Washington, 3 de marzo de 2025. En esta audiencia regional, “Obligaciones estatales de derechos humanos en contextos de corrupción”, se destacaron casos concretos de corrupción en República Dominicana, Guatemala, Colombia, Venezuela y Brasil.
“A pesar de la existencia de marcos legislativos extensos a nivel nacional y compromisos internacionales y regionales para luchar contra este mal, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2024 muestra una falta de avances y retrocesos significativos en varios países. La falta de medidas efectivas para luchar contra la corrupción por parte de los Estados socava la democracia, fomenta la violación de los derechos humanos y constituye un incumplimiento a la obligación estatal de prevenir la violación de los derechos humanos,” resaltó Luciana Torchiaro, de Transparency International.
“El hecho de darle visibilidad al vínculo entre hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos nos permite ponerle una cara y circunscribir quienes son esas víctimas. Eso requiere romper los silos entre el mundo de los derechos humanos y el mundo de la lucha contra la corrupción y también documentar, denunciar, describir los hechos, los nexos causales y los impactos,” afirmó Jimena Reyes, directora de las Américas de la FIDH.
La corrupción judicial: una amenaza a la democracia
La impunidad respecto a la corrupción afecta el acceso a la justicia de múltiples maneras. Como resaltó Lissette González, de PROVEA, en Venezuela, se han constatado “diversas formas de corrupción judicial. En este mismo sentido, los medios de comunicación reportaron durante 2024 múltiples denuncias de extorsión por parte de funcionarios hacia las víctimas de la represión post electoral; exigiendo pagos para que estas personas pudieran obtener su liberación o mejoras en sus condiciones de reclusión. Esto es una violación del derecho a la libertad y a la integridad personal.”
Guatemala, también, ha sufrido un deterioro de sus instituciones democráticas, incluido el acceso a la justicia, debido a la corrupción. Héctor Reyes, del CALDH, echó luz sobre los mecanismos de persecución que perpetúan la impunidad: “Desde el cierre de la CICIG en 2019, la Fiscalía ha impulsado una campaña para bloquear investigaciones sobre casos de corrupción, mientras persigue a periodistas, defensores de derechos humanos, y jueces y fiscales comprometidos con la justicia. Muchos de estos valientes actores están entre rejas o han tenido que exiliarse. La reciente designación de los magistrados de las Salas y Corte de Apelaciones para el periodo 2024-2029, según una auditoría social, revela un tráfico de influencias y negocios fraudulentos para favorecer a magistrados afines. Esto socava de manera dramática la independencia judicial y el debido proceso, exacerbando la crisis de justicia que vive Guatemala.”
Una red de sobornos: corrupción del Estado por parte de empresas
A su vez, la audiencia resaltó que frecuentemente las empresas, a través de sobornos a funcionarios, incumplen sus obligaciones legales u obtienen indebidamente contratos públicos o concesiones, ejemplificada en el caso de la constructora Odebrecht, que ha tenido un impacto grave en varios países. El caso Odebrecht fue el mayor caso de corrupción y blanqueo de dinero jamás enjuiciado en Brasil, y tuvo ramificaciones en al menos una docena de países.
Guilherme France, de Transparência Internacional Brasil, describió cómo esta empresa vulneró los derechos humanos en Brasil y afectó a otros países de la región: “Odebrecht violó los derechos políticos de millones de brasileños al financiar ilegalmente partidos políticos y campañas electorales. Sus proyectos de infraestructura en la Amazonia no sólo fueron más costosos de lo previsto, sino que también produjeron inmensos daños sociales y ambientales a las comunidades locales. Casos e investigaciones de toda América Latina se han estancado porque las autoridades brasileñas se niegan a cooperar y hacen caso omiso de sus obligaciones en materia de cooperación jurídica internacional. Si Brasil primero exportó corrupción, ahora exporta impunidad.”
República Dominicana es uno de los países a los cuales se exportó corrupción –e impunidad– a través de este conglomerado brasileño. Sobornos por parte de Odebrecht –a altura de 39 millones de dólares– al gobierno dominicano llevaron a la aprobación irregular de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), la cual ha generado graves impactos ambientales y de derechos humanos, incluyendo enfermedades relacionadas a la inhalación de partículas tóxicas y el fallecimiento de más de 6.000 personas. Euren Cuevas Medina, de INSAPROMA, explicó que, mediante un informe que se elaboró conjuntamente con la FIDH, “se pudo evidenciar cómo la contaminación generada por la CTPC vulnera derechos fundamentales como a la salud, a un ambiente sano y una vida digna de la población de Peravia. Todo esto en franca violación del mandato constitucional y legal de la descarbonización, violación de los derechos humanos y ambientales. Todavía al día de hoy el acto de corrupción de Punta Catalina no ha sido sometido a la justicia, lo que se traduce en impunidad corporativa.”
