Francia: miembros del Parlamento apoyan la ley del deber de vigilancia

Las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos acogen con satisfacción la decisión de los miembros del parlamento francés de otorgar competencia a un tribunal civil sobre los litigios que se deriven de la Ley del deber de vigilancia de las empresas.

Una comisión mixta formada por diputados/as y senadores/as con objeto de revisar el proyecto de ley sobre la confianza en el poder judicial, actuó en pro de los derechos humanos y del medio ambiente al votar a favor de la competencia de un tribunal civil definida en el artículo 34, con el fin de preservar el espíritu y la eficacia de la ley sobre el deber de vigilancia. Este debate se produjo después de un peligroso revés del texto en el Senado, que, presionado por los lobbies, había adoptado una enmienda que otorgaba la competencia sobre los litigios relacionados con esta ley al Tribunal de Comercio de París.

Al atribuir la competencia a un tribunal civil, los/as parlamentarios/as han decidido facilitar el acceso a la justicia de las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido violados debido a las actividades de las grandes empresas francesas. De este modo, intervendrán en primera instancia jueces/as profesionales con demostrada experiencia en derechos humanos, a diferencia de los/as jueces/as consulares, que son elegidos por sus pares, entre quienes se encuentran personas del mundo del comercio y de las directivas de empresas.

Los miembros del Parlamento reconocen así el verdadero sentido del deber de vigilancia. Mediante esa ley se trata de obligar a las empresas a identificar los riesgos y prevenir las violaciones graves de los derechos humanos y el medio ambiente, por lo que es una cuestión que atañe a toda la sociedad y de la que deben ocuparse los tribunales civiles. Si se hubiera tomado la decisión contraria, esta legislación se habría enfocado desde una perspectiva comercial, con el riesgo de reducir el deber de vigilancia a una mera obligación formal de gestión de los riesgos, lo que habría generado nuevos obstáculos para la búsqueda de justicia por parte de las personas cuyos derechos son violados por las multinacionales.

Esta decisión resulta aún más importante en este momento, en que la Comisión Europea está preparando una propuesta de directiva sobre el deber de vigilancia, basada en la experiencia francesa. Esperamos que se tenga en cuenta esta elección en las decisiones que se esperan en los próximos meses con respecto a las causas abiertas.

Frente al lobby empresarial, que pretende socavar el alcance del deber de vigilancia, celebramos la decisión de los miembros del Parlamento, que han aclarado este punto de la ley de 2017 y de este modo han reafirmado la necesidad de que el deber de vigilancia se aplique de manera efectiva.

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