridad física y psicológica de todas las personas defensoras de los derechos humanos, especialmente de quienes son más vulnerables a los ataques;
• Luchar contra la cuestión de la impunidad de los crímenes contra las personas defensoras de los derechos humanos e iniciar de inmediato una investigación exhaustiva, imparcial y transparente de todas las denuncias sobre ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos;
• Liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas defensoras de los derechos humanos que se encuentran detenidas arbitrariamente, entre otros, los representantes de las organizaciones miembros o colaboradoras de la FIDH;
• Garantizar que, hasta que se retiren las acusaciones, todos los procedimientos judiciales se realicen respetando de forma estricta el derecho a un juicio justo de las personas defensoras de los derechos humanos, tal como se estipula en el derecho internacional;
• Reconocer de forma pública e inequívoca el papel legítimo, positivo y necesario que desempeñan las personas defensoras de los derechos humanos en la sociedad;
• Derogar y modificar todas las legislaciones que restringen y criminalizan la defensa de los derechos humanos;
• Conformarse en toda circunstancia a las disposiciones de la Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, aprobada el 9 de diciembre de 1998 por la Asamblea General de la ONU.