Este informe de 60 páginas, titulado, Anatomy of a crackdown - The repression of Sri Lanka’s aragalaya protest movement (Anatomía de una represión – La represión del movimiento de protesta aragalaya en Sri Lanka) ofrece un exhaustivo relato de las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, la policía y elementos progubernamentales contra las personas manifestantes, en su inmensa mayoría pacíficas. Las autoridades también han atacado a observadores de las protestas, entre quienes se encuentran periodistas, abogados/as y personas que simplemente se encontraban en las inmediaciones.
El movimiento de protesta, denominado aragalaya (lucha en cingalés), se desencadenó debido a la prolongada mala gestión económica del gobierno y el creciente descontento público relacionado con la corrupción y el nepotismo. Las protestas, que comenzaron en la capital, Colombo, se extendieron rápidamente por las nueve provincias del país y algunas continuaron en Colombo en 2023.
"En el marco de la represión de la aragalaya, las autoridades de Sri Lanka han vulnerado sistemáticamente el derecho y las normas internacionales de derechos humanos con total impunidad."
“La reciente promesa del presidente Wickremesinghe de utilizar los poderes militares y de emergencia para impedir la reactivación del movimiento de protesta debería hacer saltar todas las alarmas. Es fundamental que la comunidad internacional permanezca vigilante y presione al gobierno para que respete y proteja los derechos de las personas manifestantes”, afirmó Adilur Rahman Khan.
La característica más preocupante de las violaciones del derecho a la libertad de reunión pacífica ha sido el uso frecuente por parte de las autoridades de fuerza innecesaria o desproporcionada –como la munición real, gases lacrimógenos y cañones de agua– para dispersar reuniones pacíficas. Además, la policía ha detenido de forma rutinaria y arbitraria a organizadores/as y participantes en las protestas aragalaya y ha sometido a muchas de estas personas a una campaña sistemática de hostigamiento, con acoso judicial, intimidación y vigilancia.
Las autoridades también impusieron restricciones innecesarias y desproporcionadas a la celebración de reuniones mediante el uso de poderes de excepción y el abuso de las leyes, como la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo. Los miembros de las fuerzas del orden no han rendido cuentas por los abusos cometidos contra las personas manifestantes de la aragalaya en el marco de estas violaciones.
Este informe, elaborado con el apoyo de la organización no gubernamental del Centro de Sri Lanka por los Derechos Humanos y el Desarrollo (CHRD), se basa en entrevistas realizadas entre agosto y octubre de 2022 por la FIDH a un total de 42 personas que participaron en el movimiento de protesta.
El informe se publica antes del cuarto examen periódico universal (EPU) de Sri Lanka, que tendrá lugar el 1 de febrero de 2023 en Ginebra (Suiza). El EPU es un examen entre pares, respaldado por la ONU, de la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la ONU. En julio de 2022, en su presentación conjunta para el EPU, la FIDH y el CHRD detallaron numerosas violaciones de los derechos humanos, entre ellas, vulneraciones del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Leer el informe: