Ante la grave amenaza que supone para las personas privadas de la libertad la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), que se está propagando rápidamente, la FIDH y sus organizaciones miembros firmantes recuerdan la obligación de los gobiernos de garantizar la seguridad y la salud de las personas detenidas que están bajo su responsabilidad, y lanzan una campaña, #ForFreedom, para pedir la liberación de todas las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) detenidas.
Dado que la propagación del COVID-19 supone una amenaza sin precedentes, la necesidad de liberar a los DDH es más urgente que nunca. Nuestros derechos y los que los defienden no deben convertirse en una víctima de esta pandemia. La FIDH y sus organizaciones miembros firmantes lanzan hoy una nueva campaña global #ForFreedom para la liberación de todos los DDH detenidos en el mundo. Deben ser liberados y se les debe permitir llevar a cabo sus actividades legítimas para defender los derechos de las personas contra la injusticia, la discriminación, la violencia y otras formas de violación de los derechos humanos.
"Centenas de personas en todo el mundo son detenidas no porque hayan cometido un delito, sino por su labor de defensa de los derechos humanos. Como legítimos actores del cambio, nunca debieron haber sido detenidos en primer lugar", declaró Alice Mogwe, Presidenta de la FIDH.
« Mientras el COVID-19 continúa su rápida expansión por todo el mundo, es hora de que los gobiernos pongan fin a esta injusticia y liberen a los que luchan por defender los derechos humanos »
Como declaró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, "Ahora más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas las personas detenidas sin suficiente fundamento jurídico, incluidos los presos políticos y otras personas detenidas simplemente por expresar opiniones críticas o disidentes". Esto vale para los menores, migrantes, refugiados, opositores políticos, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
El sitio web de la campaña presenta perfiles de los defensores de los derechos humanos detenidos, entre los cuales se encuentran Loujain Al-Hathloul (Arabia Saudita); Azimjan Askarov (Kirguistán); Sevda Özbingöl Çelik y Hasan Ceylan (Turquía); Yuri Dmitriev (Rusia); Leila de Lima (Filipinas); Pablo López Alavez (México); Khalil Maatouk (Siria); Narges Mohammadi (Irán); Miyan Abdul Qayoom (India); Nabeel Rajab (Bahrein); Germain Rukuki (Burundi), y Patrick Zaki (Egipto). El sitio web se actualizará periódicamente con otros DDH detenidos arbitrariamente.
La urgencia de la actual crisis sanitaria brinda a las autoridades la oportunidad de corregir la indebida privación de libertad de todas estas personas, muchas de las cuales están detenidas en condiciones sanitarias deplorables, negándoles una atención sanitaria adecuada.
En ese contexto, la FIDH y sus organizaciones miembros firmantes piden en general a los gobiernos que alivien la congestión de las prisiones liberando a un gran número de personas privadas de la libertad de forma temporal, permanente o condicional por motivos de salud pública. Junto con los personas defensoras de derechos humanos, se debe dar prioridad a los ancianos, los niños, las personas con problemas de salud, los presos de conciencia, las personas privadas de la libertad por expresar sus opiniones, los detenidos administrativos, los presos detenidos por delitos menores o no violentos, los detenidos en espera de juicio y los detenidos por motivos de inmigración.
En tiempos de crisis, los gobiernos tienen la obligación de proteger a los más vulnerables. Las poblaciones penitenciarias, confinadas en centros de detención que pueden convertirse fácilmente en focos de virus, se encuentran entre las más vulnerables a la amenaza de la pandemia de COVID-19. Esto se trata de un riesgo especial en países que no cumplen con las normas mínimas de condiciones de detención, en donde el hacinamiento es la norma y el distanciamiento social es imposible de lograr. La propagación del virus en los lugares de detención será inevitable a menos que se adopten medidas urgentes para mitigar este riesgo. De lo contrario, la detención podría equivaler a una sentencia de muerte para muchos detenidos que contraen, o corren el riesgo de contraer, el virus COVID-19.
Estas medidas serían compatibles con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (revisadas y adoptadas como las "Reglas de Nelson Mandela"), en las que se detallan las medidas destinadas a garantizar la higiene personal adecuada, la salud y la seguridad de los reclusos, así como el asesoramiento específico emitido por el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura.
Saludamos la medida adoptada por varios países, entre ellos el Turquía, Túnez, Etiopía, Indonesia, Senegal y Bahrein, de comenzar a liberar a personas privadas de la libertad en un esfuerzo por reducir el hacinamiento y prevenir la propagación del virus. Instamos a estos y otros países a que incluyan a los DDH entre los que deben ser liberados inmediatamente. Muchos países han excluido de la liberación a los presos condenados por delitos relacionados con el terrorismo, penalizando de esa manera a los DDH indebidamente penalizados bajo falsos cargos de terrorismo. Los DDH deberían estar exentos de tales descalificaciones generales ya que su trabajo en materia de derechos humanos no debe ser confundido con el terrorismo.