En este contexto, se ha producido una campaña de estigmatización y difamación en contra de CALAS por parte de diversos sectores empresariales que ha dado lugar a diversos ataques y actos de hostigamiento en contra de personal de CALAS, de los cuales reproducimos los que revisten mayor gravedad.
Entre el 1 y el 2 de julio, el Sr. Rafael Maldonado recibió amenazas de muerte a través de Twitter en las que se indicaba “Ya no hayas que inventar, pero tenemos claro q estar claros que el cáncer como vos se debe combatir con plomo”. Además, recibió un segundo mensaje en el que se decía “A vos te deben de pegar un par de bombazos” acompañado de imágenes de tres armas de fuego. Estos hechos han sido denunciados ante la Unidad de Delitos Contra Activistas de Derechos Humanos de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. Además, ayer 6 de julio el Sr. Maldonado recibió amenazas de muerte a través de su perfil en Facebook en las que se le amenazaba de muerte en un texto escrito en inglés.
Además, el miércoles 5 de julio se produjo una protesta en el parque central de San Rafael las Flores con la participación presuntamente de proveedores y trabajadores de la minera en la que se mostraron mensajes estigmatizantes contra CALAS acusando a la organización de “crear conflicto” y de “destruir el desarrollo”. En ese contexto, los manifestantes portaban lonas con una foto del Sr. Yuri Melini Salguero durante un reciente viaje de trabajo a Bruselas organizado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en las que se acusaba a la CALAS y a su director de viajar a costa del conflicto.
Finalmente, es importante señalar que la campaña de difamación y estigmatización en contra de CALAS ha alcanzando su punto álgido y parece estar intensificándose aún más a raíz de la decisión, el 6 de julio de 2017, de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala de ordenar la suspensión provisional de la licencia de exploración y explotación de los proyectos de la mina San Rafael. Esta decisión resolvía un amparo presentado por CALAS en mayo del 2017 en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) argumentando que los pueblos indígenas xincas que habitan los municipios afectados por el proyecto no habían sido consultados como lo establece el Convenio 169 de la OIT y que el MEM les había discriminado al negar repetidamente su existencia en las comunidades donde opera el proyecto minero.
El Observatorio recuerda que estos actos de intimidación contra los Sres. Yuri Melini Salguero y Rafael Maldonado, así como en contra del resto de integrantes de CALAS, no son hechos aislados y que deberían tratarse como amenazas creíbles teniendo en cuenta que se suman a una larga lista de incidentes en su contra en los últimos tiempos en relación con varios litigios en los que ha participado (ver antecedentes), así como al asesinato del Sr. Jeremy Abraham Barrios Lima, asistente de la dirección general de CALAS, el 12 de noviembre de 2016 en la Ciudad de Guatemala.
El Observatorio destaca además que estos actos se producen en el contexto de una alarmante intensificación de la gravedad y la intensidad de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala incluyendo 14 asesinatos y siete intentos de asesinato contra personas defensoras de derechos humanos solo durante el año 2016.
El Observatorio condena energéticamente estas amenazas de muerte y la campaña de estigmatización y difamación en contra de CALAS y urge a las autoridades guatemaltecas a asegurar la protección de todos los integrantes de la organización. Además, el Observatorio insta a las más altas instancias gubernamentales en el país a reconocer públicamente la legitimidad del trabajo de las organizaciones de derechos humanos como CALAS y a hacer un llamamiento público contundente a que cesen estos actos en contra de la organización y de sus integrantes.
Antecedentes:
El 11 de mayo de 2015, el Sr. Rafael Maldonado recibió amenazas de muerte cuando se encontraba haciendo gestiones en el interior de un banco. Una señora desconocida, de unos 35 o 40 años de edad, le dijo: “Licenciado Maldonado. Ya va a pagar ese trabajo que está haciendo. Ahí va a ver lo que le va a pasar por ese trabajo que está haciendo en contra de la minera, usted está haciendo un montón de daño y por eso lo van a matar”. El defensor interpuso una denuncia ese mismo día, y el Ministerio Público ha sindicado a la Sra. Lena Silvia Carlota Morales Monzón, hermana del gerente generalde la mina San Rafael, Carlos Roberto Monzón Morales, quien en esas fechas estaba guardando prisión preventiva por el caso de contaminación industrial de la Mina San Rafel, como autora de las amenazas.
Además, el día 30 de julio de 2015 se iba a celebrar la audiencia de ofrecimiento de pruebas en el caso en contra del Sr. Rotondo, pero fue suspendida debido a los disparos al aire que se produjeron a las 19:30 del día anterior, frente de la oficina de CALAS, en la cual se encontraba el abogado Rafael Maldonado. El Sr. Maldonado interpuso una denuncia ante el Ministerio Público el día 31 de julio de 2015, en la cual solicitó medidas de seguridad personal que hasta la fecha no han sido otorgadas.
En septiembre de 2015 el Sr. Maldonado fue señalado directamente por abogados y directivos de la empresa REPSA, investigada por la contaminación del río La Pasión, de ser responsable como abogado querellante en contra de la empresa, de los hechos violentos ocurridos el 18 de septiembre, que incluyeron el asesinato de otro de los defensores involucrados en el caso, el Sr. Rigoberto Lima Choc.
El 30 de noviembre de 2015 el abogado Rafael Maldonado fue amenazado de muerte a través de la red social Twitter como respuesta a un mensaje en el que hacía referencia a la fuga el 27 de noviembre del Sr. Alberto Rotondo, gerente de seguridad de la empresa Minera San Rafael, quien se hallaba bajo prisión domiciliaria y siendo procesado por disparar contra un grupo de miembros del Comité en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores el 27 de abril de 2013. Las amenazas indicaban: “Se te acaba el tiempo, te aconsejo que huyas cerdo hdp. Guerra avisada no mata gente”.
El día 26 de enero de 2016 a las 10 de la mañana el Sr. Ricardo Rafael Méndez Ruiz, Presidente de la Fundación contra el Terrorismo, presentó una querella penal en contra de los Sres. Rafael Maldonado, Ramón Cadena Rámila y Miguel Morth, por, entre otros delitos, constituir un grupo que se enmarca en el concepto de crimen organizado. Cabe destacar que esta denuncia se suma a otras acusaciones falsas avanzadas por la Fundación contra el Terrorismo sin aportar ningún tipo de prueba en contra de abogados y abogadas de derechos humanos en Guatemala, en lo que se configura como una amplia campaña de difamación y deslegitimación en contra de la función que estos profesionales cumplen como personas defensoras de derechos humanos.
El lunes 3 de abril de 2017 aproximadamente a las 21:30 horas hombres no identificados que conducían una motocicleta efectuaron entre ocho y doce disparos contra un coche estacionado frente a la casa del Sr. Maldonado en el sur de la Ciudad de Guatemala. Los hechos fueron denunciados inmediatamente a la Unidad de Delitos contra Activistas de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público y se encuentran bajo investigación criminal.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu , el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
· E-mail: Appeals@fidh-omct.org
· Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
· Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
— -
[1] El 8 de junio, numerosos residentes de Casillas, municipio ubicado a 11 kilómetros de San Rafael, comenzaron un bloqueo para protestar por los daños que habían sufrido sus domicilios después de varios temblores y desde esa fecha la empresa no ha podido operar. Tras enfrentamientos con los antimotines el día 9 de junio, al retén que se mantenía en la entrada de Casillas se le sumó otro en la aldea Amberes del municipio de Santa Rosa de Lima.