Ecuador: Taller sobre Criminalización de personas defensoras de Derechos Humanos en contextos de proyectos industriales

El 12 y 13 de julio de 2018 en la ciudad de Quito, Ecuador, la FIDH llevó a cabo un encuentro para el intercambio de experiencias entre abogados miembros de 10 organizaciones de la FIDH y defensores y defensoras de organizaciones de base de 8 de los países de la región más afectados por el fenómeno de la criminalización de personas defensoras de DH en contextos de proyectos industriales.

Durante este encuentro, se abordaron los diferentes contextos nacionales y los numerosos casos de criminalización que los defensores y defensoras de derechos humanos han tenido que confrontar, a causa principalmente de la defensa del territorio. Todos los casos se presentan como consecuencia de Estados institucionalmente débiles, cuyo aparato de justicia y de represión la mayoría de las veces es manipulado para proteger intereses privados y atacar cualquier forma de reclamo social, frente a derechos violados e insatisfechos. Del mismo modo, estos Estados se caracterizan por políticas económicas flexibles y de apertura a la inversión extranjera para la explotación indiscriminada de los recursos naturales, sin consulta previa, libre e informada de las poblaciones potencialmente afectadas, ni mayor consideración a los impactos a los derechos humanos y al medio ambiente que estas actividades a gran escala pueden tener en su territorio y sobre su población.

De manera específica, a partir de una nota práctica previamente elaborada y compartida con los participantes, se discutieron en grupo y en plenaria elementos conceptuales como la definición de defensor de derechos humanos, la criminalización y se abordaron las posibles acciones legales y de incidencia que son posibles realizar antes, durante y después la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, así como los diferentes actores públicos, privados, nacionales e internacionales y su rol en cada etapa. Estas discusiones completarán la nota práctica y la metodología del taller para que posteriormente pueda servir para ejercicios de réplica y ajuste conforme al desarrollo del fenómeno en la región.

Finalmente, de la diversidad de casos presentados en el taller, los participantes escogieron 4 casos emblemáticos de la criminalización de personas defensoras en contextos de proyectos empresariales para hacer seguimiento sobre las posibles estrategias en cada caso desde lo legal y desde la incidencia. En resumen los 4 casos son los siguientes:

1. Caso Rio Blanco – Ecuador:

Criminalización de 23 personas bajo delitos de sabotaje, terrorismo y delincuencia organizada.

El proyecto minero Río Blanco comprende 5.708 hectáreas y está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chaucha, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay. La concesión pertenece a la empresa china Ecuagoldmining South America S.A. Se calcula una producción diaria de 800 toneladas de oro principalmente. Las comunidades han denunciado el grave impacto de esta explotación en la zona, por ser una zona de paramo, por la contaminación que podría producir especialmente en el agua y la ausencia de una consulta previa a las comunidades.

Ante el inicio de la fase de explotación de la mina, el 11 de agosto de 2017 hasta finales de octubre del mismo año, la comunidad de Río Blanco decidió realizar una medida de hecho que consistía en un cierre de la vía hacia el campamento. Este hecho cesó debido a la falta de respuestas oportunas de las exigencias de la comunidad por parte de las autoridades del gobierno central. Sin embargo la mayoría de sus líderes fueron criminalizados.

El proyecto estaba en fase de explotación hasta que en junio de 2018 un juez lo suspendió por haber violado el derecho a la consulta previa, libre e informada, dispuesto en el artículo 57 de la Constitución.

2. Caso MST – Brasil:

Criminalización de la organización de campesinos MST (Movimento dos trabalhadores rurais sem terra) bajo la acusación de organización criminal.

3000 familias campesinas ocuparon las tierras de la empresa familiar brasilera Araupel S.A. en el 2014, denunciando que el título de propiedad de la empresa sobre las tierras no es válido y que las mismas pertenecen al Estado Brasileño y por lo tanto, reivindicando asentamientos de reforma agraria sobre esos terrenos. La discusión jurídica sobre la titularidad de la tierra entre la empresa y el Estado está en curso, aunque la empresa ya perdió en las primeras dos instancias.

La ocupación de las familias, fue violentamente reprimida en operativos de las autoridades de la zona, junto con la empresa, dejando como resultado el 7 de abril de 2016 del asesinato de Vilmar Bordin y Leonir Orbak del MST a manos de la policía. 33 acusaciones criminales contra miembros del MST, entre ellas y siendo la más grave la de organización criminal y la detención durante 6 meses de 18 personas.

3. Caso Wampis – Perú:

Criminalización de 6 dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis- GTANW, entre ellos su Presidente Wrays Perez, por el delito de Secuestro de empleados de la empresa Petroperú. El proceso va para juicio oral.

En noviembre de 2015 los representantes de más de 200 comunidades indígenas wampis crearon el GTANW, el primero de esta naturaleza en todo el Amazonas, con su propia Constitución, su Parlamento y sus órganos ejecutivos. Perú es el segundo país con mayor inversión extractivista en el mundo. A raíz de un derrame de crudo en la comunidad de Mayuriaga territorial tradicional Wampis el 3 de febrero del año 2016, la Nacion Wampis de inmediato se declaró en estado de emergencia por seis meses por graves afectaciones al medio ambiente, la población y la forma de vida de la población Wampis. El 26 de junio, se invitó a funcionarios de Petroperú a la comunidad de Mayuriaga para conocer sus planes de remediación y compromisos hacia las comunidades. Sin embargo, los funcionarios no pudieron salir en Helicóptero ese día y debieron quedarse esa noche en la comunidad. Posteriormente, los funcionarios los denunciaron por secuestro agravado. El Fiscal está pidiendo 30 años de prisión para cada uno de los 4 dirigentes acusados.

4. Caso Hidroelectrica – México:

Criminalización de 8 líderes acusados de obstrucción a la obra pública. En investigación.

En Puebla Mexico se encuentran numerosas concesiones para la construcción de plantas hidroléctricas. Estas empresas no consultan con la población local, muchas de ellas indígenas, en vulneración del Convenio 169 de la OIT, por lo que las comunidades se movilizaron y ocuparon los territorios, impidiendo la entrada de trabajadores a la empresa, lo que llevo a que la empresa denunciara a los líderes reconocidos de la comunidad por haber convocado las manifestaciones. Uno de los líderes acusados fue asesinado y otro de ellos es un líder indígena.

La discusión también hizo surgir diferentes necesidades para llevar a cabo estos procesos de denuncia y resistencia de las poblaciones más afectadas en general y de las personas criminalizadas en particular. El intercambio de estrategias para fortalecer las comunidades y organizaciones. La articulación, sensibilización y el apoyo de la comunidad nacional e internacional. La responsabilización de los países donde las Empresas tienen sus sedes y de los organismos que las financian, entre otras.

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  • Co-firmantes

    Las organizaciones participantes fueron las siguientes:

    Brasil: Justica Global, Movimento dos Atingidos por Barragens y Terra de Direitos.

    Chile: Observatorio Ciudadano y la participación especial de la Machi Francisca Linconao, autoridad ancestral de la Nación Mapuche.

    Colombia: Cpdh, Cahucopana y Comité Ambiental de Rubiales.

    Honduras: Cofadeh, Red de jóvenes afros e indígenas hondureños y plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.

    Perú: Aprodeh, Sindicato unico de trabajadores de SEDAPAL y la participación especial de Wrays Perez, Presidente del Gobierno Indígena Autónomo de la Nación Wampis.

    Guatemala: Caldh, Asociación de Mujeres Aq Ab Al y Organización de Mujeres Mamamaquim.

    México: Limeddh, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, y una defensora de Derechos humanos de Guerrero.

    Ecuador: Cedhu, Inredh, Acción Ecológica, Colectivo Yasunidos Guapondileg, Comunidad San Pablo Amali y Comuna de San Felipe Molleturo.

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