Los hechos se remontan al 22 de julio de 2002, cuando un F-16 del ejército israelí lanzó una bomba de una tonelada dirigida contra un responsable de Hamas en el barrio de Al-Daraj, en la ciudad de Gaza, provocando la muerte de 14 civiles palestinos y del dirigente de Hamas. También 150 palestinos resultaron heridos.
En enero de 2006, el Tribunal Supremo israelí consideró que el bombardeo había sido proporcionado teniendo en cuenta que el objetivo militar era el asesinato del dirigente de Hamas contra el que se dirigió el ataque.
El 24 de junio de 2008 seis víctimas supervivientes interpusieron la querella criminal, como acusación particular, bajo el apoyo del PCHR,al amparo del principio de justicia universal con la finalidad de que los hechos fueran investigados y se exigieran las correspondientes responsabilidades penales individuales a los autores de los hechos.
"Esta decisión supone un paso importante en la lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos por el ejército israelí en la franja de Gaza", ha declarado Souhayr Belhassen, Presidente de la FIDH.
El ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales españoles no exige, de acuerdo con su legislación, la presencia de los inculpados en España y, de conformidad con el principio de concurrencia, solo se impediría esta investigación judicial si los hechos hubiesen sido juzgados en Israel o si existiera en curso una instrucción judicial efectiva y que garantice las reglas del debido proceso. Por tanto, el juez español se ha declarado competente después de constatar la voluntad de las autoridades israelíes de no perseguir y juzgar a los supuestos responsables de la muerte de las víctimas civiles palestinos. El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional también ha cursado comisión rogatoria internacional a las autoridades israelíes para que colaboren en la instrucción de la causa.
La decisión del Juzgado español mantiene inicialmente la calificación de crimen de guerra, sin perjuicio de estimar que los hechos también podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad, lo que se concretará a lo largo de investigación judicial.