"El hecho de que Japón siga aplicando la pena de muerte y que las condiciones de detención incumplan las normas internacionales contrasta profundamente con su imagen de nación democrática moderna y desarrollada. La pena capital y las condiciones de detención deben ser el tema central del examen periódico de Japón sobre derechos civiles y políticos".
El 24 de julio de 2017, la FIDH y el CPR presentaron un informe conjunto al Comité de Derechos Humanos de la ONU (CCPR) en favor de la adopción de la "Lista de Cuestiones Previas a la Presentación de los Informes" en el marco del examen periódico de Japón, de conformidad con el procedimiento simplificado de presentación de informes. El CCPR supervisa el cumplimiento por los Estados partes de sus obligaciones legales establecidas en virtud del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
En su presentación conjunta, la FIDH y el CPR expresaron una serie de preocupaciones relativas a las condiciones de detención, como el creciente número de personas encarceladas sometidas a régimen de aislamiento durante mucho tiempo (es decir, durante más de 10 años), que ha pasado de 21 reclusos en 2012 a 32 en 2016. Además, las personas encarceladas sentenciadas a cadena perpetua tienen muy pocas posibilidades de ser puestos en libertad condicional. Entre 2013 y 2015, solamente 17 personas encarceladas condenadas a cadena perpetua obtuvieron la libertad condicional. En ese mismo periodo, 36 personas encarceladas que cumplían cadena perpetua fallecieron en la cárcel, más del doble de quienes obtuvieron la libertad condicional.
La atención sanitaria en las cárceles sigue siendo inadecuada y el personal sanitario insuficiente, con uno de cada cinco puestos asignados no cubierto. Las personas encarceladas en espera de juicio encuentran a menudo dificultades para recibir el tratamiento médico adecuado como resultado del sistema daiyo kangoku (cárceles de reemplazo), que permite la utilización de calabozos policiales como alternativa a los centros de reclusión dependientes del Ministerio de Justicia. Cuando se traslada a las personas detenidas de las comisarías de policía a los centros de detención, se les exige tirar todos los medicamentos prescritos durante su estancia en dependencias policiales, lo que impide que los presos continúen su tratamiento médico durante los días que siguen a su traslado.
En lo que respecta a la pena de muerte, la FIDH y el CPR lamentan que el Gobierno japonés no haya realizado ningún avance dirigido a reducir el número los delitos capitales (la pena de muerte se aplica a 19 tipos de delito) ni para introducir la revisión judicial obligatoria de las sentencias de muerte en tribunales de apelación. Las reformas en estas dos áreas son aún más urgentes desde que se aprobó la ley del sistema de jueces legos, que ha conducido a un aumento de condenas y sentencias a pena de muerte en los juicios sobre delitos capitales en relación a la estructura judicial anterior.
La FIDH y el CPR también muestran su preocupación por que las autoridades japonesas mantienen su negativa a notificar con un plazo razonable de tiempo la fecha y la hora de programación de las ejecuciones. La FIDH y el CPR reiteran su petición al Gobierno para que establezca una moratoria inmediata de todas las ejecuciones y tome las medidas oportunas para revisar públicamente el actual método de ejecución.
"Las Naciones Unidas han censurado repetidamente a Japón por las deficientes condiciones de detención y por su utilización de la pena capital. El Gobierno de Japón tiene una oportunidad única para mostrar que asume con seriedad sus obligaciones en materia de derechos humanos internacionales mediante la puesta en práctica de las recomendaciones antes del examen periódico de la ONU".