A partir de esta comunicación, el Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol y las más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que suscriben, nos dirigimos a representantes del Gobierno de la República de Honduras a asumir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos a un mes de los terribles asesinatos de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, defensores del agua y del medio ambiente de la comunidad de Guapinol el pasado 7 de enero.
La defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”, y los ríos Guapinol y San Pedro ha posicionado una alerta internacional de los alcances del modelo extractivista que aún opera en Honduras, manteniendo el riesgo permanente a comunidades enteras y agravando la situación de derechos humanos de quienes habitan los territorios. A pesar de la amplia y exhaustiva documentación de la situación de riesgo de las y los miembros del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Toca (CMDBCPT) y las múltiples denuncias públicas, el Estado hondureño no ha respondido de manera contundente y efectiva frente a la crítica situación de peligro de las personas defensoras del CMDBCPT, Guapinol, sector San Pedro y sus familiares, omitiendo su responsabilidad internacional de otorgar protección a personas defensoras, la debida investigación pronta e imparcial de los hechos, así como la garantía de no repetición.
Asimismo, extendemos la urgencia de garantizar la investigación fiable, exhaustiva e imparcial que esclarezca el doble asesinato de los defensores de Guapinol, identificando las causas y la relación con su labor de defensa del río y del medio ambiente, así como los hechos de violencia previamente denunciados y que se mantienen impunes por no tener avances sustantivos en las etapas de investigación. Respaldamos a la solicitud presentada el 17 de enero para que la investigación se traslade de manos del Ministerio Público de Tocoa a la Fiscalía Especial para Crímenes Contra la Vida y que cuente con la asesoría de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ya que la misma fiscalía local tuvo un papel clave en la criminalización de las personas defensoras en la zona, incluyendo a Ali Domínguez, y el desalojo violento del campamento “Por el Agua y la Vida”.
Además, el Estado debe avanzar en frenar y reparar los daños ambientales causados por el megaproyecto minero operando en la Montaña de Botaderos, cancelando proyectos que, siendo ilegales, operan bajo una complicidad estatal y otras empresas que les blinda de cualquier responsabilidad. Es menester que el origen de los diversos conflictos socio ambientales en territorio hondureño sea atendido desde una perspectiva de derechos humanos y que atienda las exigencias de quienes habitan los territorios.
El Observatorio de Justicia para los Defensores del Rio Guapinol y las más de 100 organizaciones nacionales e internacionales que suscriben esta comunicación, lamentan que, a pesar de un cambio de gobierno esperanzador para Honduras y la región, los patrones de violencia contra las comunidades y los pueblos originarios y campesinos continúan, favoreciendo los intereses privados y la acumulación de riqueza.
Reconocemos y respaldamos la labor de defensa de derechos humanos en Honduras y nos solidarizamos con las víctimas de represalias y sus familias.