El 20 de abril tres personas de primera línea en la defensa de los derechos humanos fueron citadas ante el tribunal en el marco de una investigación sobre la financiación de las ONG procedente del extranjero que empezó en 2011. Corren el riesgo de que se les imponga la congelación tanto de sus bienes personales como de los de sus organizaciones. Aunque actualmente hay once personas acusadas de forma nominativa, la investigación incluye a treinta y cinco ONG y el número de acusaciones y de cierres podría incrementarse en los próximos días y semanas.
Este nuevo deterioro de la situación se produce inmediatamente después de la visita oficial del presidente francés. Aunque el presidente de la República Francesa, durante la conferencia de prensa conjunta con su homólogo egipcio, habló públicamente de la "importancia de los derechos humanos y del Estado de derecho", más allá de estas palabras, no se dispone de información alguna sobre el hecho de que el compromiso de Francia en favor del régimen egipcio se haya visto condicionado a mejoras concretas en materia de respeto de los derechos humanos.
Desde 2013, y a pesar de que las autoridades y las fuerzas de seguridad egipcias cometen violaciones masivas de los derechos humanos, las ventas francesas de equipos que pueden utilizarse para la represión interna no han cesado, mientras que ambos países han seguido fortaleciendo su "colaboración estratégica".
Sin embargo, las fuerzas de seguridad egipcia utilizaron directamente vehículos blindados Sherpa vendidos por Francia [1] para reprimir en un baño de sangre la concentración del 13 de agosto de 2013 organizada por simpatizantes del depuesto presidente Mohammed Morsi, represión que produjo varios cientos de víctimas.
Contrariamente a sus obligaciones internacionales y a las conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de 21 de agosto de 2013, Francia ha mantenido la venta de equipos, a pesar de que las fuerzas de seguridad egipcias dispersan las sentadas y demás manifestaciones mediante el uso de la violencia y de una fuerza letal injustificada.
Las autoridades francesas no pueden limitarse a subrayar la importancia de los derechos humanos, deben distanciarse de esta dinámica de represión y condenar públicamente las persecuciones que sufren las ONG de defensa de los derechos humanos, tal como lo han hecho claramente en estas últimas semanas el Secretario General de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y las autoridades norteamericanas, alemanas y neerlandesas. Está en juego la credibilidad de Francia sobre el verdadero apoyo que ofrecen a las defensoras y defensores de los derechos humanos egipcios y a sus organizaciones, que deben poder realizar su labor con entera libertad.
Asimismo, instamos a Francia a que presente públicamente información detallada sobre la aplicación de las conclusiones del Consejo de Asuntos Extranjeros de la UE del 21 de agosto de 2013, por las cuales los Estados miembros decidieron "suspender las licencias de exportación a Egipto de todo material que pudiera utilizarse para la represión interna y reconsiderar las licencias de exportación de los equipos a que se refiere la Posición Común 2008/944/PESC, además de reexaminar su asistencia de seguridad a Egipto".
Las autoridades francesas tienen la obligación de examinar todas las solicitudes de transferencia de armas a Egipto, a la luz del importante riesgo de que continúen las graves violaciones de los derechos humanos. A menos que haya elementos fiables que demuestren una profunda reforma de las fuerzas de seguridad egipcias, estos envíos se deben suspender.
Por último, pedimos que cualquier "refuerzo de la colaboración estratégica" entre ambos países esté acompañado por una serie de compromisos claros por parte de las autoridades egipcias en favor del respeto de los derechos humanos.