Llamado conjunto a la acción realizado por 13 organizaciones de la sociedad civil nacionales, regionales e internacionales
A la vista de los debates actuales del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Libia, las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes hacen un llamamiento a los Estados miembros del Consejo para que apoyen la creación de un mecanismo independiente con el mandato de establecer los hechos y de investigar las graves violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario cometidas en el país desde el final del mandato de la Comisión Internacional de Investigación en 2012, para identificar, hasta donde sea posible, a los responsables, y velar por el establecimiento de responsabilidades, de la justicia, la verdad y la reparación.
La investigación independiente, efectiva y transparente de las violaciones pasadas y actuales jugaría un papel crucial en la adopción y aplicación de un acuerdo que podría alcanzarse dentro del actual contexto de diálogo político, que incluye en su lista de prioridades la creación de un Gobierno de unidad, un acuerdo de alto al fuego y la preservación del trabajo de la Asamblea Constituyente. Todas las facciones armadas que operan en el país, estatales y no estatales, deben comprender que sus acciones están sometidas a vigilancia e investigación y que el establecimiento de responsabilidades por los delitos que cometen es una posibilidad real.
Las graves violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario que tienen lugar en Libia de forma generalizada y continuada se han intensificado drásticamente tras el recrudecimiento de los combates en mayo de 2014 y, hasta el momento, todas las partes intervinientes actúan con absoluta impunidad. Durante el año 2014, varios cientos de personas fueron asesinadas y más de 400.000 se vieron obligadas a desplazarse internamente a 25 ciudades del país. Han aumentado los ataques directos e indiscriminados contra la población civil, las ejecuciones ilegales, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas y otros malos tratos, dirigidos contra agentes de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación. Ha aumentado igualmente los casos de detención arbitraria.
Se teme también que continúe la presencia de armas químicas [1], inclusive de gas mostaza y del agente neurotóxico sarín, que datan de la época de Gadafi. Dada la situación general de seguridad, el riesgo de que estas armas químicas puedan llegar a manos de diferentes facciones armadas, entre ellas a las del Estado Islámico, es real.
La situación en Libia ya ha pasado de ser una crisis política que se apoya en conflictos armados a ser un auténtico conflicto armado en el que los líderes de los diferentes grupos armados y sus respectivos aliados se alzan como verdaderos agentes de poder.
Los grupos armados de todos los bandos han cometido violaciones generalizadas de los derechos humanos en todo el país, contra la población civil, incluidos los defensores y defensoras de los derechos humanos, mujeres, niños, etnias minoritarias y extranjeros, además de atacar las infraestructuras esenciales y las instituciones estatales clave. Se incluyen ataques documentados a instalaciones médicas, ministerios [2], juzgados, [3] aeropuertos usados para aviación civil, escuelas, medios de comunicación y yacimientos de petróleo. A pesar de esto, más de 200.000 combatientes y miembros de diversas milicias continúan recibiendo financiación del Gobierno central, según la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia). [4] Diversos participantes en las conversaciones políticas actuales han llevado a cabo ataques contra población y barrios civiles, como forma de presión para imponer sus demandas.
Asimismo, pedimos al Consejo que recuerde a Libia su obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI), según el mandato de la Corte contenido en las resoluciones 1970 y 2174 del Consejo de Seguridad de la ONU, para que examine todos los hechos presuntamente constitutivos de crímenes internacionales, incluidos los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, que han tenido lugar en Libia desde febrero de 2011. Observamos con preocupación que la CPI no ha iniciado aún investigaciones sobre sucesos recientes que son de su competencia.
Recordamos las palabras de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en su último informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ponía de manifiesto el alarmante deterioro de la situación y pedía la creación de un grupo internacional de contacto sobre cuestiones de justicia, a través del que se pudiera ofrecer asistencia material, jurídica y de otro tipo a Libia. La fiscal también indicaba que la CPI se ha "comprometido a velar por el respeto y el avance de la justicia y la rendición de cuentas en Libia." [5]
En este contexto, las organizaciones de derechos humanos mencionadas señalan que se han presentado al fiscal general de Libia cientos de casos de presuntas violaciones graves a manos de diversos grupos armados, incluidos asesinatos extrajudiciales, el uso generalizado de la tortura y de la detención arbitraria durante 2012, 2013 y 2014, sin que se hayan tomado medidas concretas hasta la fecha para lograr el establecimiento de responsabilidades. Los juzgados nacionales de Libia no pueden procesar a los presuntos autores de delitos graves debido a las continuas amenazas que los grupos armados realizan contra los jueces, abogados y fiscales.
Los esfuerzos del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para luchar contra la situación en Libia a través de asistencia técnica ya no reflejan de forma adecuada la gravedad y la urgencia de la situación sobre el terreno. La actual crisis humanitaria y de derechos humanos por la que pasa Libia recae directamente dentro del mandato del Consejo de "ocuparse de las situaciones en que se infrinjan los derechos humanos, incluidas las infracciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto" y de "responder con prontitud a las situaciones de emergencia en materia de derechos humanos".
La respuesta del Consejo a la crisis de derechos humanos que afecta a la población de en Libia debería reflejar de forma adecuada la cada vez más urgente crisis y, por tanto, instamos a que se establezca un mecanismo de investigación independiente dotado de los recursos adecuados.