El 21 de febrero de 2022, la Unión Europea anunció la aprobación de sanciones adicionales contra personas y entidades responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Birmania/Myanmar. MOGE, una de las entidades que figuran en esta lista, es una empresa estatal controlada por la junta militar desde el golpe de Estado del año pasado.
"La decisión de la Unión Europea de congelar los flujos económicos y financieros de MOGE podría haber sido una oportunidad decisiva para reducir la brutal violencia que ejerce la junta sobre la población civil. Lamentablemente, al aprobar una excepción, los Estados miembros de la Unión Europea socavan su propia credibilidad y su pretensión de apoyar los derechos humanos y la democracia."
Hasta ahora, el sector del gas natural no se había visto afectado por las sanciones internacionales, a pesar de que genera entre 1000 y 1500 millones de dólares al año para el ejército y de que representa hasta el 50% de la entrada de divisas del régimen. Se esperaba que las sanciones de la Unión Europea contra MOGE obstaculizaran significativamente el acceso de los militares a las divisas, incluidas las que provienen del gigante petrolero francés Total, que había sido un inversor clave en este sector en Birmania/Myanmar.
Sin embargo, la importancia de la inclusión en la lista de MOGE se ve socavada por una peligrosa derogación que permitiría proseguir las transacciones existentes entre los operadores de la Unión Europea y esta empresa a pesar del régimen de sanciones. Esta excepción –que parece estar hecha a medida para responder a las inquietudes manifestadas por Total Energies en el contexto del anuncio de su retirada de Birmania/Myanmar– permitiría a los operadores de la Unión Europea proporcionar apoyo financiero a la MOGE al autorizarles a continuar pagando impuestos y derechos, y a transferir acciones y activos, a MOGE.
La FIDH y ALTSEAN-Birmania creen que esta excepción supone una enorme oportunidad perdida para que la Unión Europea, sus Estados miembros y su sector empresarial cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Congelar cualquier tipo de apoyo financiero y económico a la junta debe ser una prioridad para que la Unión Europea no sea cómplice de crímenes que han sido ampliamente documentados.
Además, esta excepción puede suponer un abuso de poder y parece ser ilegal, ya que aparentemente vulnera las disposiciones del tratado de la Unión Europea y los requisitos esenciales de procedimiento. Si se aplica, las jurisdicciones pertinentes podrían anular esta derogación.
"Hacemos un llamado a los Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos a Francia, así como a las empresas europeas, como Total Energies, para que no hagan uso de esta cláusula de excepción ilegal so pena de incumplir sus obligaciones internacionales."
En numerosas ocasiones, la FIDH y otros grupos de la sociedad civil habían pedido a la Unión Europea la adopción de sanciones contra MOGE. A lo largo del último año, la Unión Europea ha aprobado varias rondas de sanciones en respuesta a la situación, pero estas medidas son meramente simbólicas, ya que no se han dirigido contra las principales fuentes de divisas que utiliza la junta para comprar el equipo militar que luego despliega contra la población civil.
Antecedentes
Total Energies es una empresa francesa que opera en Birmania/Myanmar, donde explota y extrae gas en el yacimiento marino de Yadana. Otras empresas extranjeras como Chevron (EE. UU.) y PTT Exploration and Production (Tailandia), además de MOGE, participan en la explotación de este yacimiento. En este contexto, Total Energies transfiere grandes cantidades de divisas, que benefician directa o indirectamente a MOGE, lo que incluye los ingresos relacionados con la explotación del gas, así como los impuestos y otros derechos.
Aunque en enero de 2022 Total Energies anunció su retirada de Birmania/Myanmar debido a la situación de los derechos humanos, este anuncio no se refiere a los flujos financieros a la junta. En el marco de su retirada, el desmantelamiento de los pozos de petróleo y gas supondría el pago de los impuestos y derechos correspondientes. Además, la transferencia de acciones e intereses en el contexto de la terminación de los contratos puede aportar recursos financieros directa o indirectamente a MOGE.
Durante el período de seis meses anterior a la salida física de las dos empresas, si no se aplican las sanciones, se estima que se podrían transferir otros 250 millones de dólares del consorcio a los militares.
Las sanciones de la Unión Europea únicamente se aplican a la ciudadanía y las entidades de la Unión o a las personas y entidades que se encuentren en su territorio. Por lo tanto, sancionar a MOGE, una entidad birmana, solo puede ser eficaz cuando se refiere a sus relaciones con entidades de la Unión Europea.