Bruselas, 18 de mayo de 2022
Estimado ministro:
Nos dirigimos a usted antes de la celebración de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea del 23 de mayo de 2022, durante la cual escuchará al gobierno húngaro hablar sobre la situación en el país del Estado de derecho y otros valores recogidos en el artículo 2 del TUE.
Esta audiencia tiene lugar en un momento en que resulta cada vez más evidente la importancia del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales en toda Europa. La reciente reelección del Fidesz, que ha llevado a Viktor Orbán a un cuarto mandato consecutivo como primer ministro, ofrece una oportunidad crucial para que los Estados miembros actúen con firmeza y rapidez con vistas a proteger los valores de la Unión.
Esta próxima audiencia constituye una importante oportunidad para plantear las principales preocupaciones con el fin de adoptar recomendaciones urgentes y celebrar una votación en relación con el claro riesgo de que se esté cometiendo una grave vulneración de los valores de la Unión en Hungría.
Antecedentes
La vista de la próxima semana será la cuarta que se celebra sobre Hungría desde la activación del procedimiento del artículo 7.1 del TUE en septiembre de 2018. Como recordó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su sentencia de 16 de febrero de 2022: "El objetivo del procedimiento previsto en el artículo 7 del TUE es permitir al Consejo sancionar las infracciones graves y persistentes de los valores contenidos en el artículo 2 del TUE, en particular con el fin de obligar al Estado miembro del que se trate a poner fin a dichas infracciones".
El 5 de mayo de 2022, con una abrumadora mayoría interpartidista, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que se pide a los Estados miembros de la UE que adopten recomendaciones concretas tal como se establece en el artículo 7.1, con un plazo claro para su aplicación y con vistas a identificar todo riesgo claro de violación grave de los valores de la UE en virtud del artículo 7.1.
Desde septiembre de 2018, las violaciones de los derechos fundamentales en Hungría se han intensificado, con una erosión persistentemente de los principios democráticos de la UE con los que Hungría se ha comprometido. Si esta tendencia no se detiene, es previsible un colapso definitivo de los valores de la UE en Hungría.
Cuestiones claves
La audiencia del 23 de mayo coincide con tres acontecimientos recientes:
• La renovación del mandato político del Fidesz tras las elecciones generales de abril de 2022.
• La propuesta del nuevo gobierno de modificar la constitución para introducir un nuevo "estado de peligro".
• La decisión de la Comisión Europea de activar el mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho contra Hungría. Estos acontecimientos están relacionados con tres conjuntos de cuestiones claves que le instamos a plantear en la audiencia.
Las elecciones generales de abril de 2022 y el referéndum anti LGBTQI
Las conclusiones preliminares de la misión de observación electoral a gran escala realizada por la OSCE en Hungría indicaron que tanto las elecciones como el referéndum "se administraron y se gestionaron de forma profesional, pero se vieron empañadas por la falta de igualdad de condiciones". La OSCE llegó a una conclusión similar en 2018, lo que sugiere que, si no se aplican medidas correctivas serias, estos fallos estructurales recurrentes continuarán existiendo y seguirán socavando la futura integridad electoral de Hungría.
En la evaluación de la OSCE se señala lo siguiente:
• La "parcialidad y la falta de equilibrio en la cobertura informativa que se supervisó, así como la falta de debates entre las principales candidaturas limitaron significativamente la oportunidad del electorado de elegir con conocimiento de causa". Esta evaluación plantea graves preocupaciones relacionadas con el derecho a la participación política y la libertad de los medios de comunicación en Hungría.
• El referéndum anti LGBTQI, se vio empañado por un marco legal que era "en gran medida inadecuado para la realización de un referéndum democrático" y "no ofrecía igualdad de condiciones". A pesar de que el referéndum quedó invalidado debido a un número récord de abstenciones y votos nulos, el gobierno siguió publicitando y utilizando los resultados.
