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En los últimos años, el control del relato histórico del pasado soviético se ha convertido en una herramienta fundamental para la consolidación del régimen autoritario. Al construir la identidad colectiva de Rusia en torno a la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, el régimen actual ataca a los/as historiadores/as, periodistas, activistas de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que trabajan para mantener viva una memoria histórica del pasado soviético centrada en la identificación de los autores y las víctimas de hechos como el Gran Terror, la campaña de represión política mortal de José Stalin de 1937 a 38.
El nuevo informe de la FIDH, Rusia: Crímenes contra la Historia, cataloga estas violaciones, las analiza desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos y formula recomendaciones a las autoridades nacionales y a las organizaciones internacionales sobre el modo de mejorar la situación de los/as llamados/as "productores/as de historia".
"Nuestro informe es el primer análisis exhaustivo de la cuestión de la manipulación de la memoria histórica en Rusia desde el punto de vista del derecho de los derechos humanos", afirmó Ilya Nuzov, jefe de la Oficina de Europa Oriental y Asia Central de la FIDH, que concibió y fue coautor del informe. "Nuestras conclusiones muestran que las autoridades han generado un clima de miedo y represión hacia todas las voces independientes que trabajan sobre el pasado histórico en Rusia, lo que recuerda a las peores prácticas del periodo soviético".
Concretamente, el informe detalla cómo, en los últimos años, el gobierno ha intentado metódicamente desalentar el trabajo independiente en el ámbito histórico mientras promovía activamente su propia "verdad histórica", centrada en la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial.
En 2020, la narrativa histórica oficial quedó grabada en piedra en la Constitución, que fue modificada en contra del derecho nacional e internacional. En la Constitución, Rusia se presenta como el régimen "sucesor" de la Unión Soviética, que debe "honrar la memoria de los defensores de la patria" y "proteger la verdad histórica". Las instituciones gubernamentales promueven activamente esta narrativa. Por otra parte, las autoridades han estigmatizado y penalizado a las organizaciones de la sociedad civil que reciben apoyo internacional, como International Memorial, con leyes como la relativa a los agentes extranjeros, ha criminalizado las interpretaciones que divergen de la versión oficial de la historia mediante la adopción de la "Exoneración del nazismo" y otras leyes sobre la memoria histórica y ha organizado juicios públicos contra historiadores independientes como Yuri Dmitriev, que recibió una condena draconiana de 13 años por su incansable labor de identificación y conmemoración de las víctimas del Gran Terror.
"El informe es importante no solo para Rusia", señaló Valiantsin Stefanovic, vicepresidente de la FIDH. "Sus conclusiones y recomendaciones podrían aplicarse a otros países de la región y del mundo que manipulan la memoria histórica. En Belarús, por ejemplo, asistimos a un uso similar de las leyes de memoria histórica con objeto de reprimir el movimiento prodemocrático".
El informe formula una serie de recomendaciones, como el establecimiento de garantías y protecciones legales para salvaguardar la independencia del trabajo de los/as historiadores/as. También propone el reconocimiento oficial de los/as historiadores/as como personas defensoras de los derechos humanos por parte de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, además de la creación de un "día de los/as historiadores/as" por parte de la UNESCO.