Las fuerzas armadas han llevado a cabo una campaña de ataques e intimidación contra las personas defensoras de los derechos humanos y los grupos de la sociedad civil para silenciar toda forma de protesta y disidencia. Tras el golpe de Estado, miles de personas de todo el país se reunieron pacíficamente para protestar por la toma de poder y para pedir el fin de la dictadura militar. Dos meses después, mientras continúan las manifestaciones para pedir la restauración del gobierno civil electo en el país, también han aumentado las represalias violentas, y a menudo mortales, contra los/as manifestantes. La policía y las fuerzas armadas están haciendo un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, deteniendo y encarcelando arbitrariamente a manifestantes pacíficos/as y sometiendo a muchas de estas personas a tortura y otras formas de maltrato, como la negativa del acceso a la atención médica. Más de 500 civiles han muerto en la actual ola de represión.
El 14 de febrero de 2021, la junta modificó la Ley de Enmienda del Código de Procedimiento Penal para autorizar que no se pueda solicitar la libertad bajo fianza para varios delitos y que se permita la detención sin orden judicial en esos casos. Entre las modificaciones, existen varias disposiciones que criminalizan a los/as manifestantes por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión: toda persona que critique el golpe militar por cualquier medio puede ser castigada. Estas enmiendas han dado lugar a más detenciones indiscriminadas, con más de 3000 personas arrestadas en los últimos dos meses. Mientras que numerosas personas detenidas ya han sido imputadas, muchas otras siguen a la espera de órdenes de detención pendientes y se cree que otras han desaparecido. Varias han muerto cuando se encontraban bajo custodia. Aunque se ha documentado bien la brutal represión de las protestas, se han cubierto en menor medida las repercusiones para las personas defensoras de los derechos humanos que organizaron las manifestaciones, ayudaron a las personas heridas e informaron de las violaciones de los derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos y los/as periodistas que han documentado las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas han sufrido palizas, detenciones, amenazas de despido o allanamiento de sus viviendas y lugares de trabajo. Las fuerzas armadas han adoptado una doble estrategia: silenciar sin piedad las voces independientes mientras tratan de extender la desinformación para confundir a la población. Los constantes cortes e interrupciones de Internet con intención de desalentar las protestas y el Movimiento de Desobediencia Civil [1].han dificultado el acceso a información fiable y reciente. Además, la vigilancia digital y los toques de queda han dificultado aún más los intentos de comprobar y difundir información. Con el bloqueo de las transferencias de fondos y las unas infraestructuras bancarias gravemente limitadas, resulta cada vez más difícil para las organizaciones de la sociedad civil mantener su vital trabajo.
Las personas defensoras de los derechos humanos se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a los ataques contra ellas. Se han emitido órdenes de detención contra varias personas defensoras y miembros de la sociedad civil, y muchas han sido declarados en rebeldía. Las familias de las personas defensoras de los derechos humanos también han sido objeto de incesantes amenazas, intimidación y acoso por parte de las autoridades. Se ha detenido aproximadamente a 40 periodistasque estaban informando sobre las protestas y se han prohibido o cerrado varios medios de comunicación. Las personas defensoras de los derechos humanos de las zonas rurales, entre ellas las zonas de Kachin, Karen, Karenni, Chin y Mon, también han sido objeto de ataques. Las oficinas de las organizaciones de derechos humanos en estas zonas han sido allanadas y saqueadas por las fuerzas de seguridad, y las personas defensoras han sido encarceladas, o incluso asesinadas, como puede en el caso del asesinato de la defensora de los derechos humanos de las mujeres, Ma Ah Khu, de Women for Justice. Para las personas defensoras de los derechos humanos del medio rural, trasladarse a lugares seguros resulta más difícil que para quienes se encuentran en las ciudades, debido a la falta de recursos.
El 27 de marzo de 2021, en el Día de las Fuerzas Armadas, el ejército mató a más de 110 personas en todo el país, en la jornada más sangrienta desde el golpe de Estado. Un día antes, el 26 de marzo, la cadena de televisión estatal MRTV advirtió a las personas manifestantes que podrían “recibir disparos en la cabeza y por la espalda”. El 30 de marzo, la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) informó de que se habían producido 521 víctimas mortales desde el golpe militar de febrero.
El 25 de marzo de 2021, en una declaración, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, advirtió del probable empeoramiento de la situación en el país en caso de que no se produjese una respuesta internacional inmediata y firme para apoyar a la población asediada.”
Front Line Defenders, Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Progressive Voice, Civil Rights Defenders, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y Reporteros Sin Fronteras se hacen eco de los llamados de la población de Birmania/Myanmar a favor de la democracia federal, y del derecho de la población a la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación y la libertad de expresión. Pedimos la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, entre ellas las defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil. Pedimos asimismo el cese de los ataques dirigidos contra las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil y sus familias. Las fuerzas armadas deben respetar la voluntad popular expresada en las elecciones del 8 de noviembre de 2020. Instamos asimismo a la comunidad internacional a que no reconozca a la junta militar como gobierno legítimo de Birmania/Myanmar, imponga un embargo de armas mundial al país, apoye la remisión de la situación de Birmania/Myanmar a la Corte Penal Internacional, active todas las medidas necesarias para que las fuerzas armadas abandonen el poder y ayude a proteger los derechos humanos en el país.