La justicia española se declara competente para investigar los crímenes de guerra cometidos en Gaza en 2002 - El fiscal no interpuso recurso de apelación

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro Palestino por los Derechos Humanos (Palestinian Center for Human Rights, PCHR) se felicitan por la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de España, de 29 de enero de 2009, al admitir la querella por los crímenes cometidos en Gaza en el año 2002 y esperan que las autoridades de Israel cooperaran completamente con esta instrucción. No hubo apelación por parte del fiscal, entonces la resolución del juzgado español supone el inicio de la instrucción judicial por los crímenes de guerra cometidos en Gaza en 2002. El procedimiento se dirige contra siete oficiales israelís: Benjamin Ben-Eliezer, ex ministro de Defensa y actual ministro de Infraestructuras; Dan Halutz, comandante de las fuerzas aéreas israelíes en el momento de los hechos; Doron Almog, ex comandante de las fuerzas de defensa israelíes en Gaza; Giora Eiland, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad israelí; Michael Herzog, secretario militar del ministro de Defensa; contra Moshe Yaalon, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas; y contra Abraham Dichter, ex Director del Shin Beth.

Los hechos se remontan al 22 de julio de 2002, cuando un F-16 del ejército israelí lanzó una bomba de una tonelada dirigida contra un responsable de Hamas en el barrio de Al-Daraj, en la ciudad de Gaza, provocando la muerte de 14 civiles palestinos y del dirigente de Hamas. También 150 palestinos resultaron heridos.

En enero de 2006, el Tribunal Supremo israelí consideró que el bombardeo había sido proporcionado teniendo en cuenta que el objetivo militar era el asesinato del dirigente de Hamas contra el que se dirigió el ataque.

El 24 de junio de 2008 seis víctimas supervivientes interpusieron la querella criminal, como acusación particular, bajo el apoyo del PCHR,al amparo del principio de justicia universal con la finalidad de que los hechos fueran investigados y se exigieran las correspondientes responsabilidades penales individuales a los autores de los hechos.

"Esta decisión supone un paso importante en la lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos por el ejército israelí en la franja de Gaza", ha declarado Souhayr Belhassen, Presidente de la FIDH.

El ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales españoles no exige, de acuerdo con su legislación, la presencia de los inculpados en España y, de conformidad con el principio de concurrencia, solo se impediría esta investigación judicial si los hechos hubiesen sido juzgados en Israel o si existiera en curso una instrucción judicial efectiva y que garantice las reglas del debido proceso. Por tanto, el juez español se ha declarado competente después de constatar la voluntad de las autoridades israelíes de no perseguir y juzgar a los supuestos responsables de la muerte de las víctimas civiles palestinos. El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional también ha cursado comisión rogatoria internacional a las autoridades israelíes para que colaboren en la instrucción de la causa.

La decisión del Juzgado español mantiene inicialmente la calificación de crimen de guerra, sin perjuicio de estimar que los hechos también podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad, lo que se concretará a lo largo de investigación judicial.

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