Unión Europea debe presionar al gobierno para que aborde las actuales violaciones de DDHH

14/06/2021
Comunicado
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(Bruselas, París) — La Unión Europea (UE) debe plantear al Gobierno de Laos su preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en el país y debe presionarlo para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, han declarado hoy la FIDH y su organización miembro, el Movimiento Lao por los Derechos Humanos (LMHR). Estas dos organizaciones realizan este llamado antes del 10.º Diálogo UE-Laos sobre Derechos Humanos, que se celebrará a distancia el 16 de junio de 2021.

“No se ha producido ninguna mejora de la situación de los derechos humanos en Laos durante los dos años transcurridos desde el último diálogo sobre la materia mantenido con la UE. Es hora de que la UE exija a Vientián acciones y resultados concretos, no solo palabras.”

Adilur Rahman Khan, secretario general de la FIDH.

Junto con su llamamiento, ambas organizaciones publicaron un documento informativo con un resumen de la situación de los derechos humanos en Laos desde enero de 2020 a mayo de 2021. Este documento informativo aborda las principales violaciones de los derechos humanos en las siguientes cuestiones: 1) personas encarceladas por motivos políticos; 2) falta de cooperación con los mecanismos de la ONU; 3) elecciones legislativas injustas; 4) restricciones del derecho a la libertad de opinión y expresión; 5) violaciones del derecho a la libertad de religión o creencia; 6) el impacto de los proyectos de infraestructura e inversión en los derechos humanos.

“Durante la pandemia de COVID-19, las violaciones de los derechos humanos han continuado sin cesar y las autoridades de Laos a menudo se han escudado en la pandemia para justificar el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. La UE no debe aceptar estas excusas y debe instar al Gobierno a que aborde estas cuestiones de derechos humanos, que existen desde hace tiempo y que no tienen nada que ver con la COVID-19.”

Vanida Thephsouvanh, presidenta del LMHR.

Las autoridades han seguido restringiendo la libertad de expresión, especialmente en internet. Quienes critican abiertamente al Gobierno o que exponen casos de corrupción siguen siendo objeto de arrestos, detenciones o intimidación.

Al menos cuatro personas continúan encarceladas por haber ejercido su derecho a la libertad de opinión y de expresión. Se trata de Somphone Phimmasone, Soukan Chaithad, Lodkham Thammavong y Houayheuang Xayabouly, conocido como Mouay, que cumplen condenas de 20, 16, 12 y 5 años, respectivamente.

El acoso y la discriminación contra las minorías religiosas persiste en algunas partes del país. Las autoridades persiguen especialmente a la comunidad cristiana de Laos, que sufre violencia, persecución y discriminación.
Los proyectos de infraestructura e inversión han seguido afectando negativamente a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas y las comunidades afectadas. Entre esos proyectos se encuentra el ferrocarril Vientián-Boten, apoyado por China, y muchas presas que están en construcción o que ya se han terminado.

En este contexto, el Gobierno de Laos celebró elecciones legislativas el 21 de febrero de 2021. Al igual que en elecciones anteriores, se ha tratado de un proceso muy controlado y sin una verdadera competencia en el que no se ha garantizado la libre expresión de la voluntad del electorado.

El Gobierno también manifestó su negativa a abordar cuestiones claves de derechos humanos en el marco de varios mecanismos de supervisión de los derechos humanos de la ONU, al no atender las preocupaciones manifestadas por varios procedimientos especiales de la ONU e ignorar sus obligaciones en materia de presentación de informes, a las que está sujeto en virtud de varios tratados sobre derechos humanos de los que Laos es un Estado parte. Además, durante el tercer Examen Periódico Universal (EPU) de Laos, el Gobierno se negó a aceptar las principales recomendaciones recibidas en enero de 2020, entre las que se incluyen recomendaciones sobre las desapariciones forzadas, la abolición de la pena de muerte, el derecho a la libertad de expresión, el establecimiento de una Institución Nacional sobre los Derechos Humanos y la cooperación con la ONU.

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