PERÚ: La defensa de los derechos humanos obstaculizada por intereses económicos

25/02/2021
Informe
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Ginebra-París-Lima, 25 de febrero de 2021 – En Perú, la defensa de los derechos humanos es hoy una actividad de grave riesgo. 220 personas defensoras han sido asesinadas y 960 criminalizadas desde el 2011, denuncian la CNDDHH y el Observatorio (OMCT-FIDH) en el informe “Socavando Derechos: la defensa de los derechos humanos obstaculizada por intereses económicos”, presentado hoy.

La conflictividad y las protestas sociales en el Perú se han agudizado en el último año, en pleno contexto de pandemia. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Distintas acciones, pero siempre bajo un mismo esquema sostenido en la represión y la vulneración de derechos. El uso del sistema de justicia contra quienes defienden los derechos humanos, las trabas al derecho a la protesta social y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes o las declaratorias de emergencia, responden a un mismo patrón de actuación que obstruye el ejercicio del derecho a la protesta.

Hemos sido testigos en los últimos meses de la exacerbación de los abusos policiales contra una población que sale a protestar a causa de la grave crisis institucional, la precarización de las condiciones laborales y/o la defensa del derecho a la vida y la salud; la población está cansada que se privilegien los intereses de los grupos de poder. Urge responder a las necesidades de la gente y a los problemas estructurales del país respetando escrupulosamente los derechos humanos ”, dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH.

Los asesinatos de Gonzalo Pío Flores, Arbildo Meléndez Grandez, Santiago Vega Chota, y Roberto Carlos Villanueva Pacheco por denunciar el impacto ambiental en sus territorios de distintas empresas extractivas evidencian el nivel de riesgo que enfrentan particularmente las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

El informe documenta cómo la decidida apuesta por el modelo extractivista en el Perú ha tenido por efecto que, además de socavar territorios, el Estado esté socavando derechos. Las autoridades que salgan de las elecciones generales tienen la obligación moral y legal de revertir esta tendencia ”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

El informe destaca también la situación de los defensores de la libertad de expresión. Un caso paradigmático es el de Marco Antonio ‘Atoq’ Ramón, reportero gráfico que, al día de hoy, sigue recuperándose de las heridas que le causó el proyectil que le disparó un policía cuando cubría una manifestación en Lima, incluida la pérdida de un 70% del campo de visión de su ojo izquierdo. Su caso no es aislado. La represión de la libertad de expresión es una realidad constante en el Perú con 239 ataques registrados en el año 2020, y más de 40 en las recientes manifestaciones ocurridas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020.

La criminalización, haciendo un uso indebido del proceso penal, es la forma más extendida de ataque a las personas defensoras en el Perú –hasta 960 casos en los últimos 10 años. El 7 de enero de 2021, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, defensor del medioambiente, fue condenado a siete años y cuatro meses de cárcel por protestar por los daños ambientales en su región por el proyecto de explotación minero Tía María de la empresa Southern Peru.

Perú debe abordar de manera efectiva las causas estructurales de su vulnerabilidad, entre otras, la necesidad de un nuevo modelo para abordar la conflictividad social que evite la criminalización de personas defensoras, e incluya reformas del Código Penal y mayores garantías frente a los abusos de la fuerza pública ”, declaró Gloria Cano, Secretaria General de la FIDH y Directora Ejecutiva de APRODEH - Perú.

En el evento de presentación del informe en el marco del Consejo de Derechos Humanos, participaron, el Sr. Germán López Ballesteros, Jefe de la Comunidad Nativa Nueva Austria del Sira, amenazada por la tala ilegal y el narcotráfico; la Sra. Paola Ugaz, periodista de investigación criminalizada por el ejercicio de su labor, la Oficina de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras; el Sr. Joel Hernández García, Presidente y Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanis y la Sra. Mar Pérez, responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la CNDDHH.

Lea el informe en las webs de OMCT, FIDH y CNDDHH

Para más información, por favor, contacten con:
• OMCT: Iolanda Jaquemet: +41 79 539 41 06
• FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
• CNDDHH: Raquel Palomino: + 51 999 556 311

El Observatorio es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) es una coalición de organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en el Perú. Así busca fomentar en el país una cultura de derechos humanos integrales y paz, poner en la agenda pública problemáticas y propuestas de solución en materia de derechos humanos, y trabajar por la consolidación de la institucionalidad democrática.

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