Crisis democrática en Polonia: la UE debe ir hasta el final en la defensa de sus valores

27/01/2016
Comunicado
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La Comisión Europea dio un paso positivo a principios de este mes para abordar la creciente preocupación sobre las normas democráticas en Polonia al activar, por primera vez desde su creación en marzo de 2014, el "Marco del Estado de derecho". Este mecanismo permite a la Comisión hacer frente a la existencia de una "amenaza sistémica" contra el Estado de derecho en los países de la UE.

La FIDH acoge con satisfacción esta medida, que da fe del nuevo compromiso de la UE para salvaguardar sus valores fundamentales en los Estados miembros.

"Ya va siendo hora de que la Comisión Europea demuestre su voluntad de reaccionar ante las amenazas contra los valores fundamentales de la UE por parte de los Estados miembros, especialmente contra el respeto a la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, y de que se enfrente a ellos en este asunto para que rindan cuentas."

Karin Lahidji, presidente de la FIDH.

Los recientes acontecimientos de Polonia, desde que el nuevo Gobierno dirigido por el partido Ley y Justicia (PiS) tomó posesión tras las elecciones generales del 25 de octubre de 2015, han suscitado gran preocupación en el país y en el extranjero en materia de compatibilidad con los valores de democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos que todos los Estados miembros de la UE se han comprometido a mantener al convertirse en miembros de la Unión.

Esta inquietud se refiere especialmente a la reforma de la Ley sobre el Tribunal Constitucional y a una nueva ley de medios de comunicación que amenazan la independencia del poder judicial, la libertad de prensa y el pluralismo, y suponen un riesgo para los derechos humanos, la separación de poderes y el funcionamiento de los controles y equilibrios democráticos. Varias organizaciones y organismos internacionales, incluido el secretario general del Consejo de Europa (CdE), Thorbjorn Jagland, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, la presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), Anne Brasseur, la representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación, Dunja Mijatovic, y la Unión Europea han sido unánimes en la condena de estas reformas. La crítica internacional se extiende también a los procedimientos utilizados para acelerar la aprobación de las nuevas leyes y la falta de consulta y de debate público significativo sobre las reformas propuestas.

A pesar de las manifestaciones realizadas por la primera ministra polaca Beata Szydlo en un debate celebrado en el Parlamento Europeo el 19 de enero, cuando afirmó que las reformas serían plenamente conformes con las obligaciones de Polonia en virtud de los tratados de la UE, los recientes movimientos de su Gobierno se han encontrado con duras críticas en los círculos de la UE. En esta ocasión, la Comisión y el Parlamento reiteraron su seria preocupación por la reciente evolución de este Estado miembro, así como su compromiso para que Polonia rinda cuentas en materia de respeto a los derechos humanos y las normas democráticas. La determinación de la UE de actuar resulta de agradecer, especialmente a la luz de sus repetidos fracasos en otras situaciones que requerirían una intervención de la UE, como en Hungría.

"Lamentamos que la UE y en especial la Comisión no hayan reaccionado hasta ahora ante situaciones igualmente alarmantes que se han producido en otros Estados miembros de la UE. A menos que la UE envíe un firme mensaje de que situaciones como las de Hungría y Polonia no pueden quedar sin respuesta, la deriva autoritaria a la que actualmente asistimos en estos Estados miembros no se detendrá."

Dan Van Raemdonck, secretario general de la FIDH.
Antecedentes

Las reformas

Se expresó preocupación en particular en relación a las tres leyes que entraron en vigor en Polonia el 28 de diciembre de 2015 y el 7 de enero de 2016, respectivamente.

La primera, sobre el Tribunal Constitucional, obstaculiza la capacidad de este último para revisar la constitucionalidad de los actos y así ejercer un control constitucional sobre la acción del Gobierno. Al aumentar el número de jueces que conocen de los casos (de 5 o 9 jueces a 13 jueces) y disponer que las decisiones se adopten por una mayoría de dos tercios en lugar de por mayoría simple, entre otras cosas, la reforma reduce de forma significativa la capacidad del tribunal para emitir una decisión en un tiempo razonable. Además, permite que el ministro de Justicia y el presidente de la República inicien un procedimiento disciplinario contra los jueces del Tribunal Constitucional. La ley fue precedida de polémicas enmiendas que se aprobaron a principios de noviembre, que permitieron al nuevo Gobierno anular el nombramiento por parte del anterior Gobierno de cinco jueces del Tribunal Constitucional y reemplazarlos por cinco nuevos jueces; permiten asimismo el cese anticipado del presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional actual, a pesar de un fallo del Tribunal Constitucional del 9 de diciembre de 2015 que declaraba ambos actos inconstitucionales y que fue ignorado por las autoridades polacas (el Tribunal Constitucional dictaminó en una decisión anterior, adoptada el 3 de diciembre de 2015 que solo dos de los nombramientos realizados por el Gobierno anterior eran incompatibles con la constitución polaca, mientras que los otros tres eran legales, a fin de despejar el camino para la designación de los dos jueces del tribunal constitucional por el nuevo Gobierno, en vez de cinco).

El 7 de enero se aprobó la llamada "ley de los medios de comunicación pequeños", que modifica las normas para el nombramiento de los consejos de administración y supervisión de los servicios públicos de radiodifusión y otorga al ministro responsable de la Tesorería del Estado la facultad de nombrar y cesar a sus miembros, al tiempo que limita el papel del Consejo Nacional de Radiodifusión, inscrito en la constitución. Inmediatamente después de que se aprobara la ley, el Gobierno despidió a la alta dirección de la televisión y radio públicas y la reemplazó por otra nueva.

El marco del Estado de derecho

El marco del Estado de derecho fue adoptado por la Comisión Europea en marzo de 2014 para hacer frente a las amenazas sistémicas contra el Estado de derecho en los Estados miembros de la UE. Establece una herramienta que permite a la Comisión iniciar un diálogo con el Estado miembro en cuestión para impedir que surja y se produzca una escalada de una amenaza sistémica que podría convertirse en un "riesgo claro de violación grave" y que podría desencadenar el uso del procedimiento del artículo 7 del TUE. Este marco, que estaba destinado a colmar las carencias del resto de instrumentos que la UE tiene a su disposición para hacer frente a violaciones específicas de la legislación de la UE en sus Estados miembros (por ejemplo, procedimientos de infracción) y el artículo 7 del TUE, nunca se ha utilizado desde su adopción.
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