GUATEMALA: Seis años de inacción en la protección de defensores de DDHH

Ginebra-París-Ciudad de Guatemala, 28 de agosto de 2020 – En el sexto aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exigía a Guatemala adoptar una política pública para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, la UDEFEGUA y el Observatorio condenan enérgicamente la inacción por parte de Guatemala y denuncian que se han producido al menos 3580 agresiones desde el año 2014 en que la sentencia fue dictada.

El 28 de agosto de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala impulsar de forma participativa una Política de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos [1]. No obstante, y a pesar de las 3580 agresiones contra personas defensoras registradas en el país entre el año 2014 y junio de 2020 [2], dicha política pública no sólo no se ha implementado, sino que se ha desmantelado el frágil sistema de protección que existía anteriormente.

En este sentido, la eliminación de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh) el pasado 30 de julio, cierra definitivamente las puertas a la creación de la política pública para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, en tanto que era ésta la institución encargada de su elaboración e implementación [3].

A su vez, este movimiento se suma a las políticas represivas contra las personas defensoras que se intensificaron desde 2017 durante la presidencia de Jimmy Morales y envía un claro mensaje de permisividad a los agresores de personas defensoras, como demuestra la ola de ataques violentos desatada en el último mes contra defensores y defensoras del territorio y de los derechos indígenas.

Este escenario de intensificación de las agresiones contra quienes defienden derechos humanos evidencia la urgencia y la necesidad de que Guatemala cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana, así como la irresponsabilidad de las distintas administraciones que seis años después no se han tomado esta grave crisis en serio.

El 3 de agosto de 2020, el Sr. Carlos Enrique Coy, líder comunitario de la Comunidad Nueva Gloria, situada en el municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz, desapareció mientras se dirigía a trabajar a la finca Washington, situada en el mismo municipio. Desde entonces, el Sr. Enrique Coy se encuentra en paradero desconocido.

El 10 de agosto, fue asesinado con un arma de fuego por personas desconocidas el Sr. Benoît Maria, representante de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF) en Guatemala, que trabajaba con los pueblos indígenas Ixil y Q’eqchi en la defensa de sus derechos [4].

El 11 de agosto, el Sr. Misael López Catalán, presidente de la directiva del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) [5] y la Sra. Lorena Guadalupe Aguirre, también miembro de CODECA, fueron atacados con arma de fuego por un hombre y una mujer desconocidos cuando salían de trabajar de la finca El Cafetalito, situada en el municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa. El Sr. López Catalán falleció por las heridas y la Sra. Guadalupe Aguirre está siendo tratada en el Hospital Nacional “Nicolasa Cruz” de Jalapa. Desde el año 2018, la membresía de CODECA ha sido sometida a ataques sistemáticos en contra de su integridad física por su labor en defensa de la tierra y el territorio, incluyendo los asesinatos de once de sus integrantes [6].

La madrugada del 16 de agosto, cuarenta familias indígenas Q’eqchi defensoras del derecho a la tierra y pertenecientes al Comité de Unidad Campesina (CUC) [7] fueron desalojadas extrajudicialmente y con gran violencia de la comunidad Cubilgüitz, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, por un grupo de personas fuertemente armadas. Los atacantes destrozaron las herramientas agrícolas de la comunidad, así como sus reservas de alimentos. Asimismo, saquearon y quemaron sus casas. De ellas, seis quedaron completamente calcinadas. En el momento de publicación de este Pronunciamiento, las familias de la comunidad Cubilgüitz se encuentran sin vivienda y sin medios de subsistencia.

El mismo día 16 de agosto, el Sr. Carlos Mucu Pop, indígena Q’eqchi, líder comunitario y miembro de la Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes (ACOMUMSAM) [8], fue asesinado por personas desconocidas en la comunidad de Santa Rosa, situada en el municipio de Sayaxché, departamento de Petén, de la que era originario.

