"La población de Jammu y Cachemira lleva tiempo sufriendo la violación de sus derechos fundamentales. La mano dura que aplica Delhi en cuestión de orden público en el estado de Jammu y Cachemira se debe revertir de inmediato y todas sus políticas y acciones deben respetar las obligaciones en materia de derechos humanos adquiridas por la India en virtud del derecho internacional".
Desde la madrugada del 4 de agosto de 2019, el Ejército de la India ha desplegado 10.000 efectivos adicionales en Jammu y Cachemira y las autoridades han cerrado casi por completo las comunicaciones por Internet y por teléfono móvil. Además, varios dirigentes políticos del Estado han sido puestos bajo arresto domiciliario, las instituciones educativas se han cerrado hasta nuevo aviso y se ha impuesto una prohibición general de celebrar reuniones y mítines públicos. Estas medidas parecen estar relacionadas con la iniciativa del gobierno indio de derogar los artículos 370 y 35A de la Constitución india, que confieren un estatuto especial al Estado de Jammu y Cachemira. El 5 de agosto de 2019, la Rajya Sabha (Cámara Alta del Parlamento de la India) aprobó la moción del gobierno para derogar estos dos artículos de la Constitución.
"Este aumento de la militarización del Estado de Jammu y Cachemira representa una amenaza para la población civil local, que ha sido sistemáticamente objeto de represión por parte de las fuerzas de seguridad indias. Delhi debe levantar inmediatamente el cierre general de Internet, que podría servir para encubrir posibles violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el Estado".
La FIDH y People’s Watch están preocupadas por los informes que indican que varios dirigentes políticos de Jammu y Cachemira fueron puestos bajo arresto domiciliario la noche del 4 al 5 de agosto de 2019, entre ellos los ex ministros Mehbooba Mufti y Omar Abdullah.
"No existe absolutamente ninguna justificación para la privación preventiva y arbitraria de libertad de los líderes políticos de Jammu y Cachemira. El gobierno de la India debe liberar inmediatamente a todas las personas que han sido detenidas en los últimos días y restablecer las redes de comunicación sin demora".
Las violaciones de los derechos humanos en el Estado de Jammu y Cachemira, administrado por la India, han ido en aumento en los últimos decenios y van desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura hasta los frecuentes arrestos y detenciones arbitrarios cometidos en virtud de leyes represivas. El gobierno restringe regularmente los derechos a la libertad de opinión y de expresión, incluso mediante la censura, la vigilancia, la prohibición de los medios sociales y el cierre de las telecomunicaciones.
Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicado en julio de 2019, tan solo en los primeros cuatro meses de 2019 se produjeron no menos de 25 paros de Internet en Jammu y Cachemira.
La India es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación.