Aunque reconocemos los límites del actual sistema político establecido por la Constitución de 2014, pedimos que cualquier reforma de este sistema se lleve a cabo respetando plenamente el orden constitucional y, en particular, la separación de poderes, a la vez que se garantizan todas las libertades fundamentales y los derechos humanos.
Es posible que sea necesario repensar el sistema político y reformar la Constitución de 2014, pero el poder presidencial no puede dictarlas de forma unilateral sin que se produzca un debate plural y un control efectivo.
El Decreto Presidencial nº 117 ha suspendido la Constitución de 2014, salvo el preámbulo y los dos primeros capítulos que contienen las disposiciones generales y las disposiciones sobre los derechos y libertades. Las disposiciones transitorias otorgan al presidente de la República la prerrogativa exclusiva de legislar en todos los ámbitos, tanto relacionados con la organización de la justicia y el poder judicial, como con la organización de la información, la prensa, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, las organizaciones y los colegios profesionales, así como su financiación, la organización de las fuerzas de seguridad interna y las aduanas, la ley electoral, las libertades y los derechos humanos, el estatuto personal o el poder local, y la ley orgánica de presupuesto. La presidencia va aún más lejos e invierte la norma universal de la supremacía de la Constitución al situar los decretos ley presidenciales por encima de la carta magna. Los capítulos de la Constitución que se mantienen únicamente se respetarán cuando no contravengan las medidas excepcionales y los decretos ley presidenciales.
En la actualidad, las leyes ya no se basan en la Constitución y no es posible interponer ningún recurso contra los decretos presidenciales. Se ha suspendido el órgano provisional de control de la constitucionalidad de las leyes. El presidente de la República ejerce todos los poderes ejecutivos, para lo que cuenta con un gobierno que actúa totalmente a discreción del presidente, que preside a su vez el Consejo de Ministros. Todos estos poderes se confieren a la Presidencia sin límite de tiempo.
Con una aparente hoja de ruta, el presidente y la comisión que lo respalda, se encargará de elaborar las reformas políticas necesarias para establecer "un verdadero régimen democrático en el que el pueblo sea el titular efectivo de la soberanía". Contrariamente a lo proclamado en repetidas ocasiones por el presidente de la República, este no ha realizado avances en la lucha contra la corrupción ni contra la impunidad, ni respecto a los mártires de la revolución, la justicia transicional, los asesinatos políticos y el terrorismo. No hay tampoco un programa claro sobre el modo de poner fin a la crisis económica que asola Túnez desde hace años. Túnez, que hasta ahora ha sido el único país de la región que infundía esperanza de que se produjese un cambio real, parece haber dado la espalda a la democracia emergente.
A lo largo de la historia, hemos visto en numerosas ocasiones las graves consecuencias que tiene para los derechos humanos la toma del poder por parte del ejecutivo o de la autoridad presidencial. Recordamos que el derecho internacional de los derechos humanos autoriza, en condiciones muy determinadas, la promulgación de poderes de emergencia, aunque se trata de derogaciones temporales estrictamente condicionadas por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, que deben contar con un riguroso control judicial. El derecho internacional exige por encima de todo que las situaciones de emergencia se resuelvan en el marco del Estado de derecho. Cualquier cambio que se realice en la estructura política o constitucional debe producirse en el marco previsto por la Constitución, que establece las condiciones para su propia modificación con pleno respeto del proceso democrático.
Ante la alarmante deriva a la que asistimos, las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional denuncian firmemente las decisiones que ha tomado unilateralmente el presidente Kais Said, reafirman su respaldo inquebrantable a los principios democráticos y condenan la toma del poder y la falta de todo tipo de garantías. Nos comprometemos a apoyar todo proceso encaminado a superar la actual crisis política y constitucional a condición de que respete el Estado de derecho, las garantías de los derechos humanos y la expresión democrática de las aspiraciones del pueblo.