Además, las organizaciones han publicado hoy un informe que incluye testimonios directos de sobrevivientes. Ofrece un análisis de las conclusiones sobre los crímenes de lesa humanidad presentadas en la Comunicación presentada a la CPI y examina las políticas de la Unión Europea para evitar que los migrantes y refugiados lleguen a Europa a través de Libia. El informe sostiene que las políticas de la UE han atrapado a los migrantes y refugiados en Libia, contribuyendo así de forma significativa a esta grave situación.
"En Libia, los migrantes son objeto de crímenes que todavía hoy les traumatizan y se han perdido muchas vidas. La verdad sobre estos crímenes debe conocerse y los autores deben rendir cuentas. Creo en la defensa de los derechos humanos y por eso estoy de acuerdo en que se emprendan acciones legales en la CPI",
Tanto el informe como la presentación de la CPI se basan en entrevistas en profundidad con 14 supervivientes que ahora se encuentran en refugios seguros fuera de Libia, así como en una amplia investigación y revisión de los informes publicados por la ONU y las organizaciones de la sociedad civil. Las conclusiones de este trabajo muestran que miles de migrantes y refugiados que atraviesan Libia están sometidos a un ciclo continuo de abusos generalizados y sistemáticos. Los actores estatales y no estatales libios se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de quienes buscan seguridad o mejores oportunidades. Esta explotación mediante la detención, la esclavitud, la extorsión y la tortura se ha convertido en una importante fuente de ingresos en la economía de conflicto de Libia. La Comunicación presentada a la CPI analiza los crímenes cometidos y destaca la responsabilidad individual de los autores de alto rango.
"La escala extrema, la naturaleza sistémica y la gravedad de los abusos sufridos por los migrantes y refugiados en Libia justifican la intervención de la CPI. Nuestro análisis de la información procedente de fuentes públicas fiables y de los testimonios de los supervivientes muestra claramente que muchos de estos abusos pueden constituir crímenes de lesa humanidad."
Durante 10 años, la CPI ha estado investigando la situación en Libia sin abrir un caso sobre crímenes contra migrantes y refugiados. Hoy, por vigésima segunda vez, el fiscal de la CPI informa al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los avances de esta investigación.
"A pesar de los urgentes llamamientos del ex fiscal de la CPI para poner fin a la impunidad en Libia, los crímenes continúan. Estamos convencidos de que sólo la CPI puede hacer frente a la complejidad del sistema penal destinado a explotar el sufrimiento humano de los migrantes y refugiados en Libia. Por lo tanto, pedimos al actual fiscal, el Sr. Karim Khan, que tome finalmente las medidas necesarias para llevar a los autores de estos crímenes ante la justicia".
Aunque la UE es consciente de los crímenes internacionales contra los migrantes y refugiados en Libia, ha mantenido sus esfuerzos para contener a los migrantes fuera de sus fronteras. También apoya a la Guardia Costera Libia (LCG) con formación y apoyo financiero para interceptar y devolver a los que intentan huir, a pesar de que también se sabe que la LCG comete violaciones de los derechos humanos.
"Aunque no se trata de un problema nuevo, desde el derrocamiento del régimen de Gadafi en 2011 y el estallido del conflicto, la magnitud de los abusos contra los refugiados y los migrantes en Libia ha alcanzado proporciones escandalosas. El Estado libio debe asumir la responsabilidad de estos graves crímenes contra quienes se encuentran en su territorio y tomar medidas serias para poner fin al ciclo de abusos que prevalece y que queda impune en Libia"
Por ello, el informe público pide a la UE y a los Estados europeos que detengan inmediatamente las devoluciones a Libia, que respeten sus obligaciones internacionales y que suspendan toda forma de apoyo y asistencia a las autoridades libias en relación con las políticas de gestión de la migración. La continuidad del apoyo a las autoridades libias debe estar condicionada a la provisión de garantías suficientes para asegurar la protección de los derechos humanos de los refugiados y los migrantes y el establecimiento de un sistema de asilo adecuado para hacer valer el derecho a la protección internacional en Libia.
Vea aquí el informe (en inglés)