El Gobierno debe respetar los derechos y actuar con moderación ante las protestas en todo el país

03/01/2018
Comunicado
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París, 3 de enero de 2018: El Gobierno iraní debe poner en libertad, inmediatamente y sin condiciones a todas las personas detenidas en relación a las recientes protestas que se han producido en todo el país y debe iniciar investigaciones independientes e imparciales sobre todas las muertes que han tenido lugar durante las manifestaciones, afirmaron hoy la FIDH y su organización miembro la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos de Irán (LDDHI).

“En lugar de atender las legítimas reivindicaciones de estas personas, el Gobierno iraní, una vez más, ha optado por responder con mano dura a las protestas en las calles. La comunidad internacional debería pedir que la respuesta del Gobierno iraní respete las normas internacionales y cumpla con las obligaciones adquiridas en virtud de los tratados de derechos humanos de los que Irán es un Estado parte,”

afirmó el presidente honorario de la FIDH y presidente de la LDDHI Karim Lahidji.

Desde el 28 de diciembre de 2017, miles de ciudadanas y ciudadanos israelís han tomado las calles de la capital, Teherán, y de más de otras cincuenta ciudades en todo el país para protestar contra la mala gestión económica, la corrupción y la supresión de libertades por parte del Gobierno.

Las protestas comenzaron inicialmente con demandas relativas a la subida de los precios de los alimentos y los productos básicos, la corrupción estatal generalizada y la elevada tasa de desempleo. Rápidamente las manifestaciones empezaron a pedir mayor libertad política, la liberación de los presos políticos y la rendición de cuentas respecto a la prolongada represión. Los manifestantes expresaron sus críticas hacia todas las facciones políticas gobernantes, el poder judicial y el resto del aparato represor y pidieron expresamente la dimisión del líder supremo, el ayatolá Jamenei. En algunas ciudades, los manifestantes retiraron imágenes del ayatolá Jamenei, así como del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholah Jomeini.

Se teme que decenas de personas hayan sido asesinadas en conexión a las protestas. Aunque las fuentes oficiales han reconocido 21 muertes, entre ellas las de dos agentes de seguridad y dos niños, uno de ellos de tan solo 11 años, probablemente el número real de muertos sea mayor y, además, hay varios cientos de personas heridas. Según las cifras oficiales comunicadas por el Gobierno, más de 1 000 personas han sido detenidas, unas 500 únicamente en Teherán. La gran mayoría de las personas detenidas en relación a las protestas tienen menos de 25 años. Se teme que la cifra real de detenidos sea significativamente superior.

Según la práctica sistemática del Gobierno iraní y las amenazas lanzadas por varios de sus funcionarios de alto rango, varios manifestantes podrían enfrentarse a la pena de muerte. La FIDH y la LDDHI instan a la comunidad internacional, y en especial a las Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Europea, a mantenerse alerta ante estas amenazas.

En muchos casos, se ha observado un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de los grupos controlados por el Gobierno, como la fuerza paramilitar Basij (“Movilización”), que operan controlados por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Al parecer, varios miembros de la Bajsi se vieron implicados en la destrucción de bienes y en ataques incendiarios en diversas ciudades, con el fin de provocar una situación que justificase la dura represión de las protestas. Las autoridades iranís también han bloqueado los medios de comunicación sociales, en especial las aplicaciones de mensajería Telegram e Instagram, y censuraron los medios nacionales de titularidad privada.

La FIDH y la LDDHI instan al Gobierno iraní a garantizar que los agentes del orden y otros agentes estatales actúen de conformidad con las normas internacionales como los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. [1]

Las dos organizaciones piden asimismo al Gobierno iraní que garantice el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la libertad de reunión y el derecho a la libertad de asociación, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Irán es un Estado parte. Instan también al Gobierno iraní a que permitan el acceso al país al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán y a otros procedimientos especiales de las Naciones Unidas.

Las autoridades deben poner en libertad, inmediatamente y sin condiciones a todos los demás presos de conciencia.

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