El informe, titulado Drowned in Procedure, Sentenced to Fail: Administrative Harassment Against Civil Society in Turkey [Ahogados por el procedimiento, condenados al fracaso: Acoso administrativo contra la sociedad civil en Turquía] arroja luz sobre la represión contra las personas defensoras de los derechos humanos, los actores de la sociedad civil y las voces independientes en Turquía. Este documento demuestra que los organismos estatales utilizan los procedimientos administrativos y las sanciones para silenciar y estigmatizar a las personas defensoras de los derechos humanos y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Turquía, como represalia por su labor en materia de derechos humanos.
Por otra parte, sostiene que se debe prestar atención al acoso administrativo debido a su impacto tanto en las ONG y como en las personas defensoras de los derechos humanos afectadas, así como en la sociedad civil en general debido a su efecto disuasorio. Se ha redactado a partir de toda una serie de información y datos recopilados por el Observatorio y el IHD, así como gracias a testimonios directos de actores de la sociedad civil y otras partes interesadas en Turquía que cuentan con experiencia directa de las repercusiones del acoso administrativo en el trabajo de las ONG y las personas defensoras de los derechos humanos. El informe se centra en el período posterior a la promulgación de la Ley nº 7262 sobre la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva de diciembre de 2020, que introdujo varias enmiendas problemáticas a la legislación relacionada con la sociedad civil.
"Se han presentado varias acusaciones contra las organizaciones de la sociedad civil tras la realización de auditorías administrativas, lo que demuestra el modo en que el gobierno las instrumentaliza con el fin de acosar judicialmente a las ONG", declaró Reyhan Yalçındağ, vicepresidente de la FIDH y representante del IHD. "Este acoso pretende abiertamente silenciar a la sociedad civil, en flagrante violación del derecho de las personas a la libertad de asociación".
Campañas de desprestigio y estigmatización
Tanto el personal estatal como los medios de comunicación progubernamentales llevan a cabo campañas de desprestigio contra las personas defensoras de los derechos humanos y las ONG debido a sus legítimas actividades.
"Los actores de la sociedad civil en Turquía se enfrentan a un discurso cada vez más hostil. A las personas defensoras de los derechos humanos kurdas se las etiqueta regularmente como terroristas, a las feministas y las personas defensoras de los derechos LGBTI+ se las acusa de destruir los valores nacionales al difundir la ’ideología de género’ y a las ONG y los medios de comunicación que reciben financiación internacional se los tilda de agentes extranjeros que promueven los intereses y la propaganda de Occidente", declaró Elena Crespi, responsable de la oficina de Europa Occidental de la FIDH, en nombre del Observatorio. "Esto puede deslegitimar a las ONG y a las personas defensoras a los ojos de la sociedad y genera un clima de complacencia que anima a los organismos administrativos a abusar de su autoridad sobre la sociedad civil."
Ataques contra la dirección del IHD
La vista de hoy en el caso de la demanda penal contra Öztürk Türkdoğan es un ejemplo de las peligrosas repercusiones del acoso administrativo contra las personas defensoras. La demanda contra Türkdoğan se interpuso tras una auditoría administrativa del IHD. Recientemente se absolvió a Türkdoğan de otros dos cargos, uno de los cuales también se había presentado a raíz de la misma auditoría. Estas demandas se presentaron en un contexto en el que el ministro del Interior, Süleyman Soylu, apuntaba directamente al IHD. Se trata de un ejemplo de cómo los organismos administrativos –alentados por el discurso estigmatizador contra la sociedad civil que alimenta el gobierno turco– abusan del marco legal, administrativo y económico para acosar a las personas defensoras de los derechos humanos y a las ONG y preparar el terreno para un acoso aún mayor por parte del poder judicial.
A la luz de estas conclusiones, el Observatorio y el IHD formulan varias recomendaciones al gobierno de Turquía y a los actores internacionales, con el objetivo de dar voz a las legítimas preocupaciones planteadas por la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos en Turquía.
El marco más amplio de reducción del espacio cívico
Este informe completa una serie de tres partes sobre la reducción del espacio cívico en Turquía, elaborada bajo los auspicios del programa financiado por la Unión Europea "Apoyo integral a los defensores de los derechos humanos en Turquía". El programa, gestionado por un consorcio de ONG que lidera la FIDH y del que forma parte la OMCT Europa, tiene como objetivo apoyar y capacitar a la sociedad civil y a las personas defensoras de los derechos humanos en Turquía de diversas formas, incluso documentando las difíciles situaciones a las que se enfrentan. El primer informe, publicado en julio de 2020, examinó la libertad de reunión, mientras que el segundo publicado en mayo de 2021, se centró en la libertad de asociación.
El informe está disponible en el sitio web de la FIDH en inglés y turco;