La expropiación de 27 familias de agricultores bahaís que tuvo lugar el 13 de octubre de 2020 en la aldea de Ivel, que depende administrativamente de la ciudad de Sari, podría haber sido una de las consecuencias inmediatas de esta reunión.
Según el acta de la reunión, la Comisión sobre Etnias, Sectas y Religiones de Sari, a la que asistieron representantes de 19 organizaciones gubernamentales de seguridad e inteligencia, tenía como objetivo “revisar la situación más reciente de los derviches y de la secta subversiva bahaí”.
La reunión concluyó con un acuerdo para “controlar rigurosamente los movimientos de la secta subversiva bahaí y los derviches” y para “adoptar un plan detallado en lo relativo a las instituciones culturales y educativas”.
Asimismo, se tomó la decisión de controlar todas las actividades de la comunidad bahaí y se ordenaron a las autoridades educativas “identificar y supervisar” al alumnado bahaí, y "reconvertirlo" al islam.
“Estas medidas reflejan la creciente persecución del gobierno iraní contra las personas que profesan la religión bahaí. Contraviniendo las obligaciones jurídicas internacionales de Irán, las autoridades los consideran que son herejes, prohíben su religión y califican la práctica del bahaísmo como un acto subversivo,” afirmó el presidente de la LDDHI y presidente honorario de la FIDH, Karim Lahidji.
La LDDHI y la FIDH hacen un llamado a la comunidad internacional para que inste a las autoridades iranís, en reuniones bilaterales y multilaterales, a respetar el derecho a la libertad de religión o creencias en Irán, de acuerdo con las obligaciones legales establecidas en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), del que Irán es Estado parte.
Antecedentes
La Constitución iraní no reconoce el bahaísmo. Tras la Revolución Islámica de 1979, se ejecutó a más de 200 fieles bahaís y se asesinó a otras personas de esta fe. Sus fieles son objeto de persecución y de detenciones, a menudo se enfrentan a acoso judicial y persecuciones injustas, y, en ocasiones, son víctimas de ejecuciones extrajudiciales [1], debido a su religión.
Las personas que profesan el bahaísmo se ven privadas de educación superior y se las persigue en las escuelas. Se les prohíbe buscar empleo en el sector público y sus empresas privadas se ven sometidas a presiones judiciales injustas y a brutales cierres administrativos. Además, las empresas privadas que emplean a personal bahaí se enfrentan a una gran presión de las autoridades.
[1] Ver el informe conjunto de la LDDH y la FIDH No one is spared - The widespread use of the death penalty in Iran [Nadie se salva - El uso generalizado de la pena de muerte en Irán], pág. 34.
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