Yara Sallam, agente de justicia transicional de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés) y Sanaa Seif, miembro del movimiento "No a los juicios militares a civiles", se encontraban entre los manifestantes detenidos en una concentración contra la ley antiprotesta ante el Palacio Presidencial Ittihadiya, en junio de 2014. Ambas habían sido condenadas en diciembre de 2014 junto con otros 21 manifestantes a dos años de cárcel y dos años de vigilancia policial.
Las acusaciones incluían, "vulneración de la ley de protesta" en virtud de la "ley antiprotesta", "sabotaje a bienes públicos", "posesión de material inflamable" y "demostración de fuerza con objeto de aterrorizar al público".
En los últimos años, el Observatorio ha venido pidiendo sin descanso su puesta en libertad, a través de intervenciones urgentes, comunicados a organismos intergubernamentales relevantes y acciones de incidencia política.
"La liberación de Yara y Sanaa es un gran alivio para todo el movimiento de derechos humanos. No obstante, el hostigamiento judicial al que han sido sometidas nos recuerda la constante represión de la que son objeto los defensores y defensoras de los derechos humanos en Egipto. Las autoridades deben modificar la ley antiprotesta de 2013 para adecuarla a las obligaciones del país en materia de derecho internacional", afirmó hoy el presidente de la FIDH Karim Lahidji.
"Aunque agradecemos la liberación de Yara y Sanaa, condenamos el hecho de que otros defensores de los derechos humanos como Mahienur El Massry o Alaa Abdel Fattah continúen en prisión a causa de sus legítimas actividades por los derechos humanos. Pedimos la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos en el país y el cese inmediato de la dura represión que ejercen las autoridades contra las voces disidentes", añadió el secretario general del OMCT, Gerald Staberock.
El Observatorio recuerda que las autoridades han estado utilizando esta restrictiva ley de protesta como herramienta para encarcelar a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Esta controvertida ley prohíbe las reuniones de diez o más personas sin autorización de las autoridades.