El 21 de agosto de 2012, 24 campesinos quienes se manifestaban ante la Corte Suprema de Justicia, fueron reprimidos, detenidos y procesados bajo los cargos de manifestaciones ilícitas y daños a la propiedad en perjuicio del estado de Honduras, y se enfrentan a posibles penas de 2 a 4 años de prisión.
“El Observatorio ha decidido observar este juicio en razón de la importancia de este caso en el marco del conflicto de la lucha por la tierra que se presenta en el Bajo Aguan desde hace años, y en seguimiento de una de nuestras lineas de acción prioritaria que es la documentación de casos para evitar que se de un uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensores de derechos humanos y del derecho a la tierra”, señaló Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
Durante las misiones internacionales de investigación del Observatorio, que tuvieron lugar los días 11 al 15 de abril de 2016 y del 3 al 14 de mayo de 2016, en diferentes regiones de Honduras, se constató con preocupación la existencia de numerosas denuncias de varias organizaciones de derechos humanos sobre la tendencia de la criminalización de los defensores de derechos humanos. La misión concluyó que en gran parte de los casos analizados, la criminalización de defensores de derechos humanos está asociada a un problema estructural de acceso a la tierra.
“Solicitamos a todas las autoridades hondureñas ofrecer a nuestra delegada toda la asistencia necesaria para la realización de su mandato y esperamos que en el juicio que comienza se respeten todas las garantías del debido proceso para todos los participantes en un contexto en el que la situación de los defensores y defensoras en Honduras está en el foco de atención de la comunidad internacional”, señaló Gerald Staberock Secretario General de la OMCT.
Este caso es emblemático porque en la época de los hechos, el MUCA, representado por el abogado Antonio Trejo (asesinado 1 mes después), en primera y segunda instancia y por la vía civil, habían logrado que se reconociera el derecho sobre las tierras disputadas con las empresas de propiedad de los empresarios privados Miguel Facussé y René Morales. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión otorgándoles el derecho sobre la tierra a los empresarios, lo que suscitó la presencia de los campesinos ante la Corte.
El Observatorio dio mandato a la abogada colombiana de derechos humanos Sra. Liliana Avila, para que observe el juicio que durará del 6 al 9 de junio.
El Observatorio publicó en febrero de 2016 un informe titulado “La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina”.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de derechos humanos.