El informe, titulado "Fuera de control – Crisis de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Bangladesh" (en inglés), revela un Estado de Derecho debilitado, que se caracteriza por un poder judicial sin independencia respecto al poder ejecutivo, una censura generalizada de la prensa, la represión de las voces críticas y graves restricciones a la libertad de reunión y de asociación.
Este informe se basa en datos recopilados a partir de varias entrevistas en línea a 20 personas –entre ellas profesionales de la abogacía, periodistas, representantes de ONG, de los diferentes cuerpos diplomáticos y personal de la ONU– y expone las políticas de Daca, que han socavado el Estado de derecho hasta el punto de llegar a esta crisis.
"Aunque el gobierno ha afirmado que tiene una política de ’tolerancia cero’ con respecto a las violaciones de los derechos humanos, que contribuyen en gran medida al deterioro del Estado de derecho en Bangladesh, la rendición de cuentas por estos abusos es prácticamente inexistente. La falta de voluntad política para responsabilizar a los autores de las violaciones de los derechos humanos y la negación de la repetida comisión de dichas violaciones son indicativas de la complicidad del gobierno o, como mínimo, de su aquiescencia con estos abusos."
En Bangladesh, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, en concreto la policía y el Batallón de Acción Rápida, han cometido a menudo graves violaciones de los derechos humanos. Entre las violaciones se han producido ejecuciones extrajudiciales, 1134 de las cuales tuvieron lugar entre enero de 2018 y junio de 2021. También se ha utilizado de forma habitual la tortura como herramienta contra la oposición política, así como contra la ciudadanía de a pie. Otros abusos cometidos por las autoridades son las desapariciones forzadas, que la FIDH argumentó que constituían un crimen de lesa humanidad en un informe publicado en 2019.
En los últimos 15 años, el poder judicial del país no ha hecho justicia a las víctimas de los abusos contra los derechos humanos. Ante esta situación, la población ha perdido confianza en el sistema judicial y se ha tomado la justicia por su mano, como ilustran las 40 muertes relacionadas con ataques cometidos por grupos de gente que se registraron solo en 2020.
Además, se ha atacado sistemáticamente a la prensa por su desfavorable cobertura mediática del gobierno dirigido por la Liga Awami. Debido a esta implacable censura de los medios de comunicación y a la persecución de los/as periodistas, Bangladesh ocupa la última posición en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en el sur de Asia en 2021.
El ataque del gobierno a la libertad de expresión ha dejado poco o ningún espacio para que las personas puedan manifestar su desacuerdo. Se ha utilizado la draconiana Ley de Seguridad Digital para perseguir a quienes critican al gobierno en la web y en las plataformas de las redes sociales. Un simple "me gusta" o "compartir" una publicación de Facebook crítica con el primer ministro puede conducir a la detención de una persona.
La actividad política y de la sociedad civil están sometidas a un estricto control. El ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica se aborda con doble rasero, en función de la lealtad política de quienes la intenten ejercer. Por otra parte, se han aplicado leyes restrictivas para limitar los derechos a la libertad de expresión y de asociación de las ONG que operan en Bangladesh.
El informe concluye formulando recomendaciones para hacer frente a las prácticas problemáticas del gobierno que amenazan con erosionar aún más el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.