Tras la serie de actos violentos que han sacudido Kazajistán desde el 2 de enero, fuentes oficiales han informado de más de 160 muertes (posteriormente el gobierno anuló esta información), tanto de manifestantes como de los cuerpos policiales, y de cerca de 10.000 detenciones, aunque estas cifras no se han verificado de forma independiente.
Las organizaciones miembros de la FIDH en Kazajistán, la Oficina Internacional de Derechos Humanos de Kazajistán (KIBHR) y la Iniciativa Jurídica Internacional (ILI), documentaron numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden o miembros de la OTSC, armados con gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y armas de fuego. Numerosas redes de comunicación social mostraron imágenes de los disparos indiscriminados contra multitudes de manifestantes con lo que parecen ser balas reales. El 7 de enero, el presidente Tokaev ordenó a las fuerzas del orden "disparar a matar" a las personas manifestantes.
"La orden de utilizar la fuerza letal contra manifestantes sin identificar constituye una violación del deber de las autoridades de respetar el derecho a la vida y las normas internacionales que rigen la celebración de reuniones públicas."
Por otra parte, las organizaciones miembros de la FIDH informaron de bloqueos generalizados de Internet durante los primeros días de la protesta, lo que vulnera el derecho a la libertad de información. Las autoridades también bloquearon el acceso a determinados medios de comunicación en línea y obstruyeron el trabajo de los/as periodistas, incluso deteniendo arbitrariamente a quienes cubrían las protestas y amenazando a los medios de comunicación independientes con procesos penales, lo que vulnera el derecho a la libertad de expresión. Los medios de comunicación informan de ataques contra las personas que trabajan en los medios y las redacciones, lo que ha provocado un vacío informativo que ha hecho imposible obtener una imagen objetiva de la represión de las protestas.
Tokayev también acusó a las personas activistas, a los medios de comunicación extranjeros y a las personas defensoras de los derechos humanos de abusar de su derecho a la libertad de expresión y de reunión, que protege una ley de 2020 sobre la reunión pacífica. Las autoridades kazajas declararon posteriormente la protesta contra la desigualdad política y económica como una "provocación terrorista".
"Las autoridades kazajas quieren desacreditar la protesta, presentarla no como una indignación popular espontánea contra la pobreza y la desigualdad, sino como una operación terrorista planificada o un Maidan que traslada la responsabilidad por las víctimas a un supuesto enemigo externo, apoyado por las organizaciones de derechos humanos."
La FIDH y sus organizaciones miembros en Kazajistán hacen un llamado a las autoridades kazajas para que anulen la orden de "disparar a matar" a las personas manifestantes, cumplan con su obligación de proteger y respetar el derecho a la vida deteniendo la violencia en ambos bandos, pongan fin a la retórica incendiaria dirigida contra las personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil en general, acaben con las limitaciones de Internet y las restricciones al trabajo y al acceso de los/as periodistas, y que faciliten una investigación independiente sobre los disturbios de enero de 2022, bajo los auspicios de la OSCE o de la ONU, con el fin de identificar a sus autores y llevarlos ante la justicia.
Antecedentes
El 2 de enero estallaron protestas en la ciudad de Zhanaozen, en el oeste de Kazajistán, debido a un aumento anunciado del precio del gas licuado. Las protestas se extendieron rápidamente por todo el país, incluida la ciudad más importante de Kazajistán, Almaty. Además de las reivindicaciones económicas, las personas manifestantes pedían reformas políticas, como la elección directa de los gobernadores regionales, más libertades cívicas y la salida del ex presidente Nursultán Nazarbáyev, que ha seguido siendo la principal fuerza política del país a pesar de su dimisión en 2019.
Ante la escalada de las protestas pacíficas, el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokaev, estableció un precio límite para el gas, destituyó al gobierno de Kazajistán, así como al jefe del Consejo de Seguridad, Nazarbayev, y decretó el estado de excepción. Sin embargo, las protestas pacíficas continuaron y el 5 de enero se desató la violencia en Almaty y otras ciudades: los medios de comunicación compartieron imágenes de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, incendios provocados y ataques a edificios administrativos, así como saqueos masivos.
La escalada dio lugar a una respuesta brutal por parte de las fuerzas del orden kazajas y a la intervención extranjera de los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), entre ellos Rusia y Belarús, a los que Kazajistán apeló por dudosos motivos legales.