El 23 de agosto, en horas de la noche, un grupo de personas desconocidas penetró en la casa del Sr. Raúl Ico Pacham, cuando éste se encontraba fuera de su vivienda. El Sr. Ico Pacham es defensor indígena Q’eqchi y dirigente del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) [9] en la comunidad Ch’abilch’och, municipio de Livingston, departamento de Izabal. Los asaltantes sustrajeron importantes documentos relacionados con el proceso de litigio que la comunidad está llevando a cabo por el desalojo forzoso que sufrieron en octubre de 2017 y por el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a las familias indígenas de Ch’abilch’och en enero de 2018 [10]. Asimismo, la computadora del Sr. Ico Pacham fue destrozada y el cableado eléctrico cortado. El Observatorio destaca que Livingston es uno de los tres municipios de Izabal que desde el 16 de agosto se encuentra bajo estado de prevención, decretado por el Presidente Giammattei con el objetivo de asegurar el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes [11].

El Observatorio y la UDEFEGUA rechazan enérgicamente los ataques violentos arriba mencionados y se muestran profundamente preocupados por la evidente falta de garantías para la defensa de los derechos humanos existente en Guatemala, exacerbada tras la eliminación de la Copredeh. En este sentido, el Observatorio alerta del riesgo de que las agresiones a personas defensoras queden en la impunidad, puesto que ésta propicia la repetición del hostigamiento y los ataques en su contra y afianza un mensaje de desprestigio hacia su labor.

Por todo lo anterior, el Observatorio y la UDEFEGUA exigen al Gobierno de Guatemala garantías y protección para la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y que realice las acciones de investigación pertinentes de manera inmediata, exhaustiva e imparcial con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente y aplicarles las sanciones penales previstas por la Ley.

***
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu , el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es una organización que proporciona servicios a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala y en países de la región Centroamericana desde el año 2000, para la generación de capacidades individuales y colectivas la autogestión de riesgos. La UDEFEGUA es una organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.

[1] Véase Caso defensor de derechos humanos y otros vs Guatemala: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_283_esp.pdf
[2] Véanse las cifras registradas por la UDEFEGUA desde el año 2014: https://udefegua.org/infografia/situaci%C3%B3n-de-personas-comunidades-y-organizaciones-defensoras-de-derechos-humanos-enero
[3] Véase Comunicado de la OMCT ‘Guatemala: Nuevas medidas del ejecutivo desmantelan el Estado de derecho en Guatemala y dan marcha atrás en la lucha contra la impunidad’, publicado el 28 de agosto de 2020.
[4] Véase Pronunciamiento Conjunto del Observatorio y UDEFEGUA, publicado el 12 de agosto de 2020.
[5] CODECA es una organización de campesinos y campesinas indígenas que luchan desde 1992 para mejorar sus condiciones de vida y laborales en el campo e impulsar un proceso de desarrollo rural construido participativamente, con fundamentos de equidad e inclusión social.
[6] Véanse los Llamados Urgentes del Observatorio GTM 012 / 0818 / OBS 101, publicado el 2 de agosto de 2018; GTM 011 / 0618 / OBS 084, publicado el 12 de junio de 2018; GTM 010 / 0618 / OBS 082, publicado el 7 de junio de 2018; y GTM 005 / 0518 / OBS 060, publicado el 14 de mayo de 2018.
[7] El CUC es una organización de campesinas y campesinos indígenas y ladinos conformada en 1978. Sus ejes de trabajo son el acceso a la tierra, la defensa de los derechos de los campesinos, la defensa de la identidad y los derechos indígenas, el desarrollo comunitario y productivo y la igualdad de género.
[8] ACOMUMSAM es una organización de base guatemalteca que forma parte de la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género. Esta red está formada por organizaciones y colectivos de Guatemala y México que monitorean las violaciones de derechos humanos de las personas migrantes en la frontera entre ambos países.
[9] El CCDA es una organización que defiende los derechos de las comunidades indígenas y campesinas en Guatemala.
[10] Véase https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/023.asp.
[11] Véase https://gt.vlex.com/vid/decreto-gubernativo-no-16-847269359?_ga=2.231797404.2071436468.1598428378-729503165.1598428378

Leer más
communique