Honduras: Agresiones y criminalización: los defensores y defensoras entre la espada y la pared

03/05/2016
Comunicado
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Ginebra-Paris, 3 de mayo de 2016. El asesinato de Berta Cáceres ejemplifica los altos niveles de violencia a los que los defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan en Honduras. Otros problemas estructurales como el uso indebido del derecho penal en contra de las y los defensores, la impunidad de los ataques en su contra, la ausencia de medidas de protección eficaces y la creciente militarización contribuyen a hacer de Honduras uno de los países más difíciles a nivel regional para la defensa de derechos humanos, según denunció hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).

La difícil situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Honduras ha recibido una gran atención internacional en las últimas semanas como consecuencia del asesinato de Berta Cáceres [1], defensora que era beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El crimen, sin embargo, es sólo la punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en el país centroamericano. Entre los ejemplos más recientes destacan el asesinato del también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Nelson García el 15 de marzo de 2016 o los 40 incidentes de seguridad, desde julio de 2015 en contra de integrantes de las asociaciones LGTBI Arcoíris y Asociación Jóvenes en Movimiento (Somos CDC) (AJEM), incluyendo seis asesinatos, pero la lista de ataques contra defensores y defensoras es mucho más extensa [2].

La misión internacional del Observatorio, que se desarrolló entre el 11 y el 15 de abril (véase “Contexto”), concluyó que, frente a este clima de violencia y agresiones contra quienes defienden derechos humanos es urgente que el Estado hondureño tome medidas integrales efectivas. En abril de 2015, el Congreso Nacional hondureño aprobó la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Si bien, se trata de un paso positivo que reconoce la vulnerabilidad de las personas defensoras y la legitimidad de su trabajo, existen algunas preocupaciones sobre el texto de la ley y también por la falta de aplicación hasta el momento y por el retraso del reglamento que debe regular su implementación. El Observatorio insta aque se priorice el debate sobre el reglamento de la ley de protección a defensores, garantizando que haya suficiente tiempo para que la sociedad civil pueda articularse y participar de forma activa en su desarrollo.

Además de la implementación de la ley, Honduras requiere una apuesta decidida por implementar eficazmente las medidas cautelares de la CIDH y promover un entorno favorable para quienes defienden derechos humanos, incluyendo acciones para erradicar las declaraciones que estigmatizan la actividad de los defensores y defensoras por parte de autoridades públicas, tal y como ocurrió por ejemplo durante el Examen Periódico Universal de Honduras ante Naciones Unidas por citar un ejemplo, así como por parte de otros actores con fuerte influencia en la sociedad. De igual manera, se recomienda poner fin a la creciente militarización de la seguridad pública en el país tras la creación de la policía militar.

La militarización institucional y del territorio, la cual conlleva la participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, no sólo es contraria a los estándares internacionales, sino que la experiencia comparada en otros países de la región la ha vinculado con mayor violencia y más ataques contra defensores y defensoras. Por ello, en lugar de ahondar en la militarización, debería fortalecerse la fuerza policial civil, dotándola de recursos suficientes y garantizando un actuar respetuoso de los derechos humanos.

Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la Oficina en Bruselas de la OMCT

El Observatorio ha recibido asimismo información sobre el uso indebido del derecho penal, muchas veces con la complicidad e incluso la iniciativa de actores privados, de modo que se genera intimidación contra los defensores y las defensoras, incluyendo particularmente a quienes defienden los derechos relacionados con la tierra y a comunicadores sociales, al ligarles a procesos penales. Entre los tipos penales empleados destacan algunos como “difamación”, “incitación a la violencia”, “usurpación especial” por la toma de edificios públicos por parte de estudiantes o incluso “sedición”.

El proceso de reforma del código penal que ha iniciado el congreso hondureño representa una oportunidad histórica para acomodarlo a los estándares internacionales y para corregir algunas definiciones que en el actual código resultan excesivamente vagas e imprecisas y que, por lo tanto, posibilitan la criminalización de actividades legítimas de defensores y defensoras de derechos humanos.

Helena Solà Martín, Coordinadora del Programa de América Latina de la OMCT

En contraste con los numerosos procesos de criminalización de personas defensoras, destaca la ineficacia de la fiscalía y el poder judicial hondureños para dar respuesta a las agresiones en su contra de modo que la impunidad es estructural por la falta de investigaciones serias y de sanciones por las denuncias que son presentadas. En el caso de los defensores y las defensoras LGBTI, uno de los grupos más vulnerables en el contexto hondureño, se requeriría la existencia en la fiscalía de una unidad específica y suficientemente dotada de recursos para poder dar una respuesta eficaz a los cada vez más frecuentes ataques en contra de miembros de la comunidad LGBTI. Además, el Observatorio ha recibido numerosos testimonios que señalan patrones preocupantes para impedir o disuadir la interposición de denuncias por parte de defensores, incluyendo ataques contra la vida y amenazas de represalias.

El Observatorio asimismo ha recibido informaciones coincidentes de miembros de las comunidades de Zacate Grande y San Francisco de Locomapa, entre otros, que constatan que las concesiones del territorio y los recursos naturales, sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, están íntimamente relacionadas con los altos índices de agresión y criminalización en contra de quienes defienden los derechos relacionados con la tierra.

En marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución, promovida por Honduras entre otros Estados, encaminada a mejorar la protección de las y los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales. En el contexto actual, y para reafirmar su compromiso de hacer frente a las causas estructurales de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos relacionados con la tierra, la efectiva implementación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo debería ser una prioridad.

Anabella Sibrián, Representante en Centroamérica de la Plataforma Internacional contra la Impunidad

Contexto:

El Observatorio realizó una misión de investigación en Honduras entre el 11 y el 15 de abril de 2016, destinada a analizar la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país centroamericano, con un especial énfasis en las personas defensoras de los derechos relacionados con la tierra y las personas defensoras de la comunidad LGBTI.

La misión del Observatorio mantuvo entrevistas con autoridades de distintas instituciones públicas a las que agradece por su colaboración: la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. La misión también se reunió con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y con las Embajadas de la Unión Europea y del Reino de España. Asimismo, la misión también escuchó testimonios de defensores y defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil a través de diversas reuniones en San Pedro Sula, Tegucigalpa, la península de Zacate Grande y el departamento de Santa Bárbara.

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