Resolución sobre violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Siria,
Presentada por el Centro de Estudios de Derechos Humanos de Damas (DCHRS)
La situación de los derechos humanos en la República Árabe de Siria se deterioró drásticamente en el 2009. Durante ese año las autoridades sirias y, en particular, los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos. En un clima de impunidad, se dieron casos de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. El 21 de marzo de 2010, la fuerzas de seguridad sirias dejaron al menos una persona muerta y varios heridos durante una celebración del Año Nuevo kurdo en el norte de Siria. La violencia contra las protestas, celebraciones, manifestaciones de los kurdos es reccurente. Las fuerzas de seguridad arrestaron y detuvieron individuos - incluyendo activistas y opositores al régimen - sin debido proceso. Los detenidos son frecuentemente torturados y víctima de malos tratos en los centros de detención. Las detenciones preventivas prolongadas y las detenciones incomunicado siguen siendo un grave problema. En el transcurso del año, el gobierno condenó con penas privativas de libertad a varios defensores de derechos humanos destacados. El gobierno impuso restricciones significativas a las libertades de expresión, prensa, reunión, asociación y movimiento.
Defensores de derechos humanos y activistas de la oposición, independientemente de su afiliación política, enfrentan la represión del régimen sirio. Los defensores son a menudo procesados y condenados por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación. Violaciones del derecho a un debido proceso son habitualmente observadas en todas las fases de los procedimientos judiciales y los actos de maltrato y la tortura han sido denunciados de forma regular durante las detenciones por los servicios de seguridad del Estado o durante la detención.
La reciente detención y encarcelamiento de abogados y defensores de derechos humanos como Muhannad Al Hassani y Haitham Al Maleh, el cierre del Centro Sirio por los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión son ejemplos concretos y recientes de las violaciones sistemáticas de la libertad de asociación y expresión y la represión de defensores de los derechos humanos independientes. Algunos han sido condenados en los últimos años a duras penas de cárcel. Kamel Al Labwani fue sentenciado a 12 años de prisión en mayo de 2007, por "comunicarse con un país extranjero e incitación a agredir a Siria".
El régimen sirio sigue impidiendo cualquier avance democrático. La relativa tranquilidad que siguió a la ola de represión contra los miembros de la Primavera de Damas en 2001 terminó en particular, con la publicación de nuevos textos que pedían reformas democráticas. Hoy en día, varios activistas de la oposición y defensores de los derechos humanos siguen detenidos por haber firmado la Declaración de Damas en el 2006 y haber organizado la implementación de la Declaración de Damas por el Cambio Nacional Democrático.
Disposiciones jurídicas vagas, así como los artículos 285 y 286 del Código Penal, facilitan el uso de los tribunales con fines políticos. La falta de independencia del poder judicial y los procesos arbitrarios también llevan a violaciones del derecho a un debido proceso. Los tribunales militares y las Cortes de Seguridad del Estado se utilizan con frecuencia para condenar a prisoneros de opinión.
El carácter arbitrario de las detenciones y condenas ha sido ampliamente reconocido, ya sea por la Unión Europea o por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias.
Las denuncias de tortura y malos tratos, especialmente contra los prisioneros de conciencia, son recurrentes. Los detenidos también sufren regularmente de falta de atención médica adecuada. El encarcelamiento de presos de conciencia y defensores de derechos humanos con presos de derecho común, alentados a supervisar, amenazar o atacar a los primeros, es una práctica recurrente.
El régimen sirio no tolera ningún partido político aparte del partido de gobierno, el partido Baath. Todos los demás partidos y movimientos políticos son tratados como organizaciones ilegales, y por lo tanto, sus socios están sujetos a enjuiciamiento en virtud del artículo 288 del Código Penal.
