El 9 de abril de 2016, las fuerzas del orden reprimieron violentamente la manifestación organizada por la Unión General de Estudiantes de Túnez (UGET) en la Avenida Bourghiba, mediante el uso de gases lacrimógenos, agredieron a los manifestantes causando numerosos heridos y algunos de ellos fueron trasladados al hospital. Por otra parte, siete de los manifestantes fueron detenidos y posteriormente liberados, pero se iniciaron actuaciones judiciales que les obligaron a presentarse ante el juez el 11 de abril. Su juicio ha sido aplazada hasta el 26 de mayo.
Los manifestantes son diplomados en situación de desempleo a los que se prohibía, en el periodo del antiguo régimen, trabajar en el sector público en razón de su participación sindical y política. Sus reivindicaciones se refieren al derecho al trabajo.
Tras las numerosas manifestaciones y sentadas organizadas por los diplomados en situación de desempleo, el 18 de enero el jefe del Gobierno reconoció la legitimidad de sus reivindicaciones y se comprometió a incluirlos en el sector público. La falta de seguimiento de estas declaraciones ha provocado manifestaciones violentamente reprimidas por las fuerzas del orden.
Varios diputados de la Asamblea de Representantes del Pueblo fueron igualmente víctimas, tanto física como verbalmente, de la violencia policial, cuando intervenían para apaciguar la tensión entre las fuerzas del orden y los manifestantes.
Por otra parte, nuestras organizaciones deploran la ausencia de una pronta y adecuada reacción por parte de las autoridades tunecinas ante las aspiraciones y reivindicaciones de justicia social expresadas por un amplio sector de la sociedad y de la juventud del país.
Nuestras organizaciones instan a las autoridades tunecinas a actuar dentro del estricto respeto de la Constitución y de las obligaciones internacionales contraídas por Túnez, particularmente el derecho de reunión pacífica, tal como garantiza el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Túnez.