En respuesta a una solicitud de 24 organizaciones de la sociedad civil chihuahuense presentada el pasado 7 de marzo, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas notificó al gobierno de Chihuahua el 11 de agosto de 2016 la adopción de una alerta temprana para prevenir agresiones tanto a personas defensoras de derechos humanos como a periodistas.
Esta decisión inédita de la Junta de Gobierno del Mecanismo, la primera de este tipo emitida en México [1], constituye un avance significativo, ya que reconoce expresamente la gravedad de la situación de riesgo a la cual se enfrentan personas que desempeñan una labor de defensa de derechos humanos o el periodismo en Chihuahua, una de las entidades federativas con el mayor número de agresiones en contra de personas defensoras y con mayor número de periodistas asesinados, como resaltaron el Observatorio y el CEDEHM en un comunicado conjunto en mayo [2].
Sin embargo, el carácter efectivo de la alerta temprana depende de la manera en la cual será implementada por las autoridades del Estado de Chihuahua, donde la constatación de que muchas personas defensoras sufrieron ataques a pesar de estar bajo la protección del gobierno demuestra la preocupante ineficacia, dilación y omisión de las autoridades chihuahuenses en la implementación de las medidas para proteger a personas defensoras de derechos humanos.
“Todas las medidas que se adopten para implementar la alerta temprana deben ser efectivas no sólo para para desincentivar futuras agresiones u obstaculizaciones a la labor informativa y de defensa de derechos humanos, sino también para erradicar el patrón de impunidad de los ataques ya perpetrados”,reclamó Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas prevé que después de la adopción de la alerta temprana, deberá ser implementado un plan de contingencia, adoptado por la Junta de Gobierno el Mecanismo, que tome en cuenta las especificidades de la situación de la región donde ha sido emitida la alerta.
“Es fundamental que las autoridades estatales y federales colaboren en la realización de un plan de contingencia que tome en cuenta la tipología de los ataques perpetrados y las particularidades de todas las personas beneficiarias para que sea aplicable de forma efectiva a la diversidad de situaciones de riesgo que suelen enfrentar las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En particular, esperamos trabajar a la brevedad con el gobernador electo Javier Corral, quien ha retomado el tema en su plan de trabajo”, declaró Lucha Castro, Coordinadora General del CEDEHM.
“Requerimos que se garantice la participación y consulta efectiva de la sociedad civil, y en específico de las organizaciones que solicitaron la alerta temprana, en el proceso de definición e implementación del plan de contingencia, así como llevar a cabo una campaña de sensibilización que resalte la importancia para la sociedad del trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos” , declaró Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH.