A pesar de su pertenencia a las Naciones Unidas y de sus obligaciones internacionales, las autoridades de los países de Asia Central violan con total impunidad y de forma sistemática los derechos humanos y las libertades fundamentales. En algunos países está aumentando el número de desapariciones forzadas. Las personas desaparecen tanto en situaciones de conflicto como en tiempo de paz en instituciones cerradas, en el transcurso de operaciones especiales, especialmente durante las reuniones de la OCS, la OTSC o EurAsEc.
En los países de Asia Central, en el marco de la lucha contra el extremismo y el terrorismo, se incrementa el número de personas detenidas en instituciones cerradas y en condiciones que no cumplen las normas mínimas y, con ello, aumenta el número de suicidios en esos países. La legislación antiextremista actual y las prácticas de aplicación de la ley no se ajustan plenamente a las normas internacionales en el ámbito de la protección de los derechos humanos, lo que a menudo da lugar a violaciones de los derechos de los ciudadanos que expresan sus opiniones sobre diversas cuestiones de la vida pública, la política del Estado y la sociedad. En muchos casos, responsabilizar a los ciudadanos por la posesión y distribución de materiales extremistas es una restricción inaceptable de la libertad de expresión, que no tiene nada que ver con la oposición real al extremismo violento en la sociedad. Nos preocupa seriamente la práctica de aplicación de la ley en virtud de los artículos 313 (Incitación a la hostilidad racial, étnica, nacional, religiosa o interregional), 314 (Creación de una organización extremista) y 315 (Producción y distribución de material extremista) del Código Penal de la República de Kirguistán, art. 1, párr. 2, del Código Penal; 174 (incitación al odio social, nacional, tribal, racial, de clase o religioso) y 405 (organización y participación en las actividades de una asociación pública o religiosa u otra organización tras una decisión judicial que prohíba sus actividades o su liquidación por practicar el extremismo o el terrorismo) del Código Penal de la República de Kirguistán. Cada vez con mayor frecuencia pasa a ser una herramienta para eliminar la disidencia. En particular, existen numerosos casos en los que se acusa a las personas únicamente a partir de presunciones, se llevan a cabo registros en los domicilios de los ciudadanos y en otras instalaciones y se limita su derecho a la privacidad de su correspondencia sin que se les impongan sanciones judiciales.
El artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas de las desapariciones forzadas define la desaparición forzada como "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley".
Tayikistán
Las causas de la guerra civil de Tayikistán entre 1992 y 1997ii apenas se han investigado, las víctimas no tuvieron acceso en condiciones de igualdad a la justicia transicional, las víctimas y sus familiares no recibieron ninguna indemnización y no se extrajeron lecciones de la experiencia.iii
Los expertos de la ONU pudieron realizar una breve visita a la prisión de Wahdat, donde los prisioneros rebeldes mataron a tres guardias y, como respuesta, se mató a 27 reclusos. "Es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente, que se ajuste a las normas internacionales, para determinar las circunstancias en las que los prisioneros fueron asesinados y cómo se identificaron sus restos mortales", subrayaron los expertos.iv
Kirguistán
Las autoridades de la República de Kirguistán aún no han evaluado imparcialmente ni comprendido las razones de los conflictos en el sur del país durante los acontecimientos de junio. En mayo de 2011, las autoridades rechazaron los resultados de los trabajos de la Comisión Internacional de Investigación sobre los disturbios de junio de 2010 (la Comisión de Investigación sobre Kirguistán, en lo sucesivo denominada "la RCK"), que aportaban pruebas fehacientes de que se habían cometido crímenes de lesa humanidad contra la población uzbeca de la ciudad de Osh. Además, las autoridades insisten en que se han cometido crímenes de lesa humanidad contra la parte kirguisa de la población. A día de hoy, un año después, las autoridades no han investigado ni un solo crimen de lesa humanidad ni tampoco se ha interpuesto ninguna acción penal por este motivo. Parece que las autoridades no pueden o no quieren dar ni ejecutar la orden de realizar una investigación imparcial y exhaustiva de las denuncias de conspiración, complicidad y participación directa de las fuerzas de seguridad en violaciones de los derechos humanos durante y después de los acontecimientos de junio.v
El Servicio Estatal de Ejecución de Penas del Gobierno de la República de Kirguistán no entrega los cuerpos de los presos asesinados a sus familiares ni les informa de la hora ni de la fecha de su entierro.1
Kazajstán
La cuestión de las desapariciones forzadas también es relevante en Kazajstán. Según el Comité de Estadísticas Jurídicas y Registros Especiales de la Fiscalía General, en 2015 desaparecieron tres mil personas en Kazajstán. Según las estadísticas de julio de 2016, actualmente se busca a 2 661 personas (de las cuales 181 son menores de edad). En 2015-2016, se localizó a 1 418 personas que se consideraban desaparecidas, se encontraron los cadáveres de 157 personas (se descubrió que 16 de ellas murieron de forma violenta) y se declaró fallecidas a 40 personas que no se habían localizado en los últimos diez años.vi
ZHANAOZEN y SHETPE
Los activistas de derechos humanos subrayan que los trabajadores continuaron con una huelga pacífica hasta el 16-17 de diciembre de 2011, cuando se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, entre otros, con los trabajadores petroleros en huelga en Zhanaozen y Shetpe La policía disparó y mató a 16 personas, y más de 60 resultaron heridas por bala.vii
Xinjiang, China
Decenas de personas de etnia kazaja que afirman que sus familiares están detenidos en "campos de reeducación" en Xinjiang piden a Europa que intervenga en el asunto. Las familias de los uigures y kazakos de Xinjiang declaran la desaparición forzada de personas o detenciones arbitrarias únicamente por haber visitado Kazajstán, Turquía, por haber utilizado WhatsApp, por haber rezado namaz o si una mujer se cubre la cabeza con un pañuelo.
Uzbekistán
ANDIJAN. El 13 de mayo de 2005, en Andijan, una pequeña ciudad del valle de Fergana, en el este de Uzbekistán, tropas gubernamentales abrieron fuego contra civiles congregados en la plaza principal de la ciudad para exigir justicia. En ese trágico día, murieron muchas personas, según los activistas de derechos humanos, más de 500. Mucha gente, temiendo por su vida, huyó al vecino Kirguistán. Las autoridades uzbekas siguen afirmando que dispararon contra terroristas que estaban preparando un golpe de Estado.viii
Turkmenistán:Lista de ciudadanos que han desaparecido de sus cárcelesix
La lista actualizada de las personas desaparecidas en las cárceles turkmenas figura en el documento de la campaña "¡Muéstrenlos con vida!" En esta lista, el número de personas desaparecidas aumentó a 112 personas frente a las 88 que figuraban en nuestra lista en el informe anterior, de septiembre de 2016. Esta relación de personas desaparecidas se divide en cuatro categorías: los llamados "prisioneros de noviembre" (detenidos por el presunto intento de golpe de Estado y el intento de asesinato del presidente Niyazov, el 25 de noviembre de 2002), las personas detenidas acusadas de extremismo islámico, las personas declaradas culpables de delitos económicos y de abuso de autoridad, así como los activistas de la sociedad civil, que también desaparecieron en el sistema carcelario de Turkmenistán.
Recomendaciones:
Es necesario reforzar el trabajo conjunto de los socios de la FIDH a nivel regional para presionar y abogar por la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Organizar una supervisión sistemática de la Organización de Cooperación de Shanghai, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y EurAsEc para evitar la restricción de las libertades políticas y civiles de los ciudadanos de Kirguistán.
Contribuir a la protección de los derechos humanos de la población de la región de Xinjiang Uygur residente en China, Kazajstán y Kirguistán.