El desequilibrio en la cobertura de la campaña electoral por parte de los medios de comunicación, junto con la desinformación generada por los agentes de la Federación Rusa, pone de manifiesto la falta de una regulación transparente, independiente y eficaz del sector de la comunicación. En las últimas semanas, en una medida que recuerda la acción contra Klubradio, el Consejo de Medios de Comunicación se negó a renovar la licencia para emitir de otra emisora independiente, Tilos Radio. Las autoridades húngaras son sospechosas de utilizar arbitrariamente el programa espía Pegasus contra al menos tres profesionales del periodismo del país. El gobierno ha utilizado ampliamente la pandemia de COVID-19 como cobertura para introducir medidas dirigidas de forma desproporcionada contra los medios de comunicación independientes, lo que tiene un efecto disuasorio en los profesionales del sector.
Tras el referéndum, la Comisión Electoral Nacional multó a las organizaciones que habían defendido que la falta de validez del referéndum. Los recursos de la sociedad civil ante el Kúria (Tribunal Supremo) dieron lugar a la desestimación de algunas sanciones, aunque otras se confirmaron, lo que provocó una incertidumbre jurídica sobre la legalidad de dichas campañas según la legislación húngara.
Le instamos a que pregunte al gobierno cómo piensa responder a las preocupaciones planteadas por la OSCE, especialmente las relativas a su campaña (que lleva más de diez años en marcha) para desmantelar los medios de comunicación libres e independientes de Hungría y frenar el derecho de la oposición a hacer campaña en las elecciones. Además, le pedimos que cuestione la protección de la libertad de expresión y del espacio cívico, incluso en contexto electoral.
Problemas legales y judiciales
El Gobierno ha utilizado las sucesivas situaciones de emergencia como pretexto para eludir el control democrático y dotarse de un poder prácticamente ilimitado para gobernar por decreto. El 3 de mayo de 2022, sin consulta alguna y antes de que expirara la legislación de emergencia de la COVID-19, el ministro de Justicia presentó un proyecto de ley para transformar el sistema constitucional de ordenamientos jurídicos especiales y autorizar al Gobierno a declarar el “estado de peligro” en caso de “conflicto armado, guerra o desastre humanitario en un país vecino”. Esta medida se acompañó de otro proyecto de ley cuya finalidad es permitir que el Gobierno mantenga los excesivos poderes normativos que había adquirido en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Ambos otorgan al gobierno un mandato extremamente amplio para anular las leyes del parlamento y legislar mediante decretos de emergencia. Enmendar la Constitución para adaptar el sistema legal a los resultados políticos que desea el Fidesz ha sido una de sus estrategias a largo plazo para subvertir el orden constitucional e instalar un régimen iliberal.
Al mismo tiempo, Hungría ha incumplido sistemáticamente las sentencias de los tribunales nacionales y regionales. En los últimos diez años, el 71% de los principales casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra Hungría continúan estando pendientes de ejecución. Al menos tres sentencias recientes del TJUE basadas en derechos siguen sin aplicarse. En noviembre de 2021, la Comisión Europea pidió al TJUE que impusiera sanciones económicas a Hungría por el incumplimiento de una sentencia de 2020 en relación con la normativa de la UE sobre asilo y retorno. La sentencia de 2021 que condena la criminalización de las organizaciones que ayudan a personas migrantes (la ley "Stop Soros") sigue sin aplicarse. Además, Hungría adoptó una transposición restrictiva de la decisión del Consejo sobre la Directiva de Protección Temporal, lo que dio lugar a una política discriminatoria hacia las personas refugiadas no ucranianas. En la actualidad, el sistema de asilo húngaro continúa siendo incompatible con el acervo de la UE y hace prácticamente imposible que las personas que buscan protección internacional obtengan el estatuto de persona refugiada a largo plazo.
Esta falta de ejecución de las sentencias está relacionada con la preocupación que suscita desde hace tiempo el proceso del artículo 7.1 en relación con la independencia del poder judicial. La centralización de la administración de los tribunales ha llevado a una situación en la que los más altos cargos, a saber, la presidencia de la Oficina Nacional del Poder Judicial y la presidencia de la Kúria, son elegidos por el poder legislativo sin ninguna participación judicial. La elección de la actual presidencia de la Kúria, fue criticada por el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, quien declaró que este nombramiento “se puede considerar como un ataque a la independencia del poder judicial y como un intento de someter el poder judicial a la voluntad del poder legislativo, en violación del principio de separación de poderes”.
Le instamos a que pregunte al gobierno sobre la coherencia de los nuevos proyectos de ley sobre el "estado de peligro" con las normas internacionales, concretamente sobre su necesidad y proporcionalidad. Le pedimos igualmente que pregunte a Hungría sobre la aplicación de las sentencias del TJUE y del TEDH, en particular en relación con el sistema de asilo y la legislación Stop Soros, y que responda a las preocupaciones manifestadas hace tiempo sobre la independencia del poder judicial.
El mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho
El 27 de abril, el Colegio de Comisarios aprobó la activación del Reglamento de condicionalidad del Estado de derecho con respecto a Hungría y señaló “las irregularidades y deficiencias sistémicas en la gestión de los fondos de la Unión que afectan directamente a su presupuesto, incluidas las irregularidades sistémicas en los ámbitos de la contratación pública, el conflicto de intereses, los fideicomisos de interés público, la falta de investigación independiente y el enjuiciamiento”. Esta decisión, que se refiere a la protección de todo el presupuesto de la UE, tras la anterior medida de no aprobar el plan de recuperación húngaro, da muestra de la gravedad de los problemas del Estado de derecho que entran en el ámbito del procedimiento del artículo 7.1.
Aunque el mecanismo del Estado de derecho puede contribuir a la protección del presupuesto de la UE, no es adecuado para abordar preocupaciones más amplias sobre la captura de fondos públicos por parte del Estado en Hungría. La adjudicación por parte del gobierno húngaro de una concesión de autopistas de 35 años de duración a un consorcio de fondos de capital privado, cuyos beneficiarios finales resultan poco claros, es un ejemplo del modo en que el gobierno capta recursos de forma opaca que podría enmascarar la corrupción. Esto pone de manifiesto la falta de transparencia casi total del sistema de asignación de fondos públicos, agravada por la ampliación en 2020 del plazo legal para responder a las solicitudes sobre libertad de información, lo que socava el derecho a la misma.
Al mismo tiempo, las acusaciones de corrupción de alto nivel siguen sin investigarse o están paralizadas. La omisión más destacada se produjo en el llamado caso Elios, en el que se investigó la dudosa absorción de 43 millones de euros por una empresa que pertenecía en parte al yerno del primer ministro, aunque no dio lugar a ningún juicio en Hungría a pesar de que la OLAF señaló la existencia de prácticas corruptas.
Le instamos a pedir al Gobierno que explique de qué modo tiene previsto reformar el marco anticorrupción para garantizar la transparencia de la totalidad de los fondos públicos, tanto los que se examinan a través del Mecanismo de Condicionalidad del Estado de derecho como, de forma general, los del presupuesto nacional.
Todos estos acontecimientos ponen de manifiesto las deficiencias persistentes, estructurales e interrelacionadas con el respeto a la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría, y señalan la necesidad de adoptar medidas urgentes. Es responsabilidad colectiva de todas las instituciones de la UE defender los valores fundacionales de la Unión. Por lo tanto, reiteramos nuestros llamados al Consejo y le instamos a que utilice la próxima audiencia del artículo 7 para recabar las aportaciones necesarias antes de adoptar las recomendaciones previstas en el artículo 7.1 del TUE y de votar para determinar la existencia de un riesgo claro de violación grave de los valores mencionados en el artículo 2 del TUE.
Estamos a su disposición para cualquier información adicional que necesite.
Atentamente,