Camboya: eliminar el Portal Nacional de Internet contrario a los derechos humanos

16 de mayo de 2022 Las 32 organizaciones de derechos humanos firmantes, hacemos un llamamiento a las autoridades camboyanas para que revoquen el subdecreto sobre el establecimiento del Portal Nacional de Internet. Desde la aprobación del subdecreto el 16 de febrero de 2021, el gobierno aún no ha abordado las graves preocupaciones en materia de derechos humanos planteadas por grupos de la sociedad civil y varias empresas tecnológicas. Al mismo tiempo, el gobierno no ha sido en absoluto transparente en lo que respecta a la infraestructura, la implementación, la financiación y las empresas, agencias y organizaciones que cooperan en el apoyo al Portal.

El subdecreto sobre el Portal abre el camino para el establecimiento de un portal digital que gestione todo el tráfico de Internet que entre y salga de Camboya. Las disposiciones del subdecreto permiten a los operadores del Portal designados por el gobierno bloquear o desconectar cualquier conexión en línea (artículo 6), retener los datos de tráfico durante un año y proporcionar informaciones de otro tipo sobre la red que soliciten las autoridades (artículo 14), así como emitir sanciones excesivamente amplias contra los operadores de telecomunicaciones que no cumplan estas normas (artículo 16).

El subdecreto establece que la finalidad del Portal es facilitar y gestionar las conexiones a Internet para mejorar la recaudación de ingresos, proteger la seguridad nacional y –en términos excesivamente amplios, ambiguos y propicios a un mal uso– "preservar el orden social, la cultura y la tradición nacional" (artículo 1).

Aunque todavía se desconoce su infraestructura técnica exacta y su modo de funcionamiento, no cabe duda de que el verdadero objetivo del Portal es permitir al gobierno camboyano acabar con lo que queda de libertad de Internet en el país.

En abril de 2021, tres personas expertas independientes nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU manifestaron su preocupación por el hecho de que el subdecreto plantea riesgos para las libertades individuales fundamentales, concretamente las libertades de expresión y opinión y el derecho a la intimidad, y puede exponer la información personal sin su consentimiento, lo que contravendría tanto los instrumentos internacionales de derechos humanos y como la legislación camboyana. Reiteraron este llamamiento al gobierno el 1 de febrero de 2022, al tiempo que advertían que el Portal causaría un grave impacto negativo en la libertad de Internet, las personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil del país, reduciendo aún más el ya restringido espacio cívico de Camboya.

Camboya es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El artículo 17 del PIDCP protege el derecho de toda persona contra la injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada. El artículo 19 del PIDCP protege el derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye la "libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Toda medida del Estado que interfiera con estos derechos debe estar prevista en la legislación, no ser discriminatoria y ser estrictamente necesaria y proporcionada para proteger los derechos de las demás personas, la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

El gobierno ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier inquietud en materia de derechos humanos sobre el Portal. El gobierno también se ha negado a explicar de qué modo las restricciones del Portal a la libertad de expresión y al acceso a la información son necesarias para lograr alguno de sus objetivos legítimos, y no ha abordado la falta de proporcionalidad de las medidas. En su lugar, el portal de Internet se dispone a restringir estos derechos de manera excesivamente amplia, sin límites aparentes. Como han señalado las personas expertas de la ONU, representantes de las empresas tecnológicas y personas defensoras de los derechos humanos, el subdecreto no proporciona garantías de procedimiento, supervisión independiente ni protección de los datos y la privacidad.

Existe la grave preocupación de que el portal potencie la capacidad de censura del gobierno, permitiéndole aumentar el bloqueo de sitios web. Además, es probable que el portal tenga un efecto disuasorio en las comunicaciones en línea y genere autocensura entre las voces críticas y los medios de comunicación independientes que temen un aumento de la vigilancia, el acoso y las represalias.

Este subdecreto plantea riesgos para la protección y la privacidad de los datos, al exigir a los operadores de portales gubernamentales que conserven y compartan los metadatos. Ante la inexistencia de una ley de protección de datos en Camboya que proteja a las personas usuarias de Internet del uso indebido de su información y proporcione algún tipo de seguridad sobre dónde se conserva, por cuánto tiempo y quién tiene acceso a la misma, el portal facilitará la capacidad de las autoridades para identificar las actividades y hábitos de las personas usuarias de Internet, arriesgándose en última instancia a que se las identifique. La retención de datos sin una protección suficiente de la seguridad de los mismos aumentará los riesgos para la seguridad de los datos debido a interferencias de terceros o de piratas informáticos. Centralizar el tráfico y los datos de Internet en el Portal genera asimismo vulnerabilidad ante actos maliciosos y no contribuye a garantizar que los proveedores de servicios cuentan con capacidad para abordar adecuadamente el consiguiente aumento de las necesidades en materia de seguridad de los datos.

En un comunicado de prensa emitido el 15 de febrero de 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya afirmó que había realizado un amplio estudio sobre los modelos de infraestructura de diferentes países del mundo y comprobó que la mayoría de ellos cuentan con este tipo de portales de Internet. No se ha facilitado ninguna información que respalde estas afirmaciones tan rotundas, como los modelos de infraestructura que las autoridades han tenido en cuenta, sus ventajas e inconvenientes y si el estudio se ha realizado dentro del respecto de las obligaciones de Camboya en materia de derechos humanos en virtud de diversos tratados internacionales de derechos humanos.

En Camboya, el apresurado proceso de adopción del subdecreto por el que se establece el Portal estuvo caracterizado por una gran falta de transparencia. Las autoridades no celebraron ninguna consulta, y en ningún caso una consulta amplia e inclusiva, y no invitaron a participar a personas expertas, grupos de la sociedad civil, actores privados, grupos empresariales y otras partes interesadas antes de la adopción del subdecreto. El Portal parece diseñado para funcionar como una herramienta autoritaria que facilitará el esfuerzo del gobierno para restringir la libertad de expresión y asociación, así como la privacidad tanto en línea como fuera de ella, y los ataques contra la expresión en línea de los miembros de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y la oposición política.

El 15 de febrero de 2022, el gobierno informó de un retraso en la implementación del Portal, que debía comenzar al día siguiente. No se ha fijado una nueva fecha para su implantación. Un portavoz del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones declaró al medio de comunicación Nikkei Asia el 15 de febrero que el retraso se debía a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, otro portavoz del ministerio informó al medio de comunicación VOD que el retraso se debía a diversas dificultades técnicas para implantar el Portal y afirmó que era necesario una preparación para instalar y pedir equipos para el funcionamiento del Portal, además de conceder licencias a aquellas empresas que el gobierno entienda que están capacitadas para crearlo.

El portal de Internet de Camboya supone un gran riesgo de restringir el libre flujo de información entre Camboya y el resto del mundo, al tiempo que establece un sistema que implantará una amplia red de vigilancia en todo el país. Los gobiernos extranjeros, las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de Internet, los grupos empresariales, las agencias de la ONU y otras partes interesadas deben unirse para tratar de detener este intento generalizado de control de la información.

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