Polonia viola cada día más los derechos de las mujeres. ¿La Unión Europea se pronunciará?

04/11/2020
Columna
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Eliza Rutynowska y Elena Crespi

El recién remodelado Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó el 22 de octubre que ya no es posible recurrir al aborto por malformación fetal grave. Obligar a las mujeres a dar a luz a niños con malformaciones graves, incluso cuando tienen pocas o ninguna posibilidad de sobrevivir, es ahora parte integrante de la Constitución polaca: prácticamente ha desaparecido el escaso derecho al aborto que quedaba en el país.

Esta parodia de justicia ha sido posible gracias al esfuerzo concertado que está llevando a cabo desde hace varios años el partido en el gobierno, Ley y Justicia (PiS), para cuestionar las instituciones democráticas, como el Tribunal Constitucional, y socavar el Estado de derecho, al ir eliminando progresivamente el equilibrio de poderes, cuyo objeto es garantizar la supervisión democrática y la salvaguarda de los derechos de las personas contra los abusos del Estado.

El pueblo polaco ha pagado el precio y sigue haciéndolo: el fallo de la semana pasada supuso un nuevo golpe a los derechos fundamentales en el país. Ya basta. La Unión Europea debe abordar sin más demora las devastadoras consecuencias del retroceso del Estado de derecho en materia de derechos humanos, entre ellos, de los derechos de las mujeres, ya que debe tener en cuenta el respeto de los valores de la Unión por parte de Polonia a la hora de tomar de decisiones sobre financiamiento, así como en el marco del procedimiento actual en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que podría llevar a la suspensión de determinados derechos de un Estado miembro.

Eliza Rutynowska es una abogada de derechos humanos, pero también es una mujer. En Polonia, que en menos de cinco años se ha convertido en un Estado populista, desde que el PiS llegó al poder, desempeñar esta doble función resulta extremamente difícil. Esta abogada de Varsovia observó cómo trataban de justificar su posición los representantes de quienes cuestionaban la constitucionalidad de esta excepción a la ya draconiana ley polaca sobre el aborto. En sus comentarios, utilizaban términos como las garantías constitucionales de la “vida prenatal” de un niño en caso de “choque de intereses”. Rutynowska escuchó afirmaciones sobre que el nacimiento no es el inicio de la vida, sino únicamente un “cambio de entorno”. A su juicio, se abusó y se pervirtió el sentido del artículo 38 de la Constitución polaca que se refiere a la protección jurídica de la vida humana.

La instrumentalización de conceptos como “choque de intereses” y “vida prenatal” horrorizan a muchas mujeres de nuestra época y a sus aliados, aunque esta jerga no es nueva. Ya en 1997, el llamado “compromiso del aborto” privó a las mujeres polacas de la libertad de decidir plenamente sobre sus propios cuerpos. Este compromiso surgió entre fuerzas políticas —y religiosas— inspiradas por diferentes ideologías, a veces contradictorias, algo muy diferente a lo que ocurre en la actualidad. Nadie intenta siquiera pretender que se trata de llegar a un acuerdo. Hoy en día, se ha privado a las mujeres y las niñas en edad reproductiva de Polonia, de su derecho a la igualdad de trato, dignidad, autonomía, integridad física y protección de la salud, incluida la salud mental. Es algo que han llevado a cabo las fuerzas conservadoras impulsadas por ambiciones autoritarias, a través de la captura política de los tribunales.

Podemos estar o no de acuerdo sobre lo que es la vida, cuando comienza y cuando termina. Sin embargo, como ciudadanas de un Estado democrático regido por la ley, tenemos sobre todo el derecho a disfrutar plenamente de los derechos humanos fundamentales, partiendo de una base de igualdad. Entre ellos, el derecho a la vida, la salud, la integridad física, que incluye el derecho a tomar decisiones de forma libre e independiente sobre nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestra vida sexual, sin miedo, violencia o discriminación.

Es poco probable que la decisión del tribunal se traduzca en un menor número de abortos teniendo en cuenta que, según los últimos datos (2019), los abortos por los motivos anulados la semana pasada representaron casi el 97% de los abortos totales realizados en el país. Más bien significará que las mujeres y las niñas embarazadas cuyo feto sufre alguna malformación grave y que no pueden o no quieren afrontar las graves consecuencias que esto supone, tanto para su salud física como mental, o por otros motivos, viajarán al extranjero para abortar o recurrirán a abortos ilegales y a menudo muy inseguros.

Esta decisión corta de miras no solo expone las mujeres a graves riesgos para su salud y su vida, sino que amplía la brecha socioeconómica entre quienes pueden permitirse el acceso a un aborto seguro en el extranjero y las que se ven abocadas a recurrir a prácticas clandestinas peligrosas, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de las que ya están en situación de peligro. Además, se forzará a niñas de 15 años o menos a llevar a término embarazos anómalos, en clara violación de las normas internacionales y con graves consecuencias para su salud y su vida, entre otras, la estigmatización y la discriminación en el acceso a la educación, al trabajo y a unas perspectivas de vida adecuadas.

Esta sentencia establece, efectivamente, la tortura —según la calificación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos— de las mujeres, las niñas y de sus familias, que miran impotentes como el estado arrebata a sus esposas, madres, hermanas y parejas sus derechos, su dignidad y su autonomía.

Polonia ya han iniciado el resbaladizo camino hacia el autoritarismo, con el consiguiente menoscabo del Estado de derecho y los derechos fundamentales, que son los principios en los que se basan las sociedades democráticas y que constituyen los elementos fundadores de la Unión Europea.

Al optar por desmantelar progresivamente las instituciones democráticas, que funcionan como mecanismos de control para la protección de estos principios, el gobierno de Polonia, no sólo ha traicionado estos valores, sino, sobre todo, las expectativas de la ciudadanía polaca sobre la garantía de la protección de sus derechos frente al oscurantismo —ya sea religioso o de otro tipo— y frente al régimen autoritario del que Polonia luchó arduamente por liberarse hace apenas 30 años.

Sin embargo, bien es cierto que para que se puedan arrebatar los derechos, primero se les debe reconocer como tales. Por el contrario, Polonia parece haber adoptado la opinión de que el aborto no es un derecho humano, como demuestra el reciente apoyo del Gobierno polaco a una declaración firmada por 32 estados regresivos de todo el mundo, que cuestionan las normas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos reconocidas internacionalmente.

Ante esta vulneración del respeto del derecho a las mujeres polacas a controlar sus propios cuerpos y vidas, la Unión Europea debe dar un paso adelante y asumir sus responsabilidades. La Unión Europea tiene el deber de reconocer la interrelación entre los principios básicos de la Unión y hacer frente con rapidez y eficacia a esta situación y a otras violaciones de los derechos humanos, tanto a la hora de analizar el cumplimiento de los valores de la Unión Europea por parte de Polonia, en particular en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, como al debatir propuestas destinadas a condicionar su financiamiento por parte de la Unión.

Mientras las mujeres polacas y sus aliados salen una vez más a las calles para afirmar que no permitirán que esto suceda sin luchar, nuestro deber y nuestra misión es estar a su lado y ayudar a que se escuche su voz. Y el deber de Europa es escuchar y actuar.

Autoría: Eliza Rutynowska es abogada del Foro de Desarrollo Civil y doctoranda en la Facultad de Derecho de la Universidad de Varsovia. Elena Crespi es directora del Programa de Europa Occidental de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

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