El 6 de marzo de 2023, el Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, presentó una declaración vía redes sociales en la que intentó defender la imparcialidad del sistema judicial guatemalteco frente al caso del periodista José Rubén Zamora, quien enfrenta un segundo juicio como represalia por ejercer su labor periodística de manera independiente y denunciar la corrupción, hecho que ha sido condenado por organizaciones de derechos humanos guatemaltecas. Resulta extremadamente preocupante que en su comparecencia, el Fiscal Curruchiche estigmatizara a sectores que han sido críticos de la cooptación del sistema de justicia, inclusive el hostigamiento judicial contra el Sr. Zamora, siendo el caso de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT.
El Fiscal Curruchiche argumentó que las organizaciones utilizan una doble vara para medir y pronunciarse contra diferentes casos, comparando de manera tendenciosa, la condena a Rolando Moisés Pérez, el cual fue acusado por amenazas de muerte enviadas contra un miembro de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y contra operadores de justicia independientes, con el caso de José Rubén Zamora, quien está siendo perseguido como represalia por su labor periodística independiente. De igual manera, haciendo un uso irresponsable de su poder al acusar a las organizaciones de derechos humanos de ser “incongruentes y utilizar un doble discurso”, compartió durante varios minutos en su vídeo un comunicado que la organización UDEFEGUA presentó en su momento para pronunciarse con respecto a la condena impuesta a Moisés Pérez, en el que el logo de la organización aparece de manera visible.
El Fiscal acusó a las organizaciones de derechos humanos de “generar una serie de publicaciones en las cuales, de forma sistematizada, coordinada e irresponsable, se ha atacado, coaccionado y obstruido la investigación", hablando del caso de Zamora, y "tratando de influir de forma directa bajo amenazas e intimidaciones al denunciante, a testigos, fiscales y jueces". Por último, señaló que esto constituye “un ataque a la administración de justicia y a la independencia judicial”. Esta acción no sólo pone en grave riesgo la labor de defensa de derechos humanos que realiza UDEFEGUA, sino que, al exponerla y estigmatizar de esta forma, aumenta el riesgo de ataques contra sus miembros, así como de una posible criminalización en su contra.
Esta estigmatización por parte del Fiscal se da en un contexto de cierre del espacio cívico, de violación sistemática a derechos como la libertad de expresión y de asociación, así como la criminalización a la labor de defensa de derechos humanos y periodística, además de la represión a las y los operadoras y operadores de justicia independientes en Guatemala.
El sistema judicial guatemalteco atraviesa una grave crisis institucional, en un contexto de eliminación del estado de derecho en el país. Situación que ha sido reiterada recientemente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dada la persecución sistemática contra las y los operadores de justicia independientes que trabajan para poner fin a la impunidad y la corrupción y que ha llevado a muchos de ellos al exilio, además de las deficiencias en el acceso a la justicia y la violación al debido proceso en distintos casos.
UDEFEGUA es una organización que durante más de 20 años se ha dedicado a la protección y defensa de las personas defensoras, ejerciendo de manera integral y crítica su labor y haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión y de defensa de derechos humanos. En los últimos años, UDEFEGUA ha denunciado la persecución y criminalización que desde el aparato judicial se ha realizado en contra de periodistas independientes y personas defensoras que buscan combatir la corrupción e impunidad predominante en Guatemala.
El Observatorio condena estas estigmatizaciones, alertando sobre los riesgos de una posible criminalización en contra de UDEFEGUA y expresando su solidaridad con las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas que están siendo injustamente perseguidas por el aparato estatal. El Observatorio urge a las autoridades del Estado guatemalteco, en particular a las y los funcionarios del sistema judicial, a detener los señalamientos públicos contra las organizaciones de derechos humanos, así como detener el acoso judicial contra las y los periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.