Naufragios en el Mediterráneo: la Unión Europea ya no tiene elección

En la noche del sábado al domingo un barco pesquero, que había salido de Libia con dirección a las costas europeas y a bordo del cual viajaban unas setecientas personas, naufragó. Solo se habrían salvado unas decenas de personas y se habrían recuperado algunos cuerpos. En estos momentos un segundo barco con unas trescientas personas a bordo estaría a punto de naufragar. Mientras la Unión Europea no modifique de forma radical su política migratoria, los muertos seguirán acumulándose en sus fronteras.

La FIDH denuncia con firmeza la política migratoria criminal que la Unión Europea y sus Estados miembros aplican desde hace ya demasiado tiempo. A pesar de los efectos dramáticos que esta política tiene sobre los derechos humanos de las personas migrantes, no ha hecho más que endurecerse a lo largo de los últimos años con la creación de la agencia Frontex, encargada del control de las fronteras europeas y de la puesta en marcha del sistema de intercambio de información Eurosur. Los presupuestos que cada año se dedican a la vigilancia de las fronteras europeas son enormes y dan testimonio del repliegue de la Unión y de sus Estados miembros hacia una estrategia basada únicamente en la seguridad. El abandono de la operación italiana de salvamento Mare Nostrum, que había permitido salvar a 150.000 personas en doce meses, y la puesta en marcha de la operación de vigilancia Tritón, a cargo de Frontex, son más pasos en la dirección equivocada: proteger a la Unión Europea contra una amenaza imaginaria en detrimento de las vidas humanas.

"Esta obsesión por la protección de las fronteras ha hecho de Europa una fortaleza y lleva a que se produzcan tragedias humanas a gran escala. Los ciudadanos y ciudadanas europeas deben entender que estos dramas no son simples accidentes, sino el resultado de las opciones políticas de sus Gobiernos," declaró Dimitris Christopoulos, vicepresidente de la FIDH.

La FIDH solicita a los Estados miembros de la Unión Europea que apliquen de forma inmediata una política de acogida que garantice a las personas migrantes y refugiadas un acceso seguro a su territorio. En virtud de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, los migrantes que reúnen los criterios para obtener el estatuto de refugiados, es decir, que por diversos motivos han sido objeto de persecución en su país de origen o teman serlo, tienen derecho a una protección internacional. "Los sirios, eritreos, sudaneses... son refugiados y los Estados europeos tienen la obligación de concederles asilo. Estas personas deben, por tanto, estar en situación de poder reivindicar sus derechos sin arriesgar la vida," recordó Karim Lahidji, presidente de la FIDH.

Pedimos a los Estados miembros que faciliten la concesión de visados aplicando presunciones favorables a las solicitudes que provienen de personas residentes en países en guerra, como Siria o Libia, o de dictaduras como Eritrea. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha emitido recientemente recomendaciones en este sentido.

Instamos asimismo a los Estados miembros a que garanticen la seguridad de las rutas que utilizan las personas migrantes, y especialmente del espacio marítimo entre Libia e Italia, lugar donde han tenido lugar numerosos naufragios especialmente mortíferos. Por este motivo, solicitamos la Unión Europea y al conjunto de sus Estados miembros que pongan en marcha sin demora una operación de búsqueda y de salvamento de alcance europeo, siguiendo el ejemplo de la operación italiana Mare Nostrum.

La FIDH es miembro de la campaña Frontexit, cuyo objetivo es denunciar ante el público y ante los representantes políticos europeos los excesos derivados de las operaciones de Frontex en términos de derechos humano. Leer las reacciones de la FIDH y de sus socios sobre los naufragios de octubre de 2013 (en inglés) ante las costas de Lampedusa, de septiembre de 2014 (en inglés) y de abril de 2015 (en francés).

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