Personas vistas como posibles amenazas para la imagen de Siria son a menudo impedidos de salir del país. Esta práctica se ha generalizado en los últimos años contra militantes políticos y de derechos humanos. Esta medida represiva tiende a extenderse a sus familiares y otros sectores de la sociedad civil. Representantes de las comunidades culturales y académicos también se vieron afectados por esta prohibición en los últimos años.
Los militantes de la oposición y los defensores de derechos humanos kurdos son generalmente más afectados. Arrestos, detenciones secretas, los juicios violatorios del debido proceso, la tortura y / o maltratos son reportados con frecuencia. La discriminación cotidiana contra la minoría kurda ha sido constantemente denunciada por organismos de la ONU a lo largo de los últimos años.
Varios miembros de la minoría kurda no son reconocidos como sirios. Sin documentos de identidad, documentos de viaje, certificados de nacimiento, no pueden acceder a hospitales públicos, empleo en la administración pública o cualquier otra profesión que requiera la pertenencia a una organización de profesionales (abogados, periodistas, ingenieros, médicos, etc.). Ya no pueden hacer valer el derecho a la propiedad ni votar y se les impide salir del país. El uso de la lengua kurda está estrictamente limitado, está prohibido en las escuelas y lugares de trabajo.
En los últimos dos años, 26 soldados de origen kurdo fallecieron en dudosas circunstancias durante su servicio militar obligatorio. Ninguna investigación sobre las circunstancias de su muerte ha sido llevada a cabo.
Por último, la República Árabe Siria es reconocida como uno de los peores censores del web y de la prensa en el mundo.
A la víspera del Día Nacional de Siria, el 17 de abril, y del 10 º aniversario del acceso de Bashar Al Assad al poder, el 17 de julio de 2010, el Congreso de la FIDH:
Insta al Gobierno de la República Árabe Siria a:
Respetar sus obligaciones amparadas en las normas internacionales de derechos humanos, incluidos todos los tratados de los cuales es Parte, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura;
Levantar el Estado de emergencia en vigor desde hace 47 años;
Liberar a todos los defensores de derechos humanos y activistas encarcelados por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y poner fin a todas las formas de hostigamiento, incluyendo acciones legales contra los defensores de derechos humanos y activistas de la oposición;
Garantizar a los presos un debido proceso, el acceso a una atención médica adecuada, a los abogados y a sus familiares;
Disolver los Tribunales de Seguridad del Estado y todas las jurisdicciones de excepción y asegurar todas las garantías del derecho a un debido proceso y la independencia del poder judicial;
Poner fin de inmediato a todas las prácticas de tortura y malos tratos, investigar inmediata e sistemáticamente los casos de tortura, y sancionar a sus autores y patrocinadores en conformidad con las disposiciones de la CAT;
Poner fin a todas las medidas represivas contra activistas de la oposición, defensores de derechos humanos y sus familiares;
Levantar todas las restricciones de viaje expedidas contra los activistas sirios y poner fin al sistema de "lista negra";
Poner un término a la discriminación y al hostigamiento contra la minoría kurda en Siria y cumplir estrictamente con las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial;
Insta a las Naciones Unidas, la Unión Europea y los gobiernos nacionales a:
Apoyar a los defensores de derechos humanos en Siria;
Pedir al gobierno sirio que libere a todos los presos de conciencia detenidos por el ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales, así como todos los prisioneros y detenidos encarcelados tras acusaciones tan vagas como "debilitar el sentimiento nacional" (artículo 285 del Código Penal), "difusión de información que se sabe falsa o debilitar el sentimiento nacional" (artículo 286), "pertenencia a una asociación que tiene como objetivo cambiar la estructura económica o social del Estado" (artículo 306), etc;
Pedir al gobierno sirio que garantice el pronto acceso de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, como el relator especial de la ONU sobre tortura y el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, que han estado pidiendo realizar visitas de países en Siria;
Instar a las autoridades sirias a cumplir plenamente sus obligaciones internacionales de derechos humanos y para condicionar la cooperación de la ONU con la República Árabe Siria al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.