El 13 de septiembre de 2018, un Tribunal de Honduras emitió 18 órdenes de captura en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio del Bajo Aguán (en la costa atlántica de Honduras), bajo delitos de “usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares””. Esta medida se acompañó de una orden de desalojo del Campamento por la Vida. Estas medidas suelen ser aplicadas a delitos de alta peligrosidad como crimen organizado o en caso de maras, y resulta totalmente desproporcionado y escandaloso aplicarlas a personas defensoras de derechos humanos.
Desde hace más de 70 días, diversos pobladores de la Comunidad de El Guapinol, Municipio de Tocoa, Colón, desarrollan un importante labor de defensa y protección de los derechos humanos mediante la instalación del Campamento por la Vida, por medio del cual identificaron los impactos ambientales, humanos, económicos y sociales de los megaproyectos mineros de la compañía Los Pinares (ex Emco Mining Company) en la zona Atlántica, especialmente sobre el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía. Se ha probado que los proyectos mineros identificados han contaminado los ríos que son fuente de agua para 13 comunidades del sector de San Pedro, Cayo Sierra, Zamora y Santa Rosa de Aguán, colocando en riesgo a más de 90,000 habitantes.
“Esta nueva amenaza se suma a los 700 casos de amenaza reportados contra defensores de derechos humanos en el último semestre. Los defensores de derechos humanos, líderes sociales y ambientales que denuncian las inconveniencias del modelo de desarrollo y las violaciones al derecho a la consulta previa se convirtieron en el sector más vulnerable en Honduras”, recuerda Bertha Oliva, Secretaria General Adjunta de la FIDH y coordinadora de COFADEH.
Entre los 18 defensores de derechos humanos criminalizados por estas medidas se encuentran los Sres. Juan López, Subcoordinador de la Fundación San Alonso Rodriguez (FSAR), Reinaldo Dominguez, líder comunitario de la comunidad de Guapinol, Orbín Hernández, líder del sector San Pedro, Carlos Leonel George, comunicador social miembro de la Red de Derechos Humanos y miembro directivo de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), y las Sras. Miriam Yaneth Mejía Cruz, líder comunitaria de Guapinol y Lourdes Elizabeth Gómez Rosa, miembro de la Cooperativa Brisas de San Pedro. Entre ellos, unos son benificiarios de medidas cautelares (MC-5014) emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estas medidas represivas se tomaron dentro de un contexto de criminalización generalizada de las personas defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán. Las autoridades deberían más bien investigar a los autores de violaciones de derechos humanos y de las amenazas en contra de los defensores a la tierra y en las que aparecen continuamente señalados empresas locales e internacionales o megaproyectos mineros o hydroelectricos”, añade Gerald Staberock, Secretaria General de la OMCT.
En septiembre de 2018, los integrantes de la Empresa Campesina Gregorio Chávez – y en particular los Sres. Hipolito Rivas, Jaime Cabrera y José Chávez, que también son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, y los pobladores de la comunidad de Panamá, fueron víctimas de actos de intimidación cuando un grupo de 50 personas, entre ellas 20 hombres armados, entraron de noche en la cooperativa Paso Aguan. Desde el 2014, esta comunidad sufre de las amenazas, actos de hostigamiento, secuestros y asesinatos perpetrados supuestamente por guardias de seguridad de la Corporacion Dinant.
El Observatorio y COFADEH también denuncian los comunicados de prensa emitidos en fecha del 17, 27 y 28 de septiembre por parte de supuestas “organizaciones” campesinas (denominadas ACIVA y APPCBA) y que acusan acusan al Sr. Yoni Rivas, Secretario General del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y la periodista Nina Lakhani, que dio a conocer el asesinato de Berta Caceres en marzo de 2016, de manipular la opinión pública nacional e internacional a cerca de las violaciones de los derechos humanos en el Bajo Aguan, tener vínculos con el narcotráfico y de incitar los campesinos a tomar las armas. Se verificó que estas “organizaciones” no tienen ninguna existencia legal oficial.
Para obtener más información, por favor contacten con:
OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui / Delphine Reculeau: (+41) 22 809 49 39
FIDH: José Carlos Thissen : (+51) 95 41 31 650
COFADEH: (+504) 2220-5280
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) es una organización de derechos humanos, que impulsa la reconstrucción de la memoria histórica y busca la verdad de nuestros Detenidos-Desaparecidos para hacer justicia, además de atender, defender y proteger otras víctimas y familiares de violaciones a derechos humanos.