Desde el 28 de abril de 2021, Colombia vive jornadas de protestas sociales mayoritariamente pacíficas que han sido reprimidas por parte de la fuerza pública con un uso excesivo de la fuerza y de la violencia sin precedentes. Convocadas inicialmente para protestar contra el ya retirado proyecto de reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque, las protestas se han ampliado y se suman a un descontento generalizado para solicitar reformas al sistema de salud, exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2016 y denunciar losgraves abusos y violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública contra manifestantes, incluidos asesinatos, actos constitutivos de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violencia sexual basada en género.
En este marco de violencia y represión de la protesta social, el trabajo llevado a cabo por las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos para monitorear las manifestaciones y el actuar de la fuerza pública de Colombia son esenciales para la protección de las y los manifestantes, así como para recopilar información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra. Sin embargo, el Estado no sólo está fallando en su deber de implementar políticas de protección para quienes monitorean las protestas, sino que está cometiendo agresiones directas en su contra, principalmente por parte de integrantes de la Policía Nacional y de su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
De acuerdo con los datos publicados por la ‘Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas [1] ’, hasta el 30 de junio de 2021, al menos 298 personas defensoras de los derechos humanos que ejercen un trabajo de monitoreo han sido agredidas en el marco de las protestas. Estas agresiones incluyen 34 detenciones arbitrarias o amenazas de detención, 117 casos de lesiones personales, un homicidio, 112 actos de estigmatización y 18 casos de violencia basadas en género. Es especialmente preocupante la situación en la ciudad de Bogotá, con 118 agresiones contra personas defensoras, así como en los departamentos del Valle del Cauca, el Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Nariño y Atlántico.
El informe “El riesgo de defender la libertad en las calles”, publicado por la ‘Campaña Defender la Libertad’ el 6 de julio de 2021, señala además que, con el objetivo de impedir la verificación de la situación de derechos en las protestas, agentes de la policía usan su armamento y escudos para golpear e impedir el acceso a los lugares de detención, así como para impedir el registro audiovisual.
Además, las autoridades colombianas han estigmatizado públicamente el trabajo de monitoreo llevado a cabo por las organizaciones de derechos humanos, señalando que sus denuncias de violaciones de derechos humanos tienen por objetivo “acabar con la Fuerza Pública”, e incluso señalándolas como cómplices de la violencia que está viviendo el país.
Asimismo, la ‘Campaña Defender la Libertad’ también ha registrado en Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca y Bogotá, agresiones cometidas por personas armadas no identificadas, que incluyen amenazas de muerte, disparos con armas de fuego y violencia de género contra mujeres defensoras de los derechos humanos.
El Observatorio rechaza contundentemente los hechos de violencia cometidos contra las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que están monitoreando las protestas sociales en Colombia, y reitera su más alta preocupación por la represión sin precedentes ejercida contra las y los manifestantes. En este sentido, en el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 7 de julio de 2021 tras su visita a Colombia entre el 8 y el 10 de junio de 2021, este organismo expresó preocupación por la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social, así como por las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas en este marco y las inconsistencias en el registro de cifras por parte del Estado. La CIDH llamó además a las autoridades colombianas a abstenerse de estigmatizar públicamente a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos.
El Observatorio urge a las autoridades colombianas a cesar de manera inmediata el hostigamiento contra las personas defensoras de derechos humanos y la represión contra manifestantes, a investigar todos los hechos de violencia arriba mencionados y adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.