Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre la campaña de ataques contra mujeres defensoras y organizaciones feministas incluyendo entre varios ataques los siguientes: la expulsión del país y la retirada de la nacionalidad en contra de la Sra. Ana Quirós [1], Directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) así como la retirada de la personería jurídica y la expropiación de todos los bienes de CISAS por parte de la Asamblea Nacional; el hostigamiento administrativo en contra de las Sras. Ana María Ara Sorribas y María Jesús Ara Sorribas, de nacionalidad española y residentes en Nicaragua desde 1985 y Beatrice Huber, de nacionalidad suiza y residente en Nicaragua desde hace 22 años.
Según la información recibida, los días 24 y 25 de noviembre de 2018 las cuatro defensoras de los derechos humanos de las mujeres recibieron citatorias que, sin indicar ningún motivo, les instaban a personarse ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) el día 26 de noviembre.
En el caso de la Sra. Ana Quirós, a su llegada a la sede de la DGME el 26 de noviembre, después de apenas 15 minutos, fue trasladada a la cárcel El Chipote de Managua donde permaneció detenida durante más de 5 horas antes de ser deportada a Costa Rica por elementos militares a través del puesto fronterizo de Peñas Blancas. Durante toda su detención la Sra. Quirós fue intimidada a través de agresiones verbales y amenazas.
El Observatorio condena las numerosas violaciones de los derechos de la Sra. Ana Quirós cometidas en el marco de su expulsión de Nicaragua. En primer lugar, se negó su derecho a la tutela judicial efectiva puesto que no le fue permitido entregar el recurso de amparo ni el recurso administrativo por las inconsistencias de la citación del DGME. Además, la Sra. Quirós no contó con asesoría jurídica porque a su abogada no le fue permitido atravesar el despliegue policial de alrededor de un centenar de policías armados. Finalmente, la retirada de su nacionalidad nicaragüense no cumplió con elementos clave del debido proceso como la notificación o su derecho a ser escuchada y fue arbitraria puesto que ninguna de las causales establecidas por la Ley de Migración y Extranjería para tal fin eran aplicables al caso.
Además, según las mismas informaciones, el 29 de noviembre, la Asamblea Nacional respondiendo a una solicitud del Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica del CISAS alegando que el centro y sus integrantes desnaturalizaron su trabajo y se dedicaron a realizar actividades "no previstas en sus fines y objetivos" y que "usaron la Personalidad Jurídica como un esquema organizativo para gestionar recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar actos desestabilizadores en el país". Además, de acuerdo con el Decreto aprobado por la Asamblea Nacional todos los bienes de CISAS han sido expropiados.
En el caso de las Sras. Ara Sorribas y de la Sra. Huber, funcionarios de la DGME les advirtieron a su llegada a las 2 de la tarde de que, según la constitución y las leyes de migración de Nicaragua, las personas residentes sin nacionalidad nicaragüense no pueden participar, ni incitar, ni promover actividades políticas y les acusaron de haber organizado los plantones y marchas en el atrio de la catedral de Matagalpa, acusación que las tres defensoras de derechos humanos negaron. Después de varios minutos de espera, una funcionaria les comunicó por escrito que era la tercera advertencia sobre la prohibición de participar en actividades políticas y que, por ello se revocaba la residencia permanente de la Sra. María Jesús Ara, sin especificar más motivos. Las tres defensoras se negaron a firmar el documento argumentando que para la Sra. María Jesús Ara se trataba de la primera advertencia, mientras que en los casos de la Sra. Ana María Ara y la Sra. Beatrice Huber se trataba de la segunda advertencia. Después de más de una hora de gestiones internas y de varias modificaciones de ese documento, un funcionario que se había identificado como Pablo Morales les comunicó que tenían que volver a iniciar la solicitud de su condición de residentes en Nicaragua y les devolvió sus pasaportes, en los cuales se había tachado el sello de residencia de forma manual, sin fecha ni firma, y sin haber seguido un debido proceso. Las tres defensoras abandonaron las dependencias de la DGME a las 16:15 sin haber recibido copia de un papel que habían firmado y sin haber recibido ninguna aclaración sobre su estatus migratorio en el país.
El Observatorio destaca que estas acciones contra las personas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres se enmarcan en una campaña más amplia de ataques y violaciones de los derechos del movimiento feminista en Nicaragua.
El 23 de noviembre la vicepresidenta de Nicaragua, la Sra. Rosario Murillo realizó declaraciones que estigmatizaban a las defensoras feministas afirmando que “han buscado, obtenido y siguen obteniendo abundantes e ilegítimos recursos para atacar y destruir a las mujeres y a las familias nicaragüenses, cuyas verdaderas batallas ignoran, en su egoísmo, vanidad y ceguera interesada”. Además, la Sra. Murillo hizo un llamamiento a que la justicia estableciera responsabilidades penales contra todas las personas que han participado de las protestas en el país.
Además, la solicitud del movimiento feminista para poder realizar una marcha conmemorativa el día 25 de noviembre fue denegada por parte de la policía. La tradicional marcha, que había tenido lugar durante 25 años consecutivos, se enmarcaba en la celebración de los 16 días de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Finalmente, numerosas defensoras de los derechos humanos de las mujeres incluyendo a las Sras. Dora Téllez, Sofía Montenegro, Azahálea Solís, Ana Margarita Vigil, Tamara Davila, Suyen Barahona, Violeta Granera, Lucía Pineda Ubau y Verónica Chávez han sido sometidas a actos de vigilancia, seguimiento, intimidación y amenazas en sus domicilios y negocios familiares. Los actos de vigilancia han incluido el uso de drones y otros dispositivos tecnológicos, lo que podría suponer un indicio del involucramiento de elementos de la inteligencia policial.
Es importante destacar que estos ataques ocurren en un contexto de grave crisis social y política, en el que la protesta social está fuertemente reprimida por las autoridades, como refleja, el asesinato de al menos 322 personas y las más de 2.000 personas heridas, en su mayoría a manos de agentes estatales, desde el 18 de abril hasta el 18 de septiembre según las cifras del CENIDH.
El Observatorio condena los ataques de las autoridades nicaragüenses en contra del movimiento feminista y, particularmente, la expulsión y la retirada de la nacionalidad nicaragüense en contra de la Sra. Ana Quirós, así como las decisiones arbitrarias sobre el estatus migratorio de las Sras.Ana María Ara Sorribas, María Jesús Ara Sorribas y Beatrice Huber. El Observatorio condena asimismo la arbitraria restricción de la libertad de asociación en contra de CISAS. Estas decisiones deberían ser rectificadas de forma inmediata en procesos con todas las garantías legales que deberían también incluir la apertura de investigaciones efectivas sobre las violaciones de los derechos de las cuatro defensoras de derechos humanos y de CISAS con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley.
Acción solicitada:
i. Poner fin de forma inmediata a la campaña de ataques en contra de defensoras de derechos humanos y organizaciones feministas y establecer garantías para el derecho a defender derechos humanos en el país;
ii. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los ataques en contra de las Sra. Ana Quirós, Ana María Ara Sorribas, María Jesús Ara Sorribas y Beatrice Huber, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
iii. Anular la decisión de retirar la personería jurídica a CISAS y de expropiar sus bienes, por constituir una arbitraria restricción del derecho a la libertad de asociación en contravención de las obligaciones internacionales de Nicaragua;
iv. Implementar de forma decidida y urgentemente las 15 recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente en lo referido a la protección de las personas defensoras, al desmantelamiento de los grupos parapoliciales, así como a la colaboración plena con las actuaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua de la CIDH;
v. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua;
vi. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.
vii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Nicaragua;
Direcciones:
· Sr. José Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. Correo: presidencia@presidencia.gob.ni
· Sr. Francisco Díaz, Director General de la Policía Nacional. Correo: relacionespublicas@policia.gob.ni
· Sr. Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional. Correo: presiden@asamblea.gob.ni
· Sr. Hernán Estrada, Procurador General de la República. Correo: pgr-direccionsuperior1@pgr.gob.ni
· Sra. Corina Centeno Rocha, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Correo: procuradora@ppdh.gob.ni
· Sr. Carlos Ernesto Morales Davila, Embajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. Correo: embajada.ginebra@cancilleria.gob.ni / mission.nicaragua@ties.itu.int
· Sr. Mauricio Lautaro Sandino Montes, Embajador de Nicaragua en Bruselas. Correo: embanic.bruselas@skynet.be, embanic.rosa.vila@skynet.be
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Nicaragua en sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 30 de noviembre de 2018
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
· E-mail: Appeals@fidh-omct.org
· Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
· Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
[1] La Sra. Ana Quirós es defensora de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI. Nació en Costa Rica pero tenía nacionalidad nicaragüense desde 1997, además de la nacionalidad costarricense.