Laos: El incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en el marco del EPU exige más presión internacional

19/01/2015
Comunicado
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París, 19 de enero de 2015: El claro e innegable incumplimiento por parte del Gobierno de Laos de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos hace necesaria una mayor presión política por parte de la comunidad internacional, según afirmaron hoy la FIDH y su organización miembro, el Movimiento Lao en favor de los Derechos Humanos (LMHR). Las dos organizaciones hicieron un llamamiento previo al Examen Periódico Universal (EPU) de Laos, que tendrá lugar el 20 de enero en Ginebra.

“Destinar cantidades cada vez más importantes de ayuda a Laos sin que se mencionen las graves violaciones de los derechos humanos que están teniendo lugar en el país, simplemente no funciona,” dijo el presidente de la FIDH Karim Lahidji. “Ya va siendo hora de que la comunidad internacional ejerza una presión política verdadera sobre el Gobierno, para que solucione las cuestiones relativas a los derechos humanos y emprenda verdaderas reformas legislativas e institucionales.”

Laos aceptó 71 de las 107 recomendaciones realizadas por otros países con ocasión de su primer EPU, en mayo de 2010. A pesar de haberse comprometido a ratificar o a adherirse a cinco instrumentos internacionales claves en materia de derechos humanos, Laos ha pasado a ser Estado parte de tan solo uno de ellos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Tres años después de haber firmado la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas de las Desapariciones Forzadas, Laos todavía no la ha ratificado. Además, el Gobierno en la mayoría de los casos no ha investigado de forma adecuada las desapariciones forzadas, como muestra la falta de investigación en el caso de la desaparición del importante líder de la sociedad civil y defensor de los derechos humanos Sombath Somphone, ocurrida el 15 de diciembre de 2012 en Vientiane.

Laos prometió asimismo que cooperaría con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y, sin embargo, en los últimos cinco años el Gobierno no emitido ninguna invitación permanente para la realización de misiones en Laos y tampoco ha permitido ninguna visita oficial al país por parte de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas. Además, hay más de cinco informes atrasados, uno de ellos con un retraso de casi seis años, que debían haberse presentado a los órganos principales de los tratados de las Naciones Unidas.

La situación contrasta llamativamente con las promesas de avanzar en materia de lucha contra el tráfico de personas y de disfrute de los derechos de libertad de expresión, libertad de expresión y libertad de religión, ya que los principales indicadores muestran una falta de mejora en estos ámbitos.

Tras situar a Laos en el "Grupo 2" durante tres años consecutivos, en 2014 el Departamento de Estado de los Estados Unidos rebajó al país a la clasificación de "Grupo 2 de la Lista de Observación" (el segundo nivel más bajo), debido a la falta de cumplimiento del Gobierno con las normas mínimas relativas a la erradicación del tráfico de personas.

Laos ocupa el lugar 168 de un total de 178 países analizados por Reporteros sin Fronteras (RSF) en su índice de libertad de prensa 2010. En el índice de 2014 se situó en el lugar 171 de un total de 180 países.

Freedom House ha clasificado sistemáticamente a Laos como un país "sin libertad" en su informe anual sobre derechos políticos y libertades civiles. Las leyes recientemente promulgadas vienen a sumarse a un cuerpo legal represivo que limita gravemente pleno disfrute de los derechos civiles y políticos de las personas. El decreto 327, aprobado el 16 de septiembre de 2014, incluye disposiciones de una formulación excesivamente amplia e imprecisa que criminalizan de forma efectiva cualquier forma de crítica en la red dirigida contra el Gobierno y quebrantan las normas internacionales en materia de derecho a libertad de expresión. Además, la desaparición de Sombath ha tenido un efecto amedrentador sobre la sociedad civil del país. Las organizaciones locales se muestran reticentes a pronunciarse contra las violaciones de los derechos humanos y a llevar a cabo actividades para la protección y la promoción de los derechos humanos porque temen ser objeto de represalias por parte de las autoridades.

La Comisión Parlamentaria de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) ha colocado a Laos en su lista de observación (Grado 2) desde 2009. En su informe anual de 2014, la USCIRF indicó que continúan los abusos graves contra la libertad de religión, especialmente en las zonas de minorías étnicas, y que siguen vigentes leyes restrictivas.

En lo que se refiere a los derechos sobre la tierra, en su propuesta conjunta para el EPU la FIDH y el LMHR proporcionaron información detallada sobre las graves y profundas consecuencias que el arrendamiento y las concesiones de tierras otorgadas por el Estado en los últimos años tienen para los derechos humanos. Ambas organizaciones han documentado asimismo la represión ejercida por el Gobierno sobre los defensores y defensoras de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que trabajan con comunidades afectadas por las concesiones de tierra y que promueven una forma de desarrollo socioeconómico más sostenible e inclusivo.

“El Gobierno de Laos afirmó que el EPU era el único proceso legítimo para abordar las situaciones relativas a los derechos humanos a escala internacional,” declara Vanida Thepsouvanh presidenta del LMHR. "Por desgracia el Gobierno ha ignorado virtualmente la mayoría de las recomendaciones que aceptó con motivo del primer EPU hace casi cinco años."

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