En Colombia, el ejemplo del caso Ruta del Sol II ilustra el impacto de Odebrecht y ejemplifica los retos para lograr la reparación. Un consorcio vinculado a los actos de corrupción de Odebrecht y sus socios tenía a cargo la construcción de vías. A pesar de la vulneración de varios derechos colectivos de comunidades, el Consejo de Estado revocó el pago de perjuicios –193 millones de dólares aproximadamente, obtenido en primera instancia– dejando a múltiples comunidades sin reparación. Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, resaltó la importancia de la obligación de los Estados a reparar los daños causados por la corrupción: “La corrupción … afecta de manera grave a grupos históricamente marginados y vulnerables. Cuando se presenta un hecho de corrupción, las víctimas tienen el derecho a ser reconocidas, a participar de los procesos judiciales, y a recibir una reparación integral por los perjuicios causados con el fin de garantizar y restablecer sus derechos. ... No basta con sancionar a los responsables, sino que también es necesario que los Estados adopten medidas que restablezcan los derechos de las víctimas y aseguren la no repetición de los hechos.”
Samari Gómez, de Acción Ciudadana, explicó cómo la corrupción en el contexto de la crisis sanitaria de Covid-19 impactó en el derecho a la salud en Guatemala. El gobierno firmó en 2021 un contrato con la empresa Human Vaccine; la opacidad en las negociaciones, los contratos perjudiciales y la mala administración de recursos destinados a la salud también tuvieron consecuencias fatales. “Durante la pandemia, la corrupción en la adquisición de las vacunas no solo desvió recursos vitales, sino que también puso en riesgo la vida de miles de personas, quienes podrían haber recibido las dosis necesarias para salvar sus vidas si el gobierno hubiera actuado con transparencia y eficiencia. La falta de sanciones a los responsables y el manejo irresponsable de los recursos públicos demuestra una grave violación de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, a la vida y a la justicia."
Asimismo, Magalis Leison, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en República Dominicana, denunció que "La venta a un precio irrisorio de los terrenos en Los Tres Brazos es un caso de gravísima corrupción que vulnera el derecho a la vivienda. Pues, si bien se logró la participación de más de cien habitantes de Los Tres Brazos en el proceso judicial por corrupción, este caso sigue impune, a pesar de casi una década de lucha por parte de las víctimas." Este caso trata la venta ilegal por parte de la entidad pública encargada de la administración de los bienes del Estado dominicano a una empresa privada. Los habitantes del barrio de Los Tres Brazos fueron obligados a comprar sus propias viviendas a precios exorbitantes o, de lo contrario, a ser expulsados del terreno.
Por otro lado, se resaltó durante la audiencia cómo la corrupción ha afectado el derecho a vivir en un ambiente sano. Por ejemplo, en Colombia, Rosa María Mateus, del CAJAR, describió cómo la corrupción es parte de estrategias más amplias de captura corporativa; enumerando las numerosas tácticas de interferencia de las industrias extractivas: entre ellas los lobbies en los congresos, la cooptación de medios de comunicación, el pago de expertos con conflicto de interés, puertas giratorias y la creación de alarma económica. Explicó que se aprovechan “de vacíos (legales) para obtener licencias de exploración, explotación y permisos de vertimiento que pueden poner en riesgo otros derechos humanos y ambientales de comunidades,” advirtiendo igualmente acerca de prácticas de “cooptación de líderes comunitarios de zonas vulnerables.”
Las organizaciones solicitaron de forma enérgica a la CIDH seguir visibilizando el impacto negativo de la corrupción. En particular sugirieron a la Comisión “incorporar en su planificación institucional una área específica de corrupción y derechos humanos, así como designar a uno de sus funcionarios como punto focal y especialista en el tema”, como destacó Ramiro Orias, de la Fundación para el debido proceso (DPLF), contribuyendo así al crucial reconocimiento de las víctimas de corrupción como víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En la audiencia participaron la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Transparencia Internacional, Transparência Internacional (Brasil), CAJAR - Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Colombia), Transparencia por Colombia, CALDH - Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Guatemala), Acción Ciudadana (Guatemala), INSAPROMA - Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (República Dominicana), CNDH-RD - Comisión Nacional de los Derechos Humanos (República Dominicana), PROVEA - Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Venezuela) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
