Su liberación pone fin a un doloroso e injustificado calvario de dos años y medio entre rejas en la prisión cairota de Tora. Las ONG lamentan que Ramy Shaath, que debería haber sido puesto en libertad incondicional y recibir una reparación por los daños sufridos en esta detención arbitraria, se haya visto obligado a renunciar a su ciudadanía egipcia para conseguir su liberación.
Ramy Shaath fue detenido en julio de 2019 en su casa de El Cairo, delante de su esposa Celine Lebrun Shaath. La detención se justificó únicamente porque el activista había ejercido pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en los asuntos públicos. Céline Lebrun Shaath, ciudadana francesa, fue posteriormente deportada ilegalmente tras negársele el acceso a la ayuda consular. Ramy Shaath fue entonces objeto de desaparición forzada y estuvo en prisión preventiva durante más de dos años en el marco del "caso 930 del año 2019". El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideró que su detención era arbitraria, ya que se basaba únicamente en el ejercicio de sus derechos humanos.
Más de 100.000 personas de decenas de países han firmado una petición en la que se pide a las autoridades egipcias que liberen a Ramy Shaath. Cientos de cargos electos de Francia, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y el Parlamento Europeo (entre otros) también han hecho declaraciones públicas pidiendo la liberación de Ramy Shaath. Además, decenas de artistas y personalidades de renombre internacional también han expresado su solidaridad.
La liberación de Ramy Shaath no pone fin a la necesidad de una acción internacional contra el catastrófico historial de derechos humanos del gobierno egipcio, ni mejora la situación de los innumerables presos que siguen detenidos arbitrariamente en las cárceles egipcias. Muchos son activistas pacíficos, defensores de derechos humanos, abogados, académicos y periodistas detenidos únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Entre ellos se encuentran personas como Ramy Shaath, que fue detenido inicialmente a la espera de ser investigado en el Caso 930 de 2019, el llamado "caso del Plan Esperanza". La mayoría han permanecido en detención arbitraria o están cumpliendo sentencias injustas en juicios injustos relacionados con otros casos.
Pedimos a las autoridades egipcias que tomen medidas inmediatas para liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos humanos, que pongan fin al uso indebido de la legislación antiterrorista y que retiren a Ramy Shaath y a otros activistas y miembros de la oposición pacífica de la "lista de terroristas" del país. También hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye los esfuerzos por establecer un mecanismo de seguimiento y presentación de informes sobre la situación en Egipto en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.