"El visto bueno del presidente Widodo para que se lleven a cabo más ejecuciones a pesar de los masivos llamamientos internacionales pidiendo clemencia es una mancha vergonzosa en su historial político," afirmó el presidente de la FIDH, Karim Lahidji. "Debe poner fin de forma inmediata a esta práctica salvaje y velar por que Indonesia cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos."
En los próximos días está prevista la ejecución por fusilamiento de diez personas en la prisión de Nusakambangan, situada en la región central de Java. Sus nombres son los siguientes: Rodrigo Gularte (Brasil), Serge Atlaoui (Francia), Okwudili Oyatanze (Nigeria), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Sylvester Obiekwe (Nigeria), Martin Anderson (Ghana), Mary Jane Veloso (Filipinas), Andrew Chan (Australia), Myuran Sukumaran (Australia) y Zainal Abidin (Indonesia). El pasado 23 de abril, la Fiscalía General dio instrucciones a las autoridades para que preparasen las ejecuciones, después de que muchas de estas diez personas fracasaran repetidamente en su intento por lograr una revisión judicial de sus casos.
"La dura postura del presidente Widodo sobre la pena de muerte para las personas condenadas por tráfico de drogas es una estrategia vergonzosa para mejorar su cada vez menor nivel de aceptación," afirmó el director ejecutivo de KontraS, Haris Azhar. "Ha llegado el momento de que el presidente Widodo escuche los repetidos llamamientos de la comunidad internacional para que termine con las ejecuciones."
En vez de establecer una moratoria de las ejecuciones el presidente Widodo ha rechazado en repetidas ocasiones la posibilidad de amnistiar a los traficantes de droga en espera de ejecución. A principios de diciembre de 2014, el presidente Widodo se negó a conceder clemencia a estos seis reclusos, entre los que había dos mujeres, que habían sido declarados culpables de tráfico de drogas. El 18 de enero de 2015 las seis personas fueron ejecutadas por fusilamiento en la prisión de Nusakambangan.
Irónicamente, en un acto que pone de manifiesto la doble moral del Gobierno indonesio en relación a la pena capital, la administración del presidente Widodo protestó por la ejecución de dos mujeres indonesias en Arabia Saudita, el pasado 14 y 16 de abril de 2015.
El 2 de abril de 2015, el Comité de Derechos Humanos (CDH) había rebajado la calificación de Indonesia a una E, en una escala de A a E, por no responder a su llamamiento de agosto de 2013, en el que le instaba a dejar de ejecutar presos por delitos relacionados con el narcotráfico. El CDH supervisa la aplicación por parte de los estados parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La clasificación E indica que Indonesia tomó medidas contrarias a las recomendaciones del CDH en relación a la pena de muerte. El CDH ha insistido en repetidas ocasiones que aplicar la pena capital a delitos relacionados con el narcotráfico vulnera claramente el artículo 6 del PIDCP sobre el derecho a la vida.
La FIDH KontraS, ambos miembros de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, reiteran su firme oposición a la pena de muerte para todo tipo de delitos y en cualquier circunstancia. Nuestra organización insiste en que no existen pruebas concluyentes del valor disuasorio de la pena de muerte en los casos de delitos por narcotráfico.