El golpe de estado judicial en Guatemala continúa: el Ministerio Público criminaliza al presidente electo

17/11/2023
Comunicado
Orlando ESTRADA / AFP

Ante los hechos producidos el día de ayer en Guatemala, la FIDH denuncia la intimidación y persecución judicial de opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos y al presidente electo en Guatemala. Asimismo, protestamos en contra del reiterado ataque a la democracia guatemalteca y exigimos el respeto de los resultados electorales del pasado 20 de agosto.

Guatemala, 17 de noviembre de 2023. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) condena la decisión del juez Víctor Manuel Cruz de autorizar nuevas órdenes de allanamiento y captura de 28 ciudadanos guatemaltecos, entre ellos, miembros del Movimiento Semilla, así como la apertura de un antejuicio político al presidente electo, Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera. Se recuerda que el juez Cruz está incluido en la Lista Engel por actos de corrupción.

En el informe Elecciones comprometidas y justicia secuestrada: Guatemala corre el riesgo de la dictadura , publicado en junio de 2023, la FIDH advierte que estos esfuerzos por parte del poder judicial y del Ministerio Público responden a una estrategia para socavar el proceso electoral, obstaculizar la transferencia de poder y desmantelar el orden democrático del país, a través el uso arbitrario y desproporcionado de las instituciones judiciales

La organización rechaza de manera tajante la ilegal y violenta intervención de miembros del poder judicial y de la Fiscalía como herramienta de acoso y persecución política. En este sentido, es inaceptable la continua criminalización injustificada de guatemaltecos y guatemaltecas por hacer uso de su legítimo derecho a protestar en contra de la corrupción y de la integridad del proceso electoral y el órden democrático del país.

Instamos nuevamente al gobierno de Alejandro Giammattei a pronunciarse en contra de estas medidas abusivas. Así mismo, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, en especial a Estados Unidos y a la Unión Europa, a censurar y continuar las sanciones a los responsables de la persecución política.

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