El Estado de Derecho debería ser universal, pero no lo es para todas y todos los habitantes de Ucrania. Como consecuencia de los bombardeos y ataques a la población civil, así como de las ejecuciones sumarias, las violaciones y las torturas, muchas personas han sido víctimas de crímenes de guerra y otras violaciones de los derechos humanos, incluida la discriminación racial.
A pesar del cierre del espacio de la sociedad civil en Rusia y Belarús, y a pesar de las intervenciones que amenazan la vida en Ucrania, las organizaciones de la sociedad civil están en primera línea, llevando a cabo su trabajo con determinación mientras siguen gestionando las crisis en Ucrania, Rusia y Belarús.
Entre ellas, cabe mencionar especialmente a las organizaciones miembros y asociadas de la FIDH: en Ucrania, el Centro para las Libertades Civiles (CCL) y el Grupo de Protección de los Derechos Humanos de Járkov, en Belarús, el centro de derechos humanos Viasna; y en Rusia, el Centro de Derechos Humanos Memorial, el centro contra la discriminación Memorial y la organización de derechos humanos Citizens’ Watch.
La FIDH no puede ser indiferente y se solidariza con quienes piden universalmente el fin de la guerra y el respeto de los derechos humanos en condiciones difíciles en todo el mundo.
Por lo tanto, la FIDH insta al Gobierno de la Federación Rusa a:
• Cesar las hostilidades inmediatamente y buscar la paz;
• Establecer corredores de paso seguros y sin obstáculos y permitir el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria independiente y a la supervisión de los derechos humanos, proporcionar asistencia humanitaria a la población civil afectada por el conflicto y proteger a la población civil en peligro;
• Retirar sus tropas y los grupos armados a los que sostiene de todo el territorio internacionalmente reconocido de Ucrania;
• Poner fin inmediatamente a todas las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario en Ucrania;
• Poner fin inmediatamente al hostigamiento, incluido el judicial, de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos y liberar inmediatamente a quienes se encuentran en detención arbitraria;
• Garantizar, en todas las circunstancias, los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, consagrados en la legislación internacional sobre derechos humanos, y en particular en los artículos 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La FIDH insta al Gobierno ucranio a:
• Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y ajustar su derecho interno al derecho penal internacional, así como poner fin al procedimiento de aprobación de la Ley Nº 1164-IX.
• Respetar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional relativo a los derechos humanos.
La FIDH insta a la comunidad internacional a:
• Aplicar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias.
• Facilitar vías seguras y libres de obstáculos hacia destinos tanto en Ucrania como fuera del país y el acceso a la protección internacional a todas las personas que huyen del conflicto, sin distinción ni discriminación por motivos de origen nacional o étnico, religión, lengua, sexo o color de piel.
• Iniciar investigaciones con el fin de enjuiciar a los autores de crímenes internacionales ante los tribunales nacionales apelando a la jurisdicción universal. A los Estados que no tienen jurisdicción universal deben modificar su legislación penal para contemplar esta posibilidad.
• Respalden, tanto política como económicamente, a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos humanos en estos países, y para que les garanticen el acceso a los recursos necesarios con objeto de hacer frente a la emergencia humanitaria y gestionar la crisis, sin pasar por las administraciones nacionales que a menudo son responsables de las violaciones en lugar de tomar medidas para prevenirlas y castigarlas.
• La FIDH insta a los Estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a cooperar con la CPI y sostenerla económicamente en todas las situaciones de crímenes internacionales, aportando fondos a su presupuesto general en lugar de asignar fondos para situaciones